Este jueves 2 a la madrugada balearon una sucursal de la cadena de supermercados perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, que tiene larga tradición en Rosario. Con certeza el mensaje mafioso buscó ganar impacto público y lo cumplió con creces, con la noticia llegando a la prensa internacional.

El mensaje “Messi, Javkin no te va a cuidar, también es narco”, motivó declaraciones de todos los niveles políticos y una movilización de distintos funcionarios a Rosario, que no suelen pisar la ciudad. Sin embargo, ninguno de ellos pudo precisar de dónde provino el ataque y qué lo motivó. Los dardos a Javkin remontan la denuncia de que la Municipalidad de Rosario otorgaba cajas de alimentos a Los Monos, tema que quedó sepultado con el incendio intencional de las oficinas de Desarrollo Social de la ciudad, como constataron los bomberos el año pasado.

El testimonio de la balacera lo aportó un vecino y de las cámaras de seguridad solo surgió que quienes efectuaron los disparos fueron dos personas en moto. Veremos si el relieve de Messi logra el esclarecimiento respecto de las responsabilidades materiales e intelectuales, o como sucede generalmente, quedan en la impunidad del Estado.

Una masacre con las fuerzas de seguridad como protagonistas

Se estima que en lo que va del año hubo un asesinato cada 21 horas en Rosario a manos de bandas narco. La ciudad cuadriplica la tasa de homicidios nacional. Las balaceras se concentran en los barrios donde vive la población pobre, se producen a cualquier hora del día y han convertido a estas zonas en ghettos inhabitables, con familias atrincheradas detrás de colchones que cubren ventanas y puertas, sin poder siquiera salir a sacar la basura para evitar ser baleados y que les usurpen las casas para convertirlas en bunkers.

Los barrios copados por los narco son los mismos desde hace más de una década (Empalme Granero, Nuevo Alberdi, 7 de Septiembre, Santa Lucía, Villa Banana, Cristalería, Parque Casas), lo que no motivó ninguna acción de los sucesivos gobiernos frente a un fenómeno tan arraigado y que involucra a todo el régimen político. Estos barrios carecen de todo tipo de urbanización, concentran a los desocupados, subocupados y precarizados, y tienen como gran enemigo de la seguridad pública a la Policía de Santa Fe, que utiliza su poder para regentar zonas liberadas para el delito.

El involucramiento de las fuerzas de seguridad en el gran delito es sistemático, especialmente entre los jerarcas y en los organismos creados específicamente para combatir el narcotráfico. Es la propia policía la que provee el armamento a las bandas, lo que motivó el desplazamiento de Emilce Chimenti como Jefa de la Policía de Santa Fe bajo la gestión Perotti, cuando encontraron a su hermano –policía de criminalística- revendiendo las armas incautadas en los operativos.

Esta asociación ilícita entre las policía y los narcos también existió bajo el gobierno del Frente Progresista (PS+UCR), historial en el que resaltan los nombres del jefe de policía Hugo Togniolli o el de Alejandro Druetta, a cargo de la exdivisión Drogas Peligrosas, condenados ambos como cabecillas de las bandas. Quienes piden un reforzamiento represivo, quieran o no, piden reforzar el narcotráfico.

Aníbal Fernández, ministro protector de narcos

Frente a esta crisis, la estrategia inicial de Aníbal Fernández fue acotar el problema de los homicidios al ajuste de cuentas entre bandas. El dos veces ministro de Seguridad de la Nación bajo el gobierno de CFK, y ahora de Alberto Fernández, se puso en contra de toda evidencia para zafarse de sus responsabilidades políticas directas. El ataque a la familia de Messi lo deja al desnudo, pero la farsa que intentó montar empezó mucho antes y es una afrenta al listado luctuoso de víctimas de la clase trabajadora.

Fernández dictamina ahora que “ganó el narcotráfico”, omitiendo el hecho central de que él es el máximo responsable de la seguridad en Argentina. Para cortar el hilo por abajo, desplazó al responsable del “Comando Unificado”, Ricardo Castillo, un gendarme a cargo del organismo responsable de coordinar la intervención de las cuatro fuerzas policiales -provinciales y federales- que están apostadas en Rosario “para combatir al narcotráfico”: Policía de Santa Fe, Gendarmería, Policía Aeroportuaria y Prefectura.

En 2019, Castillo fue acusado en una causa por proteger una red de narcotráfico que operaba entre Salta y Bolivia, por la cual quedó preso un capitalista del transporte del país vecino y fue condenado el exjuez federal de Orán, Raúl Reynoso, a 13 años de prisión. Este grave antecedente se coló en el acto de designación de Castillo, en el que participaron el intendente de Rosario -el radical Pablo Javkin-, el intendente de Santa Fe capital -Emilio Jatón del Partido Socialista- y el gobernador peronista, Omar Perotti. La aclaración que se dio in situ en boca de otro gendarme, consistió en decir que Castillo fue “víctima de una denuncia anónima” y que fue absuelto (La Capital, 6/5/2022). Pero lo cierto es que aunque no fue condenado tampoco ha sido declarado inocente.

“Santa Fe registra la mayor cantidad de presos de su historia”

Apurado por el ataque a la familia de Messi, Omar Perotti reunió a la Mesa de Seguridad, que agrupa a algunos familiares de víctimas de la inseguridad y al intendente Javkin. De la última reunión, la única medida que trascendió fue el apoyo del gobernador del Frente de Todos a la baja de la edad de imputabilidad de los menores, que es uno de los ítems de la agenda de reforzamiento represivo que agita la derecha.

