FMI: Duhalde y Lavagna «superan» a Menem y a Cavallo

Bastó que el gobierno difundiera lo firmado con el Fondo Monetario para que quedaran en el ridículo los elogios a Lavagna que lanzaron los «nacionales y populares» Kirchner, Rodríguez Saá, Moreau, Ibarra, Carrió, el banquero Carlos Heller y por supuesto las viudas peronistas y radicales que integran el Plan Fénix, «por haberse plantado ante el FMI».

Lo firmado con el FMI supera, en algunos puntos, las entregadas de Menem y De la Rúa-Cavallo ya que, por ejemplo, comienza a poner en marcha la liquidación y privatización de los bancos públicos. También se compromete a bajar 400.000 planes Jefes de Hogar, algo que Duhalde/Camaño ya empezaron a hacer, que pasan al control absoluto del Banco Mundial.

El acuerdo se firmó después que el gobierno modificó por decreto la Ley de Emergencia para lanzar el tarifazo y acordó que el FMI y el Banco Mundial pasen a controlar los aumentos de tarifas. Por la deuda del 13%, a los estatales y jubilados se les postergó un año más el pago de ese retroactivo con bonos (de 2007 a 2008).

Se refuerza el salvataje de la banca privada dándoles otros 17.000 millones de pesos (5.000 millones de dólares) que se agregan a los 9.000 millones de dólares que ya le dieron el año pasado en bonos, lo que significa incrementar la deuda pública. Los funcionarios del Banco Central van a tener inmunidad judicial para facilitar el salvataje y la reestructuración del sistema bancario, lo que asegura a la banca imperialista el mayor control y todo tipo de trapisondas.

Hay un compromiso de tener superávit fiscales crecientes y hacer un ajuste adicional a lo ya hecho de 3.000 millones de pesos para garantizar el pago de la deuda.

Menos reservas y más deuda

Para firmar esta entregada, Duhalde y Lavagna tuvieron que pagar los vencimientos atrasados con el FMI, Banco Mundial y BID –unos 2.500 millones de dólares– con las reservas y se comprometieron a pagar los próximos vencimientos de la misma manera. «El gobierno no acumulará atrasos en los pagos a acreedores bilaterales o multilaterales (FMI, BM, BID) durante el período del programa», dice la Carta de Intención. Pero esto, según el gobierno, no tendría importancia porque esos mismos bancos y el FMI lo compensarían devolviendo lo pagado con nuevos créditos de tal manera que las reservas volverían a su mismo nivel.

No es así. Primero, los nuevos créditos son inferiores a lo pagado y a lo que habrá que pagar. Esto significa que la caída de reservas de la semana pasada –bajaron de 10.500 a 8.200 millones de dólares– sólo se recuperará parcialmente. Segundo, en una alta proporción, los nuevos créditos se conceden a tasas usurarias. Por ejemplo, la renovación del FMI de vencimientos por 4.000 millones de dólares se da al 6,6% de interés anual, cuando la tasa internacional está por debajo del 4%. Tercero, la Argentina termina pagando préstamos que dieron esos organismos imperialistas durante el 2000 y 2001 (el famoso «blindaje») y que sirvieron para financiar la fuga de capitales que el propio FMI promovió.

La contrapartida de esto es que hay un aumento impresionante de la deuda pública. En enero de 2001, la deuda pública total –Nación más Provincias– era de 165.000 millones de pesos. En la Carta de Intención el Gobierno asegura que en junio de este año será de 650.000 millones de pesos. Representa un aumento del 294%, mayor a lo que aumentó el dólar (225%). Esto significa que, bajo Duhalde, en dólares, la deuda aumenta en 30.000 millones de dólares, lo que es récord histórico.

Este aumento de la deuda se debe, fundamentalmente, a los bonos dados a los bancos por unos 14.000 millones de dólares y a la indexación de esos mismos bonos.

Para asegurar el pago de los intereses de esa deuda, Duhalde y Lavagna se comprometieron a lograr un superávit fiscal del 2,5% del PBI o 13.300 millones de pesos. Para lograr esto habrá impuestazos, tarifazos, suba de precios y ajuste de gastos. Porque la clave para alcanzar ese superávit es una inflación alta que le permita al Gobierno recaudar más en pesos y seguir pagando lo mismo en jubilaciones y sueldos a los estatales. Por eso, la Carta de Intención asegura que «la inflación de los precios al consumidor correspondiente al período de 12 meses podría mantenerse dentro del 35% al finalizar el año». Esto significa una inflación casi similar a la del 2002, cuyo pivote serían las tarifas públicas. Una inflación del 35%, luego del 41% del año pasado, representa una suba de los precios al consumidor del 90% lo que asegura una caída del poder de compra de las jubilaciones y sueldos del 50%.

Se trata de un programa de guerra contra los trabajadores, los jubilados, los desocupados y el patrimonio público.