La caracterización, los límites y las contradicciones de la reforma constitucional que han montado Menem y Alfonsín y la política del PO frente a la Constituyente, ocuparon un espacio restringido de las deliberaciones del Congreso como consecuencia del acuerdo alcanzado en este punto en el curso del debate pre-congresal, en la intervención partidaria frente al plebiscito y en los debates con las organizaciones morenistas.

Después de desmenuzar el carácter reacccionario del conjunto de las “reformas” en debate, el VIº Congreso caracterizó que Menem y Alfonsín han pactado esta reforma reaccionaria para salvar a un régimen en crisis, que sólo puede sostenerse sobre la base de un mayor entreguismo y un plan de guerra contra los trabajadores y la clase obrera. El deterioro de la situación económica, la agudización de la crisis social, las explosivas crisis provinciales, el empantanamiento del “plan Cavallo”, requieren imperiosamente el acuerdo de los dos grandes partidos patronales. El “acuerdo” tiene un significado concreto para los explotadores: consagrar y defender la “seguridad jurídica” de las “privatizaciones” y “garantizar” el arrasamiento de las conquistas de los trabajadores. No es casualidad que pocos días después de la firma del “pacto podrido”, las patronales comiencen a exigir una reducción de los salarios nominales (Aluar, Osram, Pradymar, La Rioja, Santiago del Estero) y el gobierno exija la cesantía de miles de empleados públicos provinciales.

Pero el debate del congreso sirvió, además, para clarificar las limitaciones y las contradicciones de la “reforma constitucional”. Se pretende poner en pie un régimen de “poder personal” … mediante un acuerdo con la oposición; se quiere mediante la reelección y la reforma liberar de preocupaciones políticas a la burguesía por cuatro años, pero para ello se abre la brecha deliberativa de la Constituyente y, “ballotage” mediante, la posibilidad de dos elecciones presidenciales; se cierra un paquete con el alfonsinismo, sólo para abrir l polémica sobre los temas “no consensuados”. En fin, se dan pasos en un sentido para contradecirlos en otro. Las crisis provinciales, por otro lado, fuerzan una deliberación no prevista por los signatarios del “pacto”.

El Congreso también caracterizó como reaccionarias a las “reformas alternativas” que plantean las distintas versiones del centroizquierda (Frente Grande, Unidad Socialista). El Frente Grande, en particular, plantea incorporar al texto de la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica, que establece —entre otras cosas— el derecho al establecimiento de la enseñanza clerical, la prohibición del aborto (“el derecho a la vida desde la concepción”) y hasta autoriza la intervención externa—¡el imperialismo!— para “garantizar la vigencia de los derechos humanos”.

El PO no opone  “otra” Constituyente a la Constituyente reaccionaria, es decir, no opone al parlamentarismo digitado, restringido y reaccionario un parlamentarismo “libre” y “democrático”; lo denuncia, y le opone un programa de reivindicaciones inmediatas de los explotados y declara que este programa sólo podrá ponerse en vigencia mediante la lucha.

Sobre la base de esta caracterización política de la Constituyente, de las “alternativas” centroizquierdistas y del carácter de la política obrera frente a la Constituyente, el Congreso resolvió formular un llamamiento a un frente de izquierda para intervenir frente a la Constituyente reaccionaria.