El anuncio del interventor del PAMI, Bramer Markovic, de privatizar las prestaciones médicas que aún brinda el Instituto, deshacerse de las prestaciones sociales y despe­dir entre 4 mil y 6 mil trabajadores, ha creado una verdadera conmoción en todo el país. Movilizaciones de trabajadores de PAMI y jubilados, con cortes de calles y la ocupación de algunas sedes de Capital y conurbano por los jubilados que se quedan sin prestaciones, han ganado los medios de comunicación y son apo­yadas por el grueso de la población.

El proyecto ‘de Markovic’, un hombre del Consejo Empresario, para ‘poner en caja’ la obra social, ha sido diseñado totalmente por el Banco Mundial, que financia y monitorea directamente el operativo (tienen oficinas en el PAMI). Inclu­ye, en primer lugar, contratar con prestadores privados la atención de médicos de cabecera, el servi­cio de ambulancias y los medica­mentos para pacientes ambula­torios, prestaciones que hoy brinda directamente el Institu­to. Los privados prestan, actual­mente, servicios de internación, es­pecialidades y estudios y tratamien­tos de alta complejidad. Markovic estima contratar todo el paquete por 30 a 40 pesos mensuales por afiliado (cápita), lo que redundará en un fuerte recorte de la cantidad y cali­dad de la atención. En segundo lu­gar, transferir a la Secretaría de Desarrollo Social, todas las presta­ciones sociales que hoy se otorgan. A saber, subsidios económicos para necesidades básicas de los más carenciados; comedores y bolsones de alimentos para jubilados de haber mínimo (Programa Pro Bienestar), cobertura médica para mayores de 70 años sin cobertura social y de escasos recursos. Se desconoce con qué recursos, la Secretaría de Ama­deo cubrirá esas prestaciones.

Con estas medidas, más la liqui­dación de los Policlínicos propios de Rosario, la transferencia de 6.000 empleados, médicos y asistentes so­ciales al Fondo de Reconversión La­boral (despidos) y la renegociación de contratos con prestadores médi­cos y farmacéuticos, piensan reducir a 150 millones el gasto actual de 235 millones mensuales (Clarín, 26/10). El ‘ahorro’ irá al pago de la deuda pública. Una transferencia neta de 30 millones mensuales del bolsillo de los trabajadores a las arcas de los pulpos acreedores y la privatiza­ción global de la obra social. El ‘factor de ajuste’, el deterioro de la atención médica de los jubilados y la fuente de trabajo de 6.000 familias trabajadoras.

Maniobra

Como producto de la agitación popular creada y la crisis política general, el gobierno dio marcha atrás en la eliminación del Pro Bien­estar y los subsidios económicos. Esto ha sido visto como una manio­bra para disipar el choque con los jubilados y avanzar con los despidos. Asambleas autoconvocadas de los trabajadores de PAMI, ‘acompa­ñadas’ por los gremios (ATE, UTI, UPCN), han convocado a una nueva movilización, junto con los jubila­dos, para el miércoles 13.

A no engañarse, cualquier sus­pensión de las medidas de la Inter­vención menemista es transitoria, aun tratándose de una ‘impasse’ política, debida al choque de frac­ciones del gobierno, de la burguesía y de la burocracia cegetista en tomo a la captura del negocio de las obras sociales. Hay que extender la lucha. No esperar a los despidos. Por un plan de lucha de trabajadores y jubilados hasta echar a Marko­vic la intervención »enemista del PAMI. Fuera el Banco Mun­dial y el Consejo Empresario. De­fensa de la atención integral de los jubilados. Abajo la privatiza­ción.

Se necesita una respuesta de con­junto, la voluntad existe, la población acompaña. Asambleas autoconvo­cadas y de los gremios. Elección de delegados en todos los lugares de trabajo, para organizar un Congreso de delegados de Capi­tal y Gran Buenos Aires de traba­jadores y jubilados, que organice el plan de lucha.