Mientras los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) siguen reclamando para la fábrica un plan de trabajo -que no hay- y rechazan la ley privatista para “reconvertir” la empresa estatal en una sociedad de Estado o sociedad anónima, el gobierno nacional anunció un Programa de Financiamiento Naval por un monto inicial de 10.000 millones de pesos. El programa de “reactivación de la industria naval” consiste en una combinación de subsidios y créditos para beneficiar a compradores y armadores navieros privados radicados en la Argentina. Desde los Fernández al gobernador Kicillof, el Frente de Todos apela al “voto subsidio” para ganar los favores de la burguesía. Está por verse cómo compatibilizan el grifo abierto con el ajuste fiscal de Martín Guzmán.

Créditos blandos

La línea de créditos blandos y a tasas fijas fue aplaudida por todas las cámaras patronales y los capitalistas del sector, y se financiará con aportes del Banco de la Nación Argentina y del Ministerio de Desarrollo productivo a través del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep). Implica un financiamiento de hasta el 75% del valor de la embarcación, con un plazo de devolución de 10 años y 18 meses de gracia, una tasa fija del 36% en los primeros tres años, y subsidios del 8% que crecen al 12% si el buque funciona con gas natural licuado (GNL).

Entre los más entusiastas por estas medidas se encuentra la Federación de la Industria Naval Argentina (Fina) que agrupa a los armadores privados y considera al Plan de Financiamiento como una continuidad -con mayores fondos para los préstamos- de la “experiencia piloto” realizada bajo el macrismo con los créditos del Banco de Inversión y Comercio Exterior (Bice). En enero del 2019 el gobierno de Mauricio Macri había anunciado un programa de financiamiento por $500 millones para la compra de buques pesqueros nacionales y un plazo de devolución de hasta cinco años con doce meses de gracia y tasas bonificadas.

Según Contessi, el empresario marplatense que dirige la Fina, los 10.000 millones de pesos anunciados permitirían construir veinte pesqueros y cinco remolcadores a gas natural licuado dejando para una “segunda etapa” los buques de mayor envergadura que “no están contemplados en este parte del Programa”. Los privados hincan el diente desde el principio. También el Centro de Patrones Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo saludó la “bandera propia” (financiamiento para la construcción de buques) que permitiría a las empresas locales competir en el negocio del flete internacional que mueve unos 3.000 millones de dólares por año. Para Daniel De Monte, presidente de Astillero Paraná Sur, el “nuevo instrumento financiero” ofrecerá un esquema de beneficios impositivos para ganar el mercado de traslado de cargas en la Hidrovía Paraná-Paraguay, utilizando las “bodegas argentinas”. Los capitalistas descuentan que la hidrovía seguirá en manos privadas.

Privatización

El Programa de Financiamiento cuenta con el visto bueno de los presidentes de Astillero Río Santiago y de Tandanor, abanderados de las “sociedades de Estado” para asociar a estos astilleros con los armadores y proveedores privados. Wasiejko declaró que el ARS está preparado para la producción de grandes buques y construcción de barcos de pesca langostineros “altamente valorados en el mercado externo”. Sin embargo los 10.000 millones de pesos en créditos no contemplan, como dijimos, a grandes embarcaciones, y son los astilleros privados, con la anuencia del gobierno, los que van por los negocios con la plata del estado. Estamos frente a un nuevo golpe al Astillero Río Santiago en beneficio de sus competidores..

Semanas atrás tanto Wasiejko, presidente del ARS, como su par Miguel Tundino de Tandanor firmaron un convenio de cooperación con Apymes para “promover la relación de los astilleros públicos con las pequeñas y medianas empresas como proveedoras”. La Sociedad Anónima que promueve Wasiejko va en esta misma dirección privatista y de subordinación al capital. Las burocracias sindicales kirchneristas y Kicillof se subieron rápidamente a este “programa de financiamiento” para los empresarios navieros como lo hicieron al “cambio de figura jurídica” para el ARS que cuenta con la media sanción votada por el Frente de Todos y Juntos en la Legislatura bonaerense.

Defender al astillero Río Santiago

El financiamiento a los privados y las sociedades de Estado son complementarios de la privatización y confirman el seguidismo de las direcciones burocráticas a la burguesía. El verdadero propósito de las “leyes navales”, que pregona la burocracia de ATE, es el subsidio a los privados mientras el Astillero Río Santiago sigue desfinanciado y boicoteada su capacidad productiva. Desde el 2015 los fondos para el ARS cayeron en unos 21 millones de dólares.

A la fecha sigue sin conocerse el proyecto de presupuesto provincial 2022 que Kicillof está negociando con Santilli y los legisladores e intendentes de Juntos, y que está auditado por el Comité de Bonistas de la usuraria y fraudulenta deuda externa, y por el propio FMI. El Partido Obrero denuncia a los “nacionales y populares” que ahogan presupuestariamente al Astillero Río Santiago y actúan como sponsors de los astilleros privados adonde se derivan trabajos y reparaciones. El relato de “los armadores radicados en la Argentina” -condición presente en el Programa de Financiamiento para acceder a los préstamos- da lugar a todo tipo de maniobras y trampas de los “locales” asociados al capital extranjero. Con la devaluación en puerta, los créditos son también una vía para la fuga de divisas.

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad y la agrupación Tribuna Estatal del Astillero denuncian el vaciamiento del Astillero Río Santiago y reclaman un inmediato aumento del presupuesto para defender un ARS 100% estatal, bajo la dirección de los trabajadores. No a las leyes privatistas. Ni Sociedad de Estado ni Sociedad Anónima. Plan estatal de construcciones navales y estatización de la Hidrovía y del negocio de fletes.