Ni siquiera la complicidad de la oposición fue suficiente para encubrir el descomunal fraude de las elecciones provinciales de Santa Fe.  Cuando ya las “irregularidades” eran evidentes, el trío radical-socialista-procesista que forma la Alianza Santafesina negaba cualquier intención de “impugnar la elección” (La Voz del Interior, 5/9) y se ponía de acuerdo con Reutemann en “suspender el recuento provisional y proceder al escrutinio definitivo” (Página 12, 7/9). Cinco días después de ese “acuerdo”,  y ante una movilización masiva contra el fraude realizada en Rosario (más de 7.000 manifestantes), la cúpula de la Alianza seguía negándose a reclamar nuevas elecciones, enfrentando a sectores de la Juventud Radical que levantaban esta posición y la anulación de la ley de lemas.

Las fantásticas evidencias del fraude han sido divulgadas a cuenta gotas por la prensa escrita, mientras que la audiovisual simplemente ignoraba el asunto. “Muchas urnas quedaron custodiadas sólo por la policía provincial. No les tenemos confianza” (La Nación, 7/9); pero esto no lo denunciaba un opositor sino un vocero del sublema oficialista de Cavallero. Un candidato opositor a diputado, Juan Carlos Millet, declaró que “Nuestros fiscales pudieron comprobar que en el centro de cómputos había personas que contaban en su poder con las claves para ingresar en cualquiera de los ocho niveles de seguridad del programa” (ídem). Solamente ignorando el fraude pudo el encuestólogo cavallista, Rosendo Fraga, decir que las elecciones demostraban que la “alianza entre Menem y los pobres sigue en pie”.

Del fraude santafesino sólo se desconoce su magnitud. Un portavoz oficial del diario La Nación, Atilio Cadorín, atribuye nada menos que a “un ministro” la afirmación de que el gobierno estaba dispuesto a recurrir al fraude “aunque no será del modo tradicional”.  Lo que queda por investigar ahora es solamente el papel del fraude en las últimas elecciones del 14 de mayo. De acuerdo al testimonio de Ambito Financiero (7/9), Horacio Usandizaga, el candidato a gobernador por la UCR de Santa Fe, señaló que “la persona encargada por el gobierno de controlar el conteo electrónico –Eduardo Faccia, según asegura el diario ‘El Mundo’, de Madrid– habría sido condenada en 1989 a tres años de cárcel acusado de hasta 35 fraudes informáticos”.

Una semana después, las elecciones en el Chaco pusieron a luz otra característica de los procedimientos oficialistas –la adulteración de los padrones, un recurso que se anuncia también para las próximas elecciones en Formosa y hasta en la Capital Federal. Como consecuencia de la adulteración de los padrones no pudo votar el candidato radical chaqueño a gobernador. Los fallecidos habrán de poblar generosamente los padrones de los distritos en los que aún falta votar.

Es obligado concluir de todo esto que la decisión de Menem de anunciar a su “pollo”, el “socialista” Cavallero, como el gobernador electo de la provincia, apuntó a impedir que prosperaran las evidencias y las denuncias del fraude. Los gobiernos nacional y provincial, de cualquier modo, han oficiado de encubridores.

El fraude electoral en Santa Fe y el de otras provincias, significa que asistimos a una crisis de régimen, no sólo de gobierno, o dicho de otra manera, que la crisis política va ganando extensión y profundidad. La vigencia de las leyes de lemas en la mayoría de las provincias es por sí sola un síntoma de descomposición política, en especial cuando se tiene en cuenta que fueron usadas sin medida para albergar a 600 ó 700 sub-lemas. Sin embargo, está claro ahora que esas leyes han servido también para facilitar el fraude material de los comicios.

Los “politicólogos” han sido lentos en sacar conclusiones de los procesos electorales provinciales. Tejen y destejen con Varela Cid y el Correo, los viajes de Kissinger o las cenas del “grupo de los 8”, pero desprecian la cuestión del fraude electoral que ejercita un gobierno que supuestamente habría sido confirmado por la “soberanía popular” hace sólo algunas semanas.

No existe ninguna tendencia dentro del gobierno que pueda contrarrestar o poner un límite a este sistema de gobierno del fraude. Es fácil prever, en consecuencia, que el recurso al fraude se va a reiterar en el “ballotage” del Chaco, en Formosa e incluso en Neuquén, donde el gobernador es un ex sapagista que se ha enfrentado al sapagismo y tiene un pacto de transferencia de votos con el justicialismo neuquino. En Santa Fe, el menemismo se va a aferrar a la legitimación de los resultados obtenidos de las “bocas de urna”.

En estas condiciones, no hay que descartar que las situaciones provinciales puedan ser el detonante de una crisis de “ingobernabilidad”. Las alternativas, en tal caso, oscilarían entre un pacto de gobierno con la oposición o la instauración de un régimen de gobierno por decreto, al menos durante un cierto período. En resumidas cuentas, el fraude es la única salida para un gobierno encajonado por una gran crisis económica y por luchas populares que crecen en número y se radicalizan en los métodos.

Llamamos a luchar por la anulación de las elecciones de Santa Fe y por nuevas elecciones controladas por las organizaciones obreras, populares y de derechos humanos —lo que significa con libre acceso de todos los partidos a los medios de comunicación.