18/11/2021

Garbarino se presentó en concurso preventivo y busca “achicarse” a bajo costo

Días atrás envió 1.800 telegramas de despidos a más de un tercio de su personal.

La empresa Garbarino continúa su ofensiva antiobrera, presentando ante la Justicia el concurso preventivo de quiebra para poder “rescatar” su negocio liquidando deudas e indemnizaciones a bajo costo.

Esto ocurre días después de que la empresa enviara 1.800 telegramas de despido a un número importante de su plantel de empleados, que integran las distintas divisiones de la empresa (Garbarino, Compumundo, Digital Fueguina, Tecnosur, Garbarino Viajes y Fiden), contrariando la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo.

Por esta vía, el empresario Carlos Rosales busca liquidar parte del negocio a costos reducidos, para lo cual ahora se vale de una deuda que ascendería a los $10.000 millones y la responsabilización de la pandemia, ubicando el bajo rendimiento económico como un efecto de una “fuerza mayor”, ajena al negocio habitual, bajo lo que la empresa reclama pagar indemnizaciones al 50%.

Reestructuración patronal

Lo cierto es que Garbarino juega la carta del negocio en quiebra, pero se niega a abandonar el juego. Algo de esto salió a la luz cuando la patronal coqueteaba con la idea de vender el negocio y llegó a supuestas negociaciones avanzadas con el empresario Facundo Prado, que concluyó con la declinación de la propuesta por parte de Garbarino y la búsqueda de otros esquemas de inversores que mantengan la posición actual de Rosales.

Recordemos que Rosales, dueño de la aseguradora Prof –la actual se encuentra cuasi intervenida por la Superintendencia de Seguros- y protesoero del club San Lorenzo, compró el grupo Garbarino hace dos años. Hace 16 meses la empresa contaba con 246 locales y más de 4.300 empleados. Mientras que hoy viene de cerrar sus últimas 105 sucursales y reconoce solo una nómina de 850 trabajadores. En enero de este año, Rosales adquirió Radio Continental, y sus dos FM, y además mantiene inversiones en un hotel en Misiones y un restaurante en Recoleta.

La “iniciativa” de la patronal, que se presenta en concurso preventivo luego de largos meses de agonía, con ocho meses de salarios impagos, negociaciones “frustradas” y una autoliquidación del negocio por medio del cierre de las sucursales, busca reestructurar la empresa en base a un achicamiento de la estructura y plantel, y la conversión del negocio para hacerlo más competitivo.

Crisis económica y crisis social

El negocio de Garbarino, como el de otras empresas similares como Ribeiro, ha salido golpeado del último periodo por el deterioro en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, que impide el acceso al consumo de artículos electrónicos, línea blanca, electrodomésticos y demás. Según el IPC los precios de los electros crecieron un 250% en los últimos cuatro años, contra un 195% de inflación.

Las empresas que no han logrado adaptarse a esta situación han sido desplazadas por el crecimiento de negocios como Mercado Libre, que desembarcaron fuerte en electrodomésticos y electrónica durante la pandemia, con líneas propias como Electrónica Mercado Libre, y haciendo punta en los meses de confinamiento.

De allí que el proyecto de Rosales implique un achicamiento que pueda reconvertirse hacia un negocio que empatice con otro tipo de logística y estructura más versátil y rentable: es decir la liquidación de miles de puestos de trabajo, negocios e inversiones.

Respuesta obrera

La respuesta a esta ofensiva patronal viene gestándose desde un proceso de autoconvocatoria de trabajadores, que en muchos establecimientos decidieron permanecer en las sucursales y que ha producido diversas movilizaciones al gremio conducido por el burócrata Cavallieri y al gobierno.

De este segundo obtuvieron una reunión de la que incluso participó el presidente Alberto Fernández, a quien dirigieron su planteo de expropiación de las plantas productivas de Garbarino y absorción del personal restante en empleos del Estado, para lo cual no han tenido ninguna respuesta. La conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo oficia como un cepo a la intervención de los trabajadores, ante una patronal que la desconoce alevosamente y que no abona salarios hace meses.

Si la patronal pone ahora a disposición de la Justicia sus libros es porque ha actuado en consecuencia para obtener su cometido, liquidando el negocio sobre el cual reposa el presente y el futuro de miles de trabajadores.

Acompañamos el reclamo de los trabajadores por la defensa de sus puestos de trabajo, en un cuadro de reconversiones, ajuste y reforma laboral de hecho que imponen las patronales a la fuerza, con la complicidad del gobierno y la burocracia sindical. Por una salida que plantee la continuidad laboral y la defensa de los salarios de los trabajadores.

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