El 31 de marzo, Martín Sabbatella firmó una resolución a través de la cual le otorga a la Iglesia católica doce señales de la Televisión Digital Abierta, que se suman a otras ocho ya entregadas en febrero.

 

La resolución tiene la peculiaridad de otorgar una “autorización” y no una licencia. Las autorizaciones no precisan cumplimiento de los requisitos técnicos ni económicos que se reclaman a los concursantes a licenciatario y, una yapa adicional, no tienen vencimiento.

 

La camarilla que supo hacer de “la liberación de la palabra” un pilar del relato, ha trocado con el Vaticano la “eternidad de Cristina” por un “cuidado hasta diciembre”, y lo ha pagado con una plataforma para la difusión de la palabra del santo padre hasta la eternidad.

 

El carácter reaccionario de esta medida de circunstancia no choca con la “democratizadora” norma, que ya preveía en su articulado que sólo los medios estatales y de la Iglesia católica podrían superar la restricción que se le impone a los privados: no superar con su alcance a más de un 35% de la población del país.

 

El apoyo de la curia a la ley de medios tenía sólidos fundamentos. Desde su letra hasta su discrecional aplicación, se ha tratado siempre de una ley reaccionaria, que lesiona el derecho constitucional a la libertad de culto beneficiando explícitamente a la Iglesia católica.

 

Sobre esta resolución, Scioli, Massa y Macri hicieron silencio de misa, pero el motonauta sabe que la agenda de Francisco que viene adoptando el kirchnerismo lo va entregando mansamente a sus brazos.