15/08/1996 | 506

Fuera la intervención

El octavo interventor de Menem en el PAMI se llama Alejandro Bramer Marcovic. Es actual director ejecutivo del ANSES y junto con su colaborador Angel Perversi (ex-Bunge y Born) y sus escoltas, las consultoras Arthur Andersen y Mc Kinsey, son agentes de un grupo empresario que se está “posicionando” en el negocio de la privatización de las obras sociales.



Estos pillos han entrado ‘teatralmente’ al  PAMI, despidiendo a 50 jerárquicos y presentándose como cruzados contra el  “escándalo” de “desaguisados”, “anarquía” y “corrupción” que reina en la obra social. Apoyados en un costoso operativo de prensa, que lidera Neustadt y acompañados por un “grupo SWAT” de jóvenes expertos (La Nación, 8/8), sus principales denuncias recaen sobre el personal del Instituto que estaría sobredimensionado, ocioso, faltador, politizado y con una cantidad de delegados que llega al 5% del personal y que cuestan 20 millones anuales (ídem). Y contra los jubilados afiliados, 30.000 de los cuales estarían afiliados, también, a otras obras sociales. Es decir, que los trabajadores y los jubilados serían los grandes culpables de la ‘crisis’ de la obra social. Y obviamente, los cañones se dirigirán sobre ellos.



Esta amalgama desordenada de denuncias pretende ocultar las verdaderas causas de la crisis del PAMI, que no empezó ahora, con la cesación de pago de 90 millones a las farmacias. El PAMI era ampliamente superavitario, recaudaba 3.100 millones anuales y gastaba 2.700 millones. Fue Domingo Cavallo el que, en enero del ´95, incorporó el PAMI al presupuesto nacional, fijándole un techo de 2.400 millones de gasto, para embolsarse los 700 millones de diferencia. Además, le endilgó un gasto extra: 540 millones anuales de subsidios a la pobreza, para obligarlo a reducir en un 20% los gastos de la propia obra social (Clarín, 8/8). Este achique del presupuesto del PAMI por vía estatal, ilegal, porque se trata de un ente no gubernamental financiado con aportes de jubilados y trabajadores, se agravó con la rebaja de los aportes patronales. Con lo cual, hubo una transferencia de los fondos del PAMI al bolsillo de los capitalistas. 



Su inevitable contrapartida fue la reducción de las prestaciones. En el propio decreto menemista 292/95, que redujo los aportes patronales a la seguridad social, se estableció en 36 pesos la cápita para los jubilados, que era de 57 pesos en el PAMI en ese momento. Y se liquidaron las prestaciones de turismo, al transferirlas, sin fondos, a la Secretaría de Turismo. A partir de allí, el desfinanciamiento progresivo redundó en todo tipo de recortes de subsidios económicos, medicamentos sin cargo para carenciados, vacantes en geriátricos, programas de asistencia domiciliaria y prestaciones médicas.



Este verdadero vaciamiento del PAMI, en beneficio de los intereses capitalistas y a costa de la salud y la vida de los jubilados, trata de ser ocultado, por los propios liquidadores, bajo la forma de una campaña contra los trabajadores y jubilados, que aparecen como los chivos expiatorios. Fuentes gremiales del Instituto, consultadas por Prensa Obrera, informaron que la masa salarial de la entidad no llega al 8% del presupuesto y que la relación empleados-afiliados es de las más bajas que se conoce en obras sociales: un empleado cada 300 a 400 afiliados. El sueldo de los delegados gremiales rentados, agregaron, cuyo número  está muy lejos de lo denunciado, lo pagan los sindicatos (fuente: Unión de Trabajadores del Instituto).  No hay mayores ‘ñoquis’ que estos interventores que cobran sueldos astronómicos (19.000 dólares Perversi en el ANSES), para echar trabajadores y reventar a los jubilados.



El Partido Obrero propone: fuera la intervención del PAMI, ningún despido, defensa integral de las prestaciones, apertura de las cuentas e investigación por parte de los jubilados. Dirección del PAMI por parte de sus aportantes y beneficiarios, jubilados y trabajadores.

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