El miércoles 31 vencía el plazo para que la Asamblea de Villa Urquiza entregara su lugar a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que había ordenado su desalojo. Con una numerosa concurrencia se realizó una vigilia en la asamblea esperando a la mañana a las autoridades del gobierno nacional, que finalmente no se presentaron.

Previamente se había realizado en las oficinas de la AABE una reunión con los asambleístas de V. Urquiza, en la que les notificaron que el reclamo tenía que estar dirigido al Gobierno de la Ciudad, porque a éste le traspasan el 65% del predio y la asamblea se encuentra en ese 65%. En esa reunión, la AABE se comprometió a trasmitir el reclamo de la asamblea.

Es obvio que las autoridades quieren desviar el reclamo a un ámbito ajeno y que caiga en vía muerta: no existe lugar físico y jurídico en el Gobierno de la Ciudad donde tocar timbre, porque sencillamente NO se hizo la venta y por lo tanto sigue siendo el 100% de Nación.

Esta celada es una operación que busca desvirtuar el real origen del conflicto que es la AABE, vamos por su disolución y que la cuestión de los bienes inmuebles públicos pase por el Congreso Nacional, acompañado de una audiencia pública vinculante de los afectados.

La gran presencia en la vigilia del 31 de compañeras y compañeros de la propia asamblea y una gran concurrencia de sectores que se solidarizaron y movilizaron fue decisiva en el freno del desalojo, como en ocasión del intento desarrollado el pasado 2 de octubre.

La AABE fue creada por decreto bajo el gobierno de Cristina Kirchner en 2012 y reglamentada por otro decreto de CFK, días antes de dejar el gobierno para pasárselo a Macri, en diciembre de 2015. Le otorga plenos poderes a la AABE para la enajenación de tierras públicas y el desarrollo de negociados inmobiliarios. Aquí no hubo 'grieta' sino una continuidad.

El tema de los bienes del Estado que se ponen en venta a través de la AABE empalma con el nuevo código urbano de la Ciudad de Buenos Aires que se quiere aprobar en estos días. Este nuevo código es esencial para los desarrolladores, que por esa vía cierran los negociados inmobiliarios a costa de la calidad de vida de la población no rica de la ciudad, generando a futuro una expulsión social de aquellas familias que no van a poder sostener el alto costo de vivir en la Capital.

El problema de la vivienda y de los negociados inmobiliarios es común a nación, provincias y municipios.

La solidaridad de la asamblea de Famatina contra el desalojo de la asamblea de Urquiza demuestra que es un reclamo nacional. Como parte de la lucha contra estos ataques, el 1 de noviembre se desarrolló una reunión de coordinación en la Universidad de San Martín (Unsam).

Contra los especuladores es necesario reclamar una consulta popular vinculante de los afectados por la política de los gobiernos ante cualquier intento de enajenación contra los bienes públicos.

No a la venta de tierras públicas para negociados inmobiliarios. Por la suspensión definitiva del desalojo de la Asamblea de Villa Urquiza. Y el cese de los remates de tierras que el gobierno está impulsando.