El gobierno nacional finalmente rescindió los contratos de concesión de cinco de los seis corredores viales que habían sido asignados en julio de 2018 bajo el régimen de participación público-privada (PPP). Desde el Ministerio de Obras Públicas comunicaron la rescisión “debido a que las empresas incumplieron sus obligaciones y solo ejecutaron, en promedio, el 2% del plan de obras”, y que estas “le iban a salir al Estado tres veces más”. La dureza de las críticas al macrismo, sin embargo, solo pretende ocultar la capitulación antes las empresas, y en especial ante la China Construction América (CCA) que mantiene el único contrato que sigue vigente.

El esquema PPP consistía en adjudicar obras para la construcción de casi de 2.300 kilómetros de autopistas en seis provincias a empresas que adelantaban la inversión y luego cobraban en bonos del Estado y con la concesión de los peajes por varios años. El total de obras representaba una inversión planificada de más de 6.000 millones de dólares, y fueron licitadas por el gobierno de Macri en plena corrida cambiaria -que llevaría poco después a una temprana revisión del programa del FMI. La modalidad era leonina porque implicaba un repago a tasas usurarias que derivaban en un altísimo costo financiero para los fondos públicos. Para los usuarios, significaba la dolarización de las tarifas.

Casi todos los contratos fueron ahora rescindidos de común acuerdo, luego de que el gobierno cediera a casi todos los reclamos de las concesionarias. A fines de septiembre se había pactado ya la baja de los dos contratos que estaban en manos de un consorcio liderado por el dueño de Aeropuertos 2000, Eurnekian. Luego, en los mismos términos concesivos, se cerraron al promediar noviembre otros dos acuerdos, y solo uno se llevó a cabo de forma unilateral.

La salida “consensuada” incluye la devolución de las garantías a las empresas, un adelanto inicial de más de dos millones de dólares y la apertura de una mesa de negociación por 60 días para aprobar el traspaso y resolver los reclamos que queden en pie, contemplando que si persisten diferencias para la rescisión final del contrato la concesionaria puede optar por llevar la disputa al tribunal internacional del Ciadi. Una defraudación de los intereses de la nación.

Para colmo, las empresas solo deberán responder por las remuneraciones e indemnizaciones adeudadas a su personal jerárquico, mientras que la firma estatal Corredores Viales se responsabiliza por el pago de las remuneraciones, indemnizaciones y demás deudas con los agentes y el resto de los empleados. Son más de 1.700 trabajadores que pasarían a la órbita de la empresas estatal, que por el momento se encuentran en el limbo.

Es que a pesar de haber quedado sin efecto los contratos hace 15 días, todavía no termina de tomar el control el Estado. Desde el 1 de diciembre que no se cobran peajes en las rutas en cuestión, lo que significa un lucro cesante de 250 millones de pesos por semana. Los inconvenientes subsistirían al menos una semana más hasta que entre en funcionamiento el mando de la empresa Corredores Viales.

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La única rescisión unilateral fue la del Corredor C, cuya concesión estaba en manos de la mendocina Cartellone. Esta patronal podría ahora forzar un entendimiento mediante el recurso a los tribunales. La contratista ya obtuvo durante las negociaciones un fallo favorable en primera instancia, cuando la Justicia Administrativa Federal ordenó al gobierno que restituya las garantías contractuales a la empresa y que no rescinda la concesión, pero los funcionarios apelaron y avanzaron en la anulación contractual.

Habrá que seguir de cerca la resolución de este conflicto, que incluso podría alentar a recurrir a la Justicia al resto de las concesionarias si no se satisfacen sus reclamos -o al menos será un instrumento de presión adicional sobre el gobierno. Una oferta sobre la mesa es favorecer a estas empresas en futuras licitaciones de obra pública. Hay que tomar nota que entre estos capitalistas se encuentran varios implicados en la Causa de Cuadernos y hasta en el Lava Jato brasileño, y dirigentes de la Cámara de la Construcción.

Distinto a todo esto es, sugestivamente, lo que se estaría acordando con la china CCA, que tiene adjudicado el Corredor B por la ruta 5 desde Luján hasta la capital pampeana de Santa Rosa. La multinacional asiática había ganado la licitación asociada a la argentina Green, la cual ahora se encuentra en concurso de acreedores. CCA presentó a última hora sus balances financieros y pretende mantener la concesión. El gobierno de Alberto Fernández, subordinado a la necesidad del ingreso de dólares para garantizar el repago de la deuda, otorgó una prórroga para definir la forma de mantener la relación contractual.

Esto último permite demostrar que no estamos ante una política estatista ni menos aún ante una cruzada nacionalista. En primer lugar el fracaso del esquema PPP era notorio a poco de andar, y de hecho tambaleó desde el principio la apertura de los sobres que se llevó a cabo en plena corrida cambiaria -más aún, ya había fracasado el modelo original con la quiebra del gigante británico Carillion.

Pero por sobre todas las cosas responde a las negociaciones con el FMI, a las cuales sirve la cancelación de un compromiso usurario de pago con bonos del Estado por hasta 10.000 millones de dólares, que podía derivar en un agujero financiero de magnitud que complicara el repago de toda la reestructuración de deuda externa. Por lo demás, el Presupuesto 2021 no contempla ninguna partida para la ejecución de las obras en las rutas.

En definitiva, estamos ante otro rescate de los acreedores de la “pesada herencia”, a costa de la población trabajadora del país. En su lugar, deberían abrirse los libros de todos estos negociados con la patria contratista, para dimensionar el desfalco contra la nación, y poner bajo control obrero y popular toda la planificación y ejecución de la obra pública.

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