De cara a las elecciones, es evidente que no quieren regalarle este eje a Juntos por el Cambio, cuya campaña para darle más poder de fuego al Estado les permite diferenciarse de su apoyo a la agenda de ajuste, sometimiento al FMI y ataque a los derechos de los trabajadores, que comparte con el gobierno nacional peronista.

Pero toda la evidencia refuta esta orientación. Según un informe elaborado por el Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad provincial “(al 2021) Santa Fe registra la mayor cantidad de presos de su historia y el 44,7 % de los detenidos en establecimientos provinciales no tienen condena”. El crecimiento sostenido de la población carcelaria no abona la metáfora de “puerta giratoria”. Por el contrario, prácticamente la mitad de las personas privadas de su libertad está encarcelada sin condena. Lo que es caracterizado por especialistas como una “sobretasa carcelaria” no redundó, como está a la vista, en el desmantelamiento de ninguna red narco.

Por el contrario, el crimen se organiza desde adentro de las cárceles, ya sean provinciales o federales. Según el reciente informe de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) “Análisis institucional sobre el fenómeno de la narco-criminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios”, al menos 19 jefes de bandas narco -entre los que figuran los Cantero, Funes, Ungaro, Estrada González (de la-Villa 1-11-14)- siguen organizando activamente la venta de drogas, extorsiones, asesinatos, secuestros, desde dentro de los penales de Ezeiza, Marcos Paz o Piñero, en colaboración directa con el Servicio Penitenciario. Pese a que existe una ley que prohíbe el uso de celulares dentro de los penales estos se usan gracias a la contribución del personal carcelario.

Defendamos a la juventud

Quienes proponen someter a la juventud al hacinamiento, los vejámenes y las torturas no están planteando ninguna medida real para terminar con el narcotráfico, al contrario, proponen medidas que refuerzan el sometimiento de la juventud al delito que está enquistado en el corazón del Estado.

Esta campaña contra la juventud contribuye a proteger a los capitalistas del narco: los que lavan el dinero en las financieras del centro con el “dólar banana”; en el juego legal y en el clandestino; en las megatorrres y las inmobiliarias; en las concesionarias de autos; en las playas de estacionamiento; comprando granos en negro para venderlos en blanco en la Bolsa de Comercio de Rosario; los que apalancan la exportación de granos con la de cocaína de alta calidad, desde los puertos privatizados de Rosario y San Lorenzo, a Europa.

Se omite el hecho brutal de que muchos pibes que entran a la cadena narco fueron antes reducidos a una situación de servidumbre, parecido a lo que sucede con las víctimas de trata, donde las jerarquías de las organizaciones criminales -que funcionan como verdaderas empresas- inventan deudas y hasta le roban el DNI a los pibes, como está documentado en varias causas judiciales que ha dado a conocer la prensa (“Quién cavó esas tumbas”, Martín Stainovich).

El pibe que termina encerrado en un bunker 12, 24, 36 horas, sin agua, ni comida, ni aire, llegó allí luego de atravesar un calvario, que no empieza en el circuito del consumo sino mucho antes, por la miseria, la falta de perspectivas en la vida y saber que no tiene un futuro, todos factores que también pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas ilegales, que a su turno atan a la juventud a una cadena de extorsiones, que en el extremo siempre regentean los dueños del poder para engordar sus “cajas negras”.

Luchemos por una salida de lxs trabajadorxs

El narco Estado no va a desmantelarse a sí mismo. Por eso la clave pasa por la organización independiente de los trabajadores y de la juventud contra un régimen narco, contra sus punteros y sus políticos, que tiene en Santa Fe una asociación directa con el régimen sojero. La lucha por el acceso a la educación, a las becas, al trabajo genuino, por la vivienda, el deporte y el derecho al ocio, es el camino para desarrollar esa organización, como lo viene haciendo el Polo Obrero, que forma parte de una historia de lucha de las organizaciones sociales combativas que son el verdadero contra poder del narco Estado.

En esa organización la juventud es rescatada de caer en las redes y terminar siendo carne de cañón de un negocio que a nivel internacional crece, como la marca la propia ONU, evidenciando que cada vez más está legalizado como mecanismo de recomposición de la tasa de ganancia de un capitalismo en declinación.

La lucha por la urbanización de los barrios, por el ingreso de colectivos, para que haya centros culturales y deportivos forma parte de un programa de medidas transitorias que choca de frente con el ajuste del FMI. Los que proponen recortar los programas sociales solo le ofrecen a la juventud empobrecida “cárcel o bala”, el latiguillo del descompuesto Espert que sin embargo impulsa una amplia gama de partidos políticos del sistema, incluido parte del peronismo. Los que quieren más penas, refuerzan el mecanismo extorsivo que tienen las fuerzas represivas sobre la población subyugada.

Solo una fuerza política verdaderamente revolucionaria va terminar con la Hidrovía privatizada, que es la gran palanca económica que hace de Santa Fe y sobre todo del Gran Rosario (Rosario y San Lorenzo) un enclave estratégico para la exportación de cocaína. En nuestra campaña electoral tenemos que plantear con fuerza la nacionalización de los puertos privados y su puesta bajo control obrero. La nacionalización de la banca y la estatización del casino, el fin de la especulación inmobiliaria, medidas igualmente necesarias para terminar con este flagelo. Y en esta campaña anticapitalista y socialista es que tenemos que desnudar la raíz económica del narco que no piensan ni rozar los que vienen gobernando, avanzando con la organización real y concreta de las víctimas, para que dejemos de serlo.

Obviamente partimos de la despenalización del consumo de drogas, pero necesitamos un programa de salida integral, que va mucho más allá.

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