El Ministerio de Agroindustria informó que ha cesado todo conflicto con Monsanto al darle la razón a la empresa en todo lo concerniente al control de granos.

 

Después de varias manifestaciones de funcionarios nacionales del Ministerio de Agroindustria sobre que Monsanto no puede realizar controles sobre los granos, incluso llegando a sacar resoluciones como la 140/16, en donde planteaba que “los sistemas de controles de los granos deben estar autorizados por el Estado”, y que, por lo tanto, Monsanto debía abstenerse de realizarlos, vino la rendición. El ministro de Agroindustria informó el cese del conflicto con la multinacional de las semillas, tomando la entera responsabilidad de efectuar ese control, a través del Instituto Nacional de Semillas (Inase), sobre los granos remitidos a puerto o a acopios, a cuenta de Monsanto (La Nación, 23/6).

 

La resistencia del gobierno fue un amague previo a la capitulación. Hoy se anuncia que las empresas privadas no tendrán que efectuar controles, a costo propio, sino que el Estado asume ese trabajo y le brinda sus resultados para que, en los casos que se detecte utilización de sus semillas elaboradas con su denominada Tecnología Intacta RR2 PRO, que supuestamente da un mayor rendimiento, Monsanto pueda iniciar acciones para que ese productor deba pagar por ese empleo.

 

Así se ve cristalizada la exigencia de Monsanto y del resto de las empresas semilleras de cobrar regalías compulsivamente con el apoyo y costo total por parte del Estado.

 

Las entidades del campo (SRA, CRA y FAA) habían denunciado como abusiva y arbitraria la pretensión de Monsanto al cobro compulsivo de las regalías, llegando a plantear bloqueos a las terminales portuarias, argumentando que se pretende restaurar una retención de carácter privado. Hoy son parte del acuerdo, dejando a la deriva los derechos de los productores asociados.

 

Pero la cosa no termina aquí, el gobierno también se comprometió con estas empresas a enviar en agosto a la Cámara de Diputados un anteproyecto para actualizar la ley de Semillas vigente desde 1972. No se saben sus términos, pero sí el compromiso de establecer el cobro por regalías como pretenden los semilleros. Es decir, un triunfo en toda la línea para Monsanto y las empresas multiplicadoras de semillas (Clarín, 23/6).

 

Pese a estos anuncios, Monsanto -que tenía firmados miles de contratos con productores y a partir de la decisión gubernamental, debía comprometerse a dejar sin efecto los mismos- ha anunciado que los va a retirar cuando vea la marcha exitosa de los controles a cargo del gobierno. Una mojada de oreja.

 

El rol asumido por el gobierno a través del Inase consistirá en efectuar los controles y si detecta tecnología Intacta en los granos analizados, le exigirá al productor que demuestre el pago de esa tecnología; si no lo hizo lo sancionará, publicando su nombre en la web del Inase y luego Monsanto podrá reclamarle por su canon. Una metodología que evita el cobro compulsivo en puerto, adoptado bajo el gobierno CFK, pero viabiliza el reclamo de Monsanto.

 

La lucha contra Monsanto y la dictadura de los semilleros plantea el rechazo a la modificación de la actual ley de semillas para incluir el pago de regalías y una reorganización social del campo. Esto supone un centro de investigación y producción de semillas en manos del Estado y bajo control de trabajadores y técnicos, la nacionalización de los latifundios y el arrendamiento en favor de cooperativas y campesinos y trabajadores sin tierra.

 

La industria de ingeniería genética capitalista no pretende hacer más productiva la agricultura ni acabar con el hambre, sino generar mayores ganancias para el capital. El productor es cada vez más rehén de un “paquete tecnológico” que le insume una mayor porción de su renta y que, en un punto, se convierte en confiscación lisa y llana. A no ser que sea parte del capital financiero que se ha erigido en la potencia dominante del “campo”. 

 

Cuando vino a la Argentina, uno de los reclamos estratégicos de Obama fue “resolver el tema Monsanto”. Así se ha hecho.