Agustín Santillán, preso wichí del régimen de Gildo Insfrán, ingresó en huelga de hambre en la celda de la alcaldía donde permanece detenido junto a dos de sus compañeros. Santillán realiza esta protesta en reclamo de su libertad y contra la orden de detención que se libró sobre 15 miembros más de su comunidad, entre ellos su esposa Gabriela Torres. Las detenciones forman parte de la política represiva del gobernador del Frente para la Victoria, que intenta acallar de este modo la protesta social.

 

Las órdenes de detención son parte de una causa armada por parte de los punteros del PJ contra la comunidad, acusando a los integrantes de la misma de un saqueo a los criollos –una incriminación que los familiares y vecinos han desmentido de plano.

 

Santillán, reconocido referente de la lucha de los originarios, fue golpeado y torturado por diez policías, según denunció su esposa.

 

"Estoy muy preocupada por la salud de mi marido -dice Gabriela Torres a Prensa Obrera-. El abogado nos informó que está en huelga de hambre. Yo no puedo ir a verlo porque quedaría también detenida. Tenemos un hijo y no puedo estar yo también presa".

 

-¿A qué atribuye las órdenes de detención?

 

-Nos persiguen por los reclamos que hacemos por las inundaciones, por salud, por educación. Desde el viernes yo también tengo orden de captura.

 

Gabriela Torres describe en una grabación la situación de persecución a la que se ve sometida y la prisión de su marido, a quien no puede visitar más. 

 

 

"El régimen de Insfrán quiere regimentar cualquier tipo de protesta y Agustín es reconocido por haber mostrado los sufrimientos de la comunidad wichi a la que pertenece -dice Fabián Servín, dirigente del Partido Obrero formoseño-. Se trata de un ataque del gobierno para ejercer un mayor control social. En Ingeniero Juárez hay un virtual de estado de sitio: Insfrán mandó 200 efectivos al pueblo y la Gendarmería vigila la ruta. Hemos iniciado una campaña en reclamo del cese de las persecuciones y para que se den de baja las causas truchas. Agustín tiene 20 denuncias en su contra por ejercer su derecho a la protesta. El miércoles 10 marchamos de manera independiente a la Casa de Gobierno y no sólo protestamos contra el fallo del 2×1, sino que también reclamamos la libertad de Agustín Santillán".