El día lunes 18 de mayo el bloque del Partido Obrero de General Godoy presentó un proyecto de ordenanza para cobrar de manera extraordinaria una "Tasa Extraordinaria a los Grandes Patrimonios" ante la crisis en la localidad profundizada por el coronavirus. El proyecto en cuestión plantea cobrar un 5% al patrimonio que vaya de los $20 a los $50 millones de pesos, un 9% al patrimonio que vaya de los $50 a los $80 millones de pesos y un 10% al patrimonio que vaya más allá de los $80 millones de pesos. Lo recaudado orientado exclusivamente al sistema de salud local, para comprar EPP (Elementos de Protección Personal) para el personal médico y hospitalario, insumos, entre otras cosas.

¿A quiénes afectaría esta imposición?

Nombraremos tres casos que podrían verse alcanzados por esta tasa. La cementera "Compacto" fue durante años proveedora de elementos para la construcción de la autovía de la ruta 22, un proyecto de millones de dólares. El año pasado, esta patronal quiso escriturar la tierra donde opera, que fue donada por el Estado en 1976. Cuando este cuerpo solicitó un libre de deuda se guardó a silencio.

Raúl Martínez, de la firma "Los Tres Puentes", ha monopolizado parte de la industria frutícola de la zona de Godoy, Regina y Huergo, y durante los últimos años ha sido investigado por lavado de dinero.

Por último, un caso que entraría en este impuesto es el del actual intendente de la localidad, Luis Ivancich, quien tiene su empresa de transporte Translai (Transporte Luís Ángel Ivancich), sumando a este rubro, durante el período, anterior el negocio inmobiliario. 

En este último caso no conocemos ninguna declaración jurada.

El punto es que más allá de las procedencias de sus patrimonios, en muchos casos se han incrementado gracias a la fuerza de trabajo de la clase obrera de la localidad, que hoy el Estado municipal no defiende y ataca judicialmente por el atraso de tasas. Se le perdonan impuestos a quienes los pueden pagar, y no se les exige “solidaridad” aun conociendo sus grandes patrimonios y sus negociados, y se los impone a quienes ya no pueden pagar más impuestos.

Para los vecinos desocupados o subocupados: apretadas judiciales



Durante los últimos días se ha conocido que mediante medios judiciales el Poder Ejecutivo local intima a las familias desocupadas o subdesocupadas (60% de la población) que se encuentran atrasadas en sus tasas municipales aun cuando es conocido el gran esfuerzo que han venido realizando en medio de la cuarentena. El Ejecutivo cree que deben esforzarse más y pagar, sino serán litigadas. El peronismo, que gobierna hace más de 20 años, ha aplicado una política de tarifazos contra el pueblo todos los años, y aun en épocas de pandemia no duda. Para poder hacer esto utilizó la anterior conformación del Concejo Deliberante, que votó mediante ordenanza litigar por atraso en las tasas municipales, lo que en los hechos hoy está sucediendo. Ante la crisis y el coronavirus, el poder Ejecutivo del Frente de Todos no suspende tasas, sino que obliga a pagarlas, criminalizándolas.

Los bloques del Frente de Todos y de Juntos Somos Río Negro en el Concejo, ante nuestro proyecto, prefirieron no darle curso y evitar un debate que puede traer cola, buscando el camino del diálogo con la patronal. Desde nuestro bloque defendemos la ley, porque además de darle sustento legal, evidenciaría patrimonios millonarios. De no hacerse así, se volverá a ver la manipulación y presión del ejecutivo y el lobby empresarial, que por historia siempre gobernó y tomó las decisiones, mostrando una doble vara.

Por un impuesto a los grandes patrimonios nacionales, provinciales, y por una "tasa extraordinaria a los grandes patrimonios" en General Godoy.