El gobernador bonaerense Axel Kicillof relanzó el “Plan de Seguridad” en el distrito de Pilar junto al ministro Sergio Berni. La entrega de 54 patrulleros es parte de la “municipalización” de la campaña electoral y de una competencia por derecha con Diego Santilli y Juntos en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, los palos a Vidal apuntaron contra los “grandes depósitos de chatarra” del parque automotor policial, y la “desinversión en seguridad” en los cuatro años de macrismo.

Kicillof comenzó las giras posteriores a las Paso por la primera y la séptima sección electoral, dos de las seis donde fuera derrotado el Frente de Todos. En las vísperas de las primarias del 12 de septiembre el gobernador había anticipado esta misma agenda y la entrega de patrulleros en La Matanza, donde gobierna el intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza. Pero hizo lo mismo también en San Miguel, cuyo jefe comunal está alineado con Facundo Manes.

El gobernador pretende colocar el fortalecimiento de la represión policial como una prioridad de la gestión provincial, un reflote del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad que concilió con la Bonaerense después del motín del año pasado. En esta segunda ronda, el gobernador del Frente de Todos repuso a Sergio Berni en un lugar privilegiado de la campaña electoral. La vuelta al ruedo es parte de la puja interna (por el territorio y los municipio) con los “interventores” del PJ y los “barones” que coparon el gabinete con Martín Insaurralde a la cabeza. Pero también de los puentes que unen al represor de Guernica con Aníbal Fernández, a quien el ministro de Seguridad bonaerense calificó como “un peronista con capacidad de trabajo y de gestión”. Las flores mutuas no liman los choques al interior del aparato policial que representan distintas camarillas de negociados e ilícitos con el delito organizado y el narcotráfico.

Después de Pilar le tocó el turno al municipio de Roque Pérez en la Séptima sección, esta vez de la mano de Agustina Vila, directora general de escuelas y nuevamente del ratificado jefe de la “maldita policía”, Sergio Berni. Lo de Vila es contradictorio con el discurso de la exministra de Gobierno de la provincia, Teresa García, quien sugirió que Kicillof habría perdido las elecciones por la “virtualidad” de las escuelas en la pandemia. El pretendido donador serial de patrulleros actúa en sintonía con el gabinete derechista que asumió después de la derrota electoral. Berni fue uno de los primeros en saludar la asunción de Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de los asesinatos de Kosteki y Santillán, y del encubrimiento del crimen de Mariano Ferreyra y la desaparición forzada de Jorge Julio López. No por nada, el kirchnerismo y sus satélites desertaron de la movilización realizada en La Plata a quince años del secuestro de López y de toda acción contra la impunidad policial.

Kicillof repite el verso de una campaña electoral con menos actos “políticos” para “escuchar a los vecinos”, una falsa modestia impuesta por la paliza electoral, y una adaptación a la “antipolítica” de la derecha. En verdad una confesión de la falta de entusiasmo popular que provoca un gobierno ajustador que además perdió veinte puntos en las Paso y cayó derrotado frente a Cambiemos. La apología al plan de seguridad “más grande del que se tenga memoria” tampoco es nuevo y, como otros anuncios del gobierno, se reciclan para la ocasión. Con las mismas palabras, Kicillof anunciaba en septiembre del 2020 el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires. Poco tiempo después de anunciar la adquisición de 2.000 móviles para la policía y la incorporación de 10.000 nuevos agentes policiales, el ministro estrella de Kicillof, Sergio Berni, comandaba la fuerza de choque de 4 mil efectivos que arrasaba con los vecinos en Guernica.

La represión a los trabajadores es una cuestión de Estado, donde la “grieta” entre nacionales y populares y neoliberales está subordinada a los intereses de los capitalistas y los especuladores inmobiliarios. Larreta tuvo su Guernica en CABA con el violento desalojo de 120 familias de la Villa 31, en su mayoría mujeres víctimas de violencia de género. Años antes, en el 2010 y con Cristina Kirchner como presidenta, un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Metropolitana reprimía y desalojaba brutalmente la ocupación del Parque Indoamericano con el saldo de varios heridos de bala y dos ocupantes muertos. En Lomas de Zamora, y a pedido del exintendente y hoy Jefe de Gabinete de Kicillof, Martín Insaurralde, el gobierno de Alberto Fernández mandó en julio pasado a la gendarmería y las topadoras contra 300 familias del barrio Camino de la Ribera que habían sido estafadas en la adquisición de los terrenos.

La “bernización” de la campaña es un intento de Kicillof por mantenerse a flote y no ser desplazado. El “gobernador amigo de los trabajadores” como lo llaman las burocracias kirchneristas depende cada vez más de la Bonaerense en su disputa por el aparato de gobierno. Mientras la “platita en el bolsillo” es puro cuento, y los médicos de la Cicop resolvieron ir al paro ante la falta de respuestas del gobierno en la paritaria, el “nacional y popular” Kicillof busca recuperar el voto de orden y el apoyo de la burguesía. Después del ingreso de Julián Domínguez al gabinete, saludado por la Sociedad Rural, Axel Kicillof se reunió con los “productores de la carne” para fortalecer el plan ganadero, y la apertura de las exportaciones de carnes a China. Del cónclave participaron directivos de la Carbap, Coninagro, del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, la Sociedad Rural, y la Federación Agraria entre otros, es decir la Mesa de Enlace a pleno junto a la patronal negrera del frigorífico Arrebeef que despidió a sus trabajadores. Estas medidas van a acentuar el alza de los precios de la canasta básica y alimentaria.

El “megaplan” de seguridad de Kicillof, en tiempos de ajuste, es además una sangría al presupuesto bonaerense que acompaña el leonino cierre de canje de los títulos de la deuda externa que favorece a los bonistas de la provincia de Buenos Aires. Pero es también una carta blanca a la represión estatal y policial, cuando todas las evidencias ratifican que Facundo Astudillo Castro fue asesinado por la policía de la provincia y el crimen ocultado por el ministro de “Seguridad”. Según el medio Chequeado, las denuncias por violencia policial en la provincia de Buenos Aires, y hasta febrero de este año, habían ascendido a 1.105: 7 por torturas , 58 muertes y 2 desapariciones forzadas. Un registro incompleto pero que da cuenta del crecimiento de la violencia policial y estatal en la cuarentena. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que de cada diez personas detenidas en la pandemia, nueve de ellas fueron aprehendidas sin comisión de delito.

Denunciamos el “plan” de Kicillof y Berni como un reforzamiento del aparato represivo contra los trabajadores y la juventud. El empoderamiento de la Bonaerense es un pasaporte a la impunidad que debe ser quebrado con la movilización popular. Este jueves 7 de octubre el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad volverá a movilizarse junto a los familiares de Lito Costilla, el joven repartidor asesinado por la policía, para reclamar que se haga justicia contra el encubrimiento. Más que nunca ganamos la calle por Fuera Berni, para que se vaya el represor Aníbal Fernández y para denunciar el “ programa de seguridad” como un complemento del ajuste.