Tras la presentación del decreto de Macri que introduce a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, la oposición del PJ y compañía manifestaron su disconformidad con el hecho de que semejante reforma no pasase por el Congreso.

No tardó en revelarse que el reclamo “democrático” era la tapadera para un operativo reaccionario, que buscaba dar fuerza de ley al salto represivo del macrismo: el bloque del Frente Renovador de Sergio Massa, por caso, ha presentado un proyecto en este sentido, que incluso le da un alcance todavía mayor a la resolución gubernamental.

Donde el decreto de Macri permitía la intervención de los militares ante “riesgos internos”, definidos difusamente para habilitar el despliegue de las fuerzas armadas contra cualquier movilización popular, el proyecto del FR de “Ley de Seguridad Ampliada y Atribuciones Subsidiarias de Defensa” puntualiza una lista de posibles acciones de los militares en materia de seguridad interior.

De aprobarse, las FFAA podrían actuar en “asistencia, colaboración, investigación e intervención en materias de sanidad, siniestros, defensa civil, desarrollo nacional”, en “campañas y misiones humanitarias” y, por si algo quedaba afuera, en “cuestiones de utilidad pública e interés social”. Dentro de este campo amplísimo, se especifican labores caras a los capitalistas, como es el “control, vigilancia, preservación y aseguramiento de los recursos naturales del país” para las megamineras y las petroleras contaminantes, que afectan a las poblaciones de la Cordillera y expulsan a campesinos y pueblos originarios de sus tierras, con el respaldo de los gobiernos de turno.

En las antípodas de la movilización popular contra el decreto presidencial, la ley massista dice “Sí a los militares en las calles”, incluyendo entre las funciones del Ejército la aprehensión de “quienes se encuentren en curso de delitos flagrantes”, “el patrullaje”, “el peritaje y vigilancia” y el “registro de personas y pertenencias”. La legislación también habilita que el gobierno de turno disponga para las FFAA tareas de “inteligencia asignada específica” –con lo que podrían recrearse iniciativas de infiltración en organizaciones populares, como fue el funesto Proyecto X del kirchnerismo. Massa ya había agitado esta iniciativa durante la campaña presidencial de 2015, cuando intentaba asimilarse al ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, quien aplicó la “tolerancia cero” policial contra pobres, negros y activistas –lo cual no fue impedimento para su posterior alianza con la “progresista” Margarita Stolbizer. 

Antecedentes 

En esa misma contienda, cabe recordar, el candidato K Daniel Scioli –también amparado en “la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico”– prometía un “blindaje” de las fronteras, para la cual crearía una “Agencia Federal especializada” formando 100 mil nuevos efectivos. Con justicia, Scioli presentaba esas iniciativas como una continuidad del operativo “escudo Norte” del kirchnerismo (lanzado en 2011 y extendido hasta diciembre de 2017) que incrementó la presencia de uniformados y equipos militares en las fronteras noreste y noroeste de Argentina, y que ahora Macri busca relanzar apoyándose en su nuevo decreto. En el medio, el Escudo Norte fue prorrogado por el entonces ministro de Defensa Agustín Rossi, el mismo que hoy se presenta como un vocero de la “oposición K” a la militarización de Cambiemos. El gobierno kirchnerista pavimentó este curso represivo con el despliegue de soldados en las villas con supuestos objetivos “humanitarios”, la sanción de las leyes antiterroristas y el nombramiento del genocida César Milani al frente del Ejército. La rehabilitación política y material de los milicos ha sido anhelada por todos los gobiernos que se sucedieron al término de la dictadura.

Para el 7 de agosto la oposición han solicitado un pedido de sesión especial por la derogación del decreto macrista, que contará con varios proyectos. Mientras que el massismo acompañaría el suyo con la presentación del reaccionario proyecto de Ley de “Seguridad Ampliada”, Rossi ha colocado el propio como una defensa de la política desplegada en el área por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En oposición a ello, el proyecto de anulación que presentará el Partido Obrero-Frente de Izquierda denuncia tanto la acción del macrismo como sus antecedentes; y marca en sus fundamentos que el decreto “tiene como una finalidad profundizar la injerencia del Ejército y el resto de las armas en la vida política y social en el marco de la enorme ofensiva anti obrera pactada en el memorándum del crédito del FMI, y como materia preventiva ante luchas crecientes por parte de la clase trabajadora”. 

La acción parlamentaria del PO-FIT se opone a las componendas de los partidos patronales para hacer pasar el salto militarista, y busca reforzar al movimiento popular que deberá voltearlo –como lo hizo con el 2×1 a los genocidas de la dictadura.