El intendente San Millán encabeza un gobierno completamente agotado. El, como los demás jefes comunales, ha firmado un pacto con Romero para aplicar el 13% de rebaja de los salarios y confiscar el 6% del aporte previsional que se le descuenta a los trabajadores para un “fondo de planes sociales” (cosa que ya impuso Romero a los empleados públicos provinciales) destruyendo de este modo las futuras jubilaciones.

Los municipales de Salta han cobrado con cheques diferidos los meses de octubre 2001 y marzo y abril 2002, y acumulan al presente dos meses de atraso y el aguinaldo ya vencido. La burocracia de la UTM ha firmado en este contexto, hace dos meses, una tregua ruinosa_ El plan de lucha de la ATM, ligada a ATE, quedó aislado y tuvo que ser levantado, lo que San Millán aprovechó para desconocer la representación sindical de ATE y aplicar suspensiones masivas y un despido. En este cuadro, el intendente se animó a mandar al Concejo dos proyectos de ordenanza para la rebaja del 13% y la confiscación del 6% de los aportes.

Fracasó primero en meterlos sobre tablas. Luego realizó un acuerdo con los presidentes de todas las bancadas, a excepción del PO, para que en sesión especial se aprobara una “ordenanza interpretativa” que faculta al intendente a decidir por decreto sobre los salarios.

Los concejales del PO realizaron asambleas con los trabajadores municipales para alertar sobre la maniobra, convocaron a la movilización al Concejo, y presentaron un proyecto de Resolución que rechaza cualquier rebaja. El proyecto fue acompañado por la concejal renovadora Gloria Nagy.

La sesión especial impuesta por San Millán se realizó en el marco de una movilización de trabajadores. El oficialismo pretendió que la ordenanza interpretativa se tratara sin debate, al punto que se impidió que tomara la palabra el concejal Del Plá. Sin embargo, en medio del escándalo, realizamos una moción de reconsideración que fue aprobada, lo cual precipitó el desmoronamiento de la mayoría oficialista y hasta el acuerdo previo con los renovadores.

Cuatro concejales del PJ anunciaron su voto negativo y el apoyo a la reconsideración. Los medios registron el escándalo en directo; se abrió un cuarto intermedio de hora y media y el oficialismo perdió la mayoría. Los renovadores intervinieron para proponer que el proyecto fuera a comisión y anunciaron que apoyarían el proyecto del PO contra la rebaja de salarios por decreto. La votación de nuestro proyecto finalmente resultó empatada en 8 votos y fue desechado por el desempate de la presidente del Concejo; 48 horas después, sin embargo, el intendente anunció que la rebaja no saldrá por decreto.

La bancada del PO ha aumentado su gravitación, hasta ser decisiva, como expresión de la descomposición de los partidos del régimen y por el desarrollo de la lucha de los trabajadores. Se ganó una batalla, ahora la pelea seguirá para que se vaya este gobierno agotado, incapaz de rescindir los contratos empresariales que se llevan toda la plata del municipio, incapaz de cobrar a los grandes propietarios y empresas que no pagan los impuestos, cómplice de Romero y de sus políticas fondomonetaristas que han ido reduciendo hasta lo insoportable los recursos de los municipios, llevándolos a la quiebra.

Está planteada la convocatoria a una Asamblea General de municipales para preparar la huelga general y la ocupación de los edificios. Está planteado que se vaya San Millán y el poder pase a una Asamblea Popular Constituyente municipal que aplique un programa de emergencia, rescinda los contratos de servicios, suspenda el pago de la deuda y la investigue, ejecute de inmediato las deudas de las grandes empresas e imponga el control obrero de la recaudación para garantizar el pago de salarios y el funcionamiento de los servicios básicos.