El magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 5 planteó recientemente la incompetencia del mismo en la causa por el asesinato de Jorge Fisher y Miguel Bufano en 1974, por considerar que no está acreditada la pertenencia de los asesinos a la organización Triple A.

Se trata del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, subrogante en el antiguo juzgado de Oyarbide.

Fischer y Bufano, militantes de Política Obrera (antecesora del Partido Obrero), fueron secuestrados el 13 de diciembre de 1974, a la salida de la fábrica Miluz, en la cual eran miembros de la Comisión Interna.  

Dos días después sus cadáveres aparecieron en Avellaneda, con las ropas cambiadas y envueltos en una bandera del ERP. Sus cuerpos fueron atravesados por más de 40 balas. Tenían 23 y 25 años.

Testimonios

Testigos de los hechos declararon que el secuestro fue efectuado por un grupo de personas que se identificaron como miembros de la Policía Federal;  mientras que el auto en que fueron  trasladados los militantes fue visto por última vez en el destacamento de la Policía Federal de Avenida del Tejar (actual Ricardo Balbín) y General Paz.

Los testimonios también dan cuenta de que el gerente de Recursos Humanos de Miluz, Alberto Abeigon, era amigo personal del comisario Alberto Villar, de la Policía Federal, y “le comentó sobre los problemas y sabotajes que había en la fábrica”. A su turno, el entregador habría sido un gerente recién ingresado a la fábrica, que fue quien citó a Fischer y Bufano al servicio médico de la empresa el día del secuestro, y que se esfumó de Miluz al poco tiempo del asesinato.

Esta situación lleva al juez a sostener que este crimen podría guardar vinculación con el Departamento Informaciones Policiales Antidemocráticas de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocido como “Coordinación Federal”, ya que en otros de los casos incluidos en la causa Triple A, habría intervenido presumible y únicamente personal de la última dependencia policial mencionada.

Sin embargo, como surge del propio expediente de la causa, el grupo operativo de la organización Triple A estaba dirigido por Carlos Villone, policía de la Federal, y compuesto por un importante número de agentes y ex agentes de esa fuerza.

La desvinculación del accionar de Coordinación Federal con el de la Triple A es una aseveración gratuita, ya que nada se ha hecho para investigar su relación operativa.

Apelación

Con las consideraciones desarrolladas, Giorgi argumenta que el asesinato de Fisher y Bufano debe investigarse en otro expediente que tramita el Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Daniel Rafecas; esto a pesar de que el objeto de investigación de este expediente temporalmente deja afuera este crimen (ya que investiga hechos que van desde el 29 de octubre de 1975 hasta el fin de la dictadura).

Los querellantes  Viviana Asrilant, viuda de Jorge Fischer, y el Partido Obrero, apelamos esta incompetencia por prematura, toda vez que no se ha acreditado que efectivamente el grupo de policías que intervino en el secuestro y homicidio fuera ajeno a la organización Triple A.

El modus operandi de este secuestro es coincidente con otros operativos de la Triple A acreditados como tales: los ejecutores se identificaban como miembros de la Policía Federal, y luego del secuestro, en un lapso de tiempo no mayor a 48 horas, los cadáveres eran descartados con múltiples heridas de armas de fuego. La presunción de la intervención directa de miembros de la Coordinación Federal no deja exento que el asesinato tuviera dirección directa de la triple A.

Esta pretensión de incompetencia procura limitar la participación de civiles vinculados a los crímenes (en especial la vinculación de la patronal y de la burocracia sindical); al tiempo que promete lanzar a la investigación a un limbo de competencias que termine garantizando la impunidad. El fondo de la cuestión por la cual todos los jueces intentan desprenderse de las causas judiciales que involucran a la Triple A es la responsabilidad política de Juan Domingo Perón en su organización y financiamiento.

El 1 de noviembre está fijada la audiencia en la Cámara de Apelaciones para resolver el destino de la investigación.