Tras once años como presidente de la Corte Suprema de Justicia, se anunció esta tarde que Ricardo Lorenzetti dejará el cargo, según dijo, para dedicarse a sus estudios académicos, y será reemplazado por Carlos Fernando Rosenkrantz –con el voto de la mayoría de la Corte, incluido el propio Lorenzetti.

La movida –acorde a las exigencias de la camarilla de Macri y Elisa Carrió, quien desde hace rato venía pidiendo el apartamiento de Lorenzetti– promete una profundización del carácter reaccionario del máximo órgano judicial del país.

Rosenkrantz fue uno de los integrantes de la Corte que firmó el fallo del 2×1 a los genocidas, repudiada por una movilización de masas en todo el país. Su accionar en ese momento seguía una línea de conducta: en 2007, escribió un artículo en el que cuestionaba los fundamentos utilizados para fundar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

El hombre llegó a la Corte en agosto de 2016, con el decisivo voto favorable de los senadores del FPV-PJ, tras un intento fallido de designarlo de manera directa en su primera semana de gestión del gobierno de Macri.

El actual juez también ofició como abogado de un estudio jurídico que patrocinaba al grupo Clarín en sus disputas judiciales contra el Estado. Ni lerdo ni perezoso, el “gran diario argentino” respondió a su reciente asunción con varios artículos llenos de elogios, en los que omite tanto su historia común como el fallo pro-milico. Rosenkrantz también fue abogado del fondo de inversión Pegasus, donde trabajó el ex vicejefe de gabinete y titular de la cadena Farmacity, Mario Quintana.

Junto a Elena Highton de Nolasco (otra de las firmantes del 2×1) y Lorenzetti, Rosenkrantz falló en 2016 contra el derecho a huelga, limitando el ejercicio del mismo a los sindicatos y negándolo a otros grupos de trabajadores –una medida en favor de la burocracia que domina las centrales gremiales en alianza con el Estado. Como destacó en ese momento Prensa Obrera, “se sienta el principio fascistizante de que es el Estado el que establece la forma en la cual se organizan los trabajadores, siendo que innumerables veces éstos deben defenderse y hasta enfrentar al propio Estado en pos de la defensa de sus reivindicaciones”.

El ascenso de Rosenkrantz va en línea con los planes de más represión de Patricia Bullrich como forma de “lidiar” con la creciente protesta popular contra el ajuste. En su artículo “La pobreza, la Ley y la Constitución”, el magistrado sostiene que “en la Argentina, al menos del modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito”. El movimiento de mujeres tiene también que encender las alarmas, habida cuenta de las resoluciones judiciales del hombre contra el derecho al aborto, incluso en los casos no punibles. Los trabajadores judiciales ya han tomado nota de que la llegada de Rosenkrantz significará una nueva arremetida para llevar a término el traspaso de fueros a la Ciudad y la liquidación de muchas de sus conquistas gremiales. 

El gobierno ha parido una corte a la medida de sus planes antipopulares.