El dato oficial de la inflación del mes de octubre, del 6,3%, contribuye a una acumulación del 76,6% en el año. Esto tiene una incidencia disímil en los principales actores sociales. Por ejemplo, el gobierno y las patronales pueden sacar –y sacan-provecho de esta situación, mientras que los trabajadores activos, jubilados, desocupados y precarizados padecen las consecuencias.

El gobierno

El gobierno, por ejemplo, dice combatir esta inflación, pero actúa en un sentido contrario, con la liberación y aumento de las tarifas de los servicios de luz, gas y agua; los aumentos autorizados a las empresas de medicina prepaga; los aumentos  en los combustibles, donde incide la política de la “nacional” YPF; la fijación de la tasa de interés y el endeudamiento público; los subsidios a los capitalistas; la devaluación y un largo etcétera.

Esto es así debido a las consecuencias del pacto con el FMI, pero el gobierno “hace negocio” con esta orientación, debido a que recauda en función de aranceles e impuestos que se ajustan de inmediato a los precios, pero gasta con recortes y/o presupuestos con proyecciones inflacionarias subestimadas o partidas subplanificadas.

Por ejemplo, la recaudación tributaria nacional mediada año contra año fue de un 117,03% contra un 83% de inflación y contra un gasto social que prácticamente empardó con la inflación. Una gran parte de esta recaudación depende del impuesto al consumo (IVA), en las provincias Ingresos Brutos o en CABA el ABL, que Larreta acaba de indexar a la inflación.

Además, retacea las actualizaciones salariales, muchas de las cuales se encuentran por debajo de la inflación, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, sacando provecho por doble partida.

Las patronales

Los capitalistas, por su parte, cuentan con la “facultad” de trasladar toda incidencia en sus negocios directamente a los precios. Es lo que ocurre con los aumentos salariales, donde las patronales remarcan el producto final para trasladar el incremento, volviendo a impactar sobre los bolsillos de los trabajadores. Además de actualizar los salarios por detrás de la inflación o, en caso de empatar, sacar provecho del retardo en las actualizaciones.

Estas mismas patronales también operan como generadoras de inflación –con la participación necesaria del Estado- al imponer precios internacionales o incorporar “expectativas de mercado” en los precios de comercialización. Y cuentan con diversos negocios con el Estado, donde la banca y el capital financiero hacen negocios con los bonos y títulos indexados a la inflación.

Los trabajadores

Para el trabajador y la trabajadora la cosa es más complicada ya que no participa en la asignación de recursos del Estado ni en la fijación de precios de las patronales. La inflación los golpea directamente ya que merma el poder adquisitivo del salario, el cual depende de las negociaciones salariales donde, en la mayoría de los casos, una burocracia sindical pacta a espaldas del colectivo obrero aumentos escalonados y por debajo del ritmo de los precios.

Así, los trabajadores deben esmerarse en obtener una paritaria que compense lo perdido en el pasado y que cubra lo que se viene, con una fuerte oposición el gobierno y las patronales a establecer cláusulas de indexación y actualización mensuales y/o periódicas.

Por ejemplo, para septiembre del 2021 el salario promedio según el Ripte alcanzaba los $94.157,71 y actualmente asciende a $165.421,01 (septiembre), lo que deja una variación interanual del 75,69%, contra la inflación el 83% para el mismo periodo.

Trabajadores precarizados y desocupados

Para el sector de trabajadores precarizados y desocupados la situación es más compleja ya que incluso carecen de paritaria y es el Estado, con las patronales y la burocracia sindical y de las organizaciones sociales oficialistas la que determina la evolución de sus ingresos.

Para octubre del 2021 el salario mínimo fue fijado en $32.000, llegando ahora  a $54.550, lo que totaliza un aumento del 70,47%. Se trata de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, sin embargo es donde el gobierno más ajusta.

Para todo el sector precarizado o que trabaja en la informalidad la situación oscila entre esta realidad y la de los trabajadores registrados, con aumentos inferiores a estos últimos y sin cobertura social, previsional, ART, etc.

Trabajadores jubilados

Las y los jubilados, en cambio, dependen de la movilidad jubilatoria impuesta por el actual gobierno, la cual evoluciona según la recaudación previsional y los salarios del Ripte. Con esta lógica la jubilación mínima pasó de $25.922 en septiembre del 2021 a $43.353 en la actualidad: un aumento del 67,24%.

La clase trabajadora utiliza casi la totalidad de sus ingresos para consumo, particularmente de alimentos, lo que la hace más vulnerable a la inflación. No así la clase capitalista y sus gobiernos, que tienen capacidad de inversión y otro tipo de gastos.

De esta forma uno puede apreciar cómo el gobierno y las patronales salen airosos de los efectos de la inflación, incluso sacando provecho, mientra que la clase trabajadora padece las consecuencias de una orientación de ajuste en provecho del capital financiero y los grandes capitalistas.

https://prensaobrera.com/sindicales/conferencia-de-prensa-de-residentes-y-concurrentes

https://prensaobrera.com/internacionales/multitudinaria-marcha-en-defensa-de-la-salud-publica-en-madrid