El gobierno acaba de anunciar la vuelta a la fase 1 de la cuarentena para la ciudad de Formosa, esto es debido a los casos positivos de coronavirus y por la presunción de que haya circulación comunitaria en la ciudad. Otras de las ciudades duramente afectadas son la de Clorinda, que ya lleva meses de aislamiento, y la ciudad de Ingeniero Juárez. En esta última, fue en el propio hospital donde se propagaron los casos iniciales, siendo el personal sanitario los primeros contagiados de entre 147 infectados al día de hoy.

Frente a todo esto, el gobierno solo viene tomando medidas restrictivas, responsabilizando exclusivamente a la población de los contagios. Sin embargo, es el propio gobierno quien viene fallando en la aplicación de las medidas, desde los centros de aislamientos que se convirtieron en centro de contagios; la falta de controles en la frontera con Paraguay y la falta de preparación del personal de salud, como se evidenció en el hospital de Juárez y también en Clorinda.

Ahora, las restricciones impuestas por la situación sanitaria de la provincia dejan a miles de trabajadores sin poder laburar. En el pasado, durante el transcurso de esta fase, esta medida fue acompañada, entre otras, por el IFE: tres pagos de $10.000 para siete meses de cuarentena. Si bien esto fue totalmente insuficiente, fueron más de 160 mil beneficiarios en la provincia, lo que
representa casi un tercio de la población con problemas de trabajo.

Trabajadores desocupados, precarizados o en negro son afectados duramente. Sin embargo, el gobierno de Insfrán no anunció ninguna medida asistencial para todos estos trabajadores y sus familias que quedaran sin ningún ingreso.

Esta decisión del gobierno no sorprende a nadie. Desde el Polo Obrero venimos, hace meses, reclamando por comedores barriales que ayuden a paliar la crisis económica, sin que el gobierno de solución. Sucede que el ajuste de Insfrán viene por los sectores populares.

Durante el 2020 la provincia recibió más de $75.000 mil millones, un 40% más que el año anterior. Recientemente el gobernador ha dicho que la provincia cuenta con superávit. Entonces, ¿por qué el gobierno no utiliza estos recursos para asistir a los desocupados? Tampoco utilizó los recursos para los asalariados estatales, que en este año han perdido nuevamente 10 puntos frente a la inflación.

El gobierno descarga toda la crisis sobre los trabajadores ocupados y desocupados, que sin trabajo o con salarios de miseria debemos afrontar los terribles aumentos de las naftas, los alimentos y los servicios públicos, que preparan para el mes de marzo nuevos tarifazos.

Con hambre no hay cuarentena posible. Este parate, que sin lugar a dudas ira más allá del 19 de enero, demanda un auxilio urgente del Estado. Exigimos un ingreso para todos los trabajadores desocupados de $30 mil. Comedores sociales para los barrios populares y la suspensión de los cortes de servicios y del pago de los impuestos municipales.