La provincia gobernada por Gildo Insfrán vuelve a la palestra nacional, esta vez por un caso de narcotráfico que involucra al riñón del gobierno, y revela el alto grado de descomposición del Estado provincial.

 

El sábado 20 de febrero, Ramón Bareiro, funcionario provincial y asesor del ministro de Economía de la provincia, Jorge Ibáñez, fue hallado casualmente por la Policía Federal con más de 50 kilos de cocaína, luego de que la camioneta del ministerio que conducía volcara en la Ruta 11. Bareiro, además de ser funcionario de la provincia y activo militante del PJ de Clorinda (fue candidato a concejal), aportó una importante suma de dinero a las últimas campañas del FpV provincial.

 

La causa Bareiro no es un rayo en cielo sereno, y varios casos del mismo estilo se acumulan en el prontuario provincial. El caso del concejal peronista Héctor Palma (se encontraron 700 kilos de cocaína en un campo que le pertenece, en Estanislao del Campo) o el de la, también, concejal justicialista “la Blanca” Denis, involucrados en causas similares en años recientes, dan testimonio fiel de una tendencia a una vinculación más estrecha entre el narcotráfico y el Estado. Mientras los narcos se enquistan en el poder, éste y su legislación represiva (“ley del narcomenudeo”) sólo persigue, criminaliza y reprime a la juventud, duramente castigada por la desocupación y la precarización que asolan la provincia.

 

El escándalo no podría ser más esclarecedor, ya que sus efectos salpican incluso a la oposición tradicional.

 

La UCR, mientras carga tintas contra Insfrán -la cabeza agotada de este Estado descompuesto- busca cooptar por debajo de él al resto de la estructura. Precisamente, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, desafía hoy a Insfrán con el desbande, y amenaza con arrastrar a varios intendentes del PJ al FAF (Frente Amplio Formoseño). Celauro, quien no se privó de llevar a Bareiro en su lista de concejales, tiene las puertas de la oposición abiertas. Claro, nada es gratis: el ministro de Agricultura nacional, Ricardo Buryaile, prometió un giro millonario al municipio de Clorinda con plata de Nación.

 

La oposición tradicional tiene los mismos intereses y las mismas ambiciones que el grupo peronista gobernante. Más allá del cacareo contra el narcotráfico y la corrupción reinante , su política se asienta en el mismo maridaje entre los aparatos de seguridad y los punteros y partidos del sistema, de un lado, y las organizaciones delictivas del otro. Su planteo más concreto hacia el narcotráfico es el engendro represivo y reaccionario de la “ley de derribo”.

 

La lucha contra el narcotráfico involucra la lucha contra los aparatos de seguridad y los partidos políticos y punteros que lo amparan, como así también requiere la apertura de los libros de los bancos, núcleo vital del comercio ilegal de drogas, y la confiscación de los bienes de productores y banqueros, además de la nacionalización del juego y el sistema financiero. Requiere, además, terminar con la miseria social engendrada día a día por un capitalismo perverso y decadente.