El gobierno nacional ha fijado una política frente a la crisis de poder en Santiago del Estero, impulsando la intervención del Poder Judicial de la provincia. Los diputados del Ari y el Frepaso que viajaron a la provincia le comunicaron esta posibilidad a la gobernadora Nina Aragonés de Juárez y a su esposo, quienes “reaccionaron con temor ante la sola mención de la injerencia federal, pero no dijeron una palabra sobre la idea” (ídem). La intervención federal, circunscripta al Poder Judicial, tiene el respaldo de la Pastoral Social. Monseñor Maccarone la calificó como “una intervención quirúrgica necesaria” (La Nación, 21/6). Su aprobación parlamentaria, de cualquier modo, demandará no menos de sesenta días.

La política oficial emerge cuando en la Plaza Libertad cinco mil vecinos se congregaron, en la manifestación política más importante desde que comenzaron estas marchas. Una mujer que mantuvo su anonimato resumió: “Así empezó la caída de los Saadi, al principio las marchas por María Soledad eran de 20 personas, pero fueron creciendo, así” (Clarín, 21/6).

Las marchas, los gritos de “Asesinos”, “Santiago, no tengas miedo” y los reclamos por los crímenes impunes, son todos signos de una rebelión popular en marcha.

No sorprende que el mismo Obispo de Santiago “habló con el padre de Leyla para que disminuyan la frecuencia de las marchas, como la que ayer se movilizó en silencio” (La Nación, ídem).

Qué línea de investigación se sigue

Luis Santucho (hermano de Robi, el dirigente del Prt asesinado por la dictadura militar), abogado de la familia Villalba, hizo un relato pormenorizado de las circunstancias en que habrían sido asesinadas las jóvenes de Santiago, involucrando en ambos casos a varios dirigentes políticos y del aparato de seguridad del régimen. En un tácito reconocimiento de la veracidad de esta versión, la actual gobernadora desplazó a toda la cúpula de seguridad de la provincia, y echó al vicegobernador y al secretario de Prensa. Desde siempre, el aparato de seguridad del juarismo estuvo a cargo del comisario general Musa Azar, un torturador y asesino del “Proceso” beneficiado por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Azar, como el diputado provincial que dirige la Juventud Peronista ÿuna suerte de Triple A del juarismoÿ, son la columna vertebral del “orden” juarista y aparecen vinculados a los aesinatos y la red de encubrimiento que preservó a los responsables. Santucho acusó a ambos de “encubrir o ser partícipes de los homicidios”, por lo cual está siendo presionado para poner en pie otra línea de investigación: responsabilizar por los crímenes al “carnicero” Lludgar y otros detenidos que no forman parte de la red de funcionarios y, quizás, Musa Azar. Por eso los legisladores del Ari y el Frepaso “advirtieron que … esto no se politice”, y tildaron a Luis Santucho de “comunista” (La Nación, ídem).

168 crímenes impunes

Existen hasta este momento 168 denuncias por crímenes impunes en la provincia. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, descartó una intervención integral a la provincia, “en defensa del clima institucional de una provincia y de un país” (Página/12, 13/6).

De los 168 crímenes, los de las pibas asesinadas son emblemáticos. Leyla Nazar, de 22 años, desapareció en la segunda semana de enero; el cuerpo de Patricia Villalba, de 26, fue hallado el 6 de febrero. Los asesinatos salen a la luz luego de más de cuatro meses, en los cuales fueron borradas el grueso de las huellas que podían aportar pruebas y ninguno de los jueces que actuaron en el proceso se dignó siquiera pedir un informe al médico forense (Clarín, 17/6). Los jueces que investigan el doble crimen llamado “de La Dársena” (paraje en el que fueron encontrados los restos de las jóvenes), están denunciados por prevaricato, mal desempeño de sus funciones, ocultamiento de pruebas, encubrimiento y asociación ilícita, pero los pedidos de juicio político contra ellos y muchos otros “son cajoneados o rechazados, sin más trámite”, según el testimonio de las Madres del Dolor (Página/12).

El muro de silencio en torno a los asesinatos de Leyla y Patricia comenzó a romperse cuando un testigo de identidad reservada denunció a un grupo de personas (hoy detenidas) como partícipes de los hechos, aportó datos sobre una “aparente protección policial” y reveló que Leyla fue asesinada en una fiesta en la que participaron narcotraficantes y personajes del poder político de la provincia.

Estado criminal y crisis política

Los hilos de esta crisis política vienen de más atrás. En las últimas elecciones, la masa de votantes que anuló el voto por distintas vías fue entre el 43,10% de abstenciones, el 3,64 de votos en blanco y el 4,58 de impugnados o nulos: el 51,32% de los habitantes le dio la espalda al comicio. En Santiago del Estero la tendencia a anular el voto tuvo significac ión a partir del Santiagueñazo (1993) y creció en forma ostensible desde el ’99.

Lo que los familiares plantean ÿ”No hay investigación posible de los crímenes bajo el juarismo”ÿ, es la clave de la situación política en la provincia. El auxilio del gobierno, hasta ahora, se limita al envío de agentes de la Side y de la Policía Federal, que reportan a los jueces acusados de mafiosos y de encubridores de casi 200 crímenes impunes.

El esclarecimiento de los crímenes plantea una movilización política encabezada por la consigna de Juicio y Castigo, Comisión independiente responsable ante la Asamblea de familiares y vecinos movilizados, Fuera Juárez, Asamblea Popular Constituyente.

El Santiagueñazo reaparece.