León Carlos Arslanian, integrante de la Cámara Federal que juzgó a las juntas militares, y Julio César Strassera, fiscal del juicio a las juntas, fueron los ultimos en incorporarse al listado de los que aseguran que los desaparecidos no pasan de 9.000 personas.

Aún bajo la dictadura, sin embrago, en diciembre de 1977, fue dado a conocer “un informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, elaborado por entidades norteamericanas y presentado al gobierno por el secretario de estado, Cyrus Vance, durante su reciente visita al país”, en el que figura “un listado de 7.500 personas detenidas o desaparecidas, entregado en manos de Videla” (“Tribuna por las libertades democráticas”, Política Obrera, 28/12/77). Habían transcurrido apenas 18 meses de dictadura militar.

Revelaciones recientes, surgidas de los documentos desclasificados del Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University de Estados Unidos, indican que “los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún faltaban cinco años para el retorno de la democracia”. La información fue aportada por militares y agentes argentinos que operaban desde el Batallón 601 de Inteligencia a sus pares chilenos, a fin de informar al gobierno de Santiago y “coordinar secuestros con argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños”, entre otros. La información reveló la existencia de “listas de muertos oficialistas y no oficialistas, es decir supuestamente caídos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y clandestinos” (La Nación, 24/3/06).

Christian Rath