Diez mil personas se movilizaron el viernes 6 por las calles de la capital santiagueña, para exigir que se vaya el gobierno de los Juárez, responsable de innumerables asesinatos en la provincia. "Fue la marcha con mayor cantidad de manifestantes de las realizadas hasta ahora" (La Nación, 7/2).

La gobernadora valló toda la zona céntrica con una semana de anticipación.

El secretario de Derechos Humanos del gobierno nacional, Duhalde, participó de la manifestación y llamó "a aquellos que están enquistados en el poder… (a) apartarse de su camino".

El planteo puso de manifiesto el operativo que está piloteando el gobierno Kirchner para dar una salida indolora a una crisis que puede transformarse en revolucionaria. Duhalde se entrevistó, para ello, con la plana mayor de la burocracia sindical, aliada íntima del juarismo. Los "gordos" santiagueños de la CGT decidieron formar una Comisión de Derechos Humanos sindical y le entregaron a Duhalde un documento en el que señala que "le decimos Nunca Más a los atropellos, a los abusos, a la violencia y a la muerte. De ahora en adelante debemos mirar el presente sin olvidar el pasado, exigiendo justicia y nada más que justicia" (Página/12, 8/2). "Para los entendidos en las intrigas de Santiago – dice Página/12 – , la posición de la CGT, el documento y las fotos con los emisarios de Nación, no fueron sólo un símbolo sino la marca del reposicionamiento político". El "reposicionamiento" es un intento de evitar que el PJ provincial se desmorone con un recambio. Además, un vocero de Kirchner señaló que "por primera vez empresarios, sindicalistas y políticos se peleaban por estar al lado nuestro" (ídem).

El plan apunta a evitar una intervención federal a los tres poderes que echaría sobre los hombros de Kirchner la crisis de Santiago. Se gestiona, en cambio, la renuncia de la gobernadora y el ascenso del vicegobernador Votta, "en este momento enfrentado políticamente a la Nina", para convocar a elecciones en seis meses, tiempo suficiente para limitar la depuración a la senil pareja y dejar un juarismo sin los Juárez. El juarismo está negociando esta oferta de "retirada".

Simultáneamente, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase) ha denunciado la prisión de dos campesinos (Aguirre, de 62 años, y Rodríguez, de 52 años) "que fueron detenidos por defender la tierra en que viven" y sufrieron "torturas y malos tratos".

Se trata de acabar con esta estructura de poder político y social, no de darle un cambio cosmético. Para eso, es necesario que el pueblo movilizado se autoconvoque en una Asamblea Popular, tome las riendas del poder y encare los graves problemas de las masas: disolución de la policía, cárcel y castigo a los asesinos de adolescentes y de opositores, investigación y cárcel a los defraudadores de los fondos públicos, terminar con el latifundio santiagueño, etcétera).