La historia del puestero de la estancia de Benetton se derrumbó sin miramientos. El laboratorio determinó que el ADN tomado de la sangre hallada en su domicilio no corresponde a Santiago Maldonado.

 

Hasta el momento, los hechos constatados son los siguientes:

 

El 1 de agosto, 150 gendarmes desalojaron a 20 personas que cortaban la ruta 40. Éstas se refugiaron en el interior de la comunidad Cushamen, a la que se ingresa a través de una tranquera. Los gendarmes irrumpieron, dejando apostada una guardia que impidió el acceso a organismos de derechos humanos y medios que concurrieron enterados del operativo.

 

Para el gobierno, no hay pruebas contra Gendarmería, a pesar de que al menos dos testigos declararon ante la Procuvin –la procuraduría que recibe denuncias contra la violencia institucional– que a Maldonado se lo llevaron los gendarmes; de que un periodista –con nexos con los gendarmes– publicó, al día siguiente, información en el mismo sentido; y de que la Gendarmería retaceó información sobre los vehículos utilizados en el operativo y que, una vez que la entregó, estos habían sido lavados y no tenían faja de resguardo.

 

Por el contrario, lo que no encuentra asidero son las “hipótesis” alentadas por el gobierno. La familia aportó videos que refutan la versión que puso en duda la presencia de Maldonado en el corte de los mapuche. Falta conocer el resultado del peritaje de la llamada que logró contactar al celular de Santiago el día 4, pero se descartó que esa línea se hubiera activado en Chile (ver “Lo que dice y lo que calla el expediente”-Página/12, 4/9).

 

Esto es, poco más o menos, lo que consta en la causa judicial hasta el momento. Actualmente, la investigación se encuentra resguardada por el secreto de sumario.

 

Estos indicios fueron más que suficientes para que la fiscal solicitara la carátula de “desaparición forzada” y el juez así lo dispusiera. No es un dato menor. Implica una inversión de la carga de la prueba: es el Estado el que debe demostrar que Maldonado no pasó por sus manos. No tiene nada que ver con un “plan sistemático”, una burrada que Jorge Lanata propaló desde la radio y la televisión y de la cual se desdijo recién el sábado pasado, en su habitualmente miserable columna del diario Clarín.

 

El operativo de encubrimiento en marcha es comparable al que rodearon a los crímenes del 19 y 20 de diciembre de 2001, a los de Kosteki y Santillán, a la desaparición de Julio López y al asesinato de Mariano Ferreyra. Todos estos crímenes fueron cometidos por el Estado o vinculados a él, a través de nexos con su aparato represivo o con su burocracia.

 

El recorrido de esta experiencia de lucha contra la impunidad es el sustrato del masivo clamor popular por la aparición de Maldonado.

 

Abajo el encubrimiento. Aparición con vida y castigo a los culpables.