Aunque la justicia convalida que sean los concejos deliberantes de los municipios quienes seleccionen una terna para cubrir vacantes en los Juzgados de Paz de las localidades, lo que fue mencionado como una “tradición” en General Godoy, en realidad solo termina por convalidar la intromisión del poder político en el poder judicial, una constante en todos los gobiernos. Esto ocurre a nivel nacional, pero también en las provincias y en los municipios. De hecho en Río Negro, la renovación de dos miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), la máxima autoridad judicial de la provincia, está atada a la decisión que tome el senador nacional Alberto Weretilneck, líder político en la provincia de Juntos Somos Río Negro, y la gobernadora Arabela Carreras. La carta magna rionegrina determina que los candidatos al STJ son propuestos por la máxima autoridad del Ejecutivo provincial, al igual que un 25% del total de los miembros del Consejo. En General Godoy se dio el debate en el Concejo Deliberante a partir de la vacante de la suplencia en el Juzgado de Paz.

El debate

Desde la llegada de la propuesta del poder judicial de la provincia al Concejo Deliberante para iniciar el proceso de la selección de la terna en la vacante de la suplencia del Juzgado de Paz local, Gabriel Musa, concejal del Partido Obrero, un veedor de todo el proceso instó al resto de los bloques, el Frente de Todos y Juntos Somos Río Negro a hacer público lo que sucedía. Por otro lado expuso que no debía ser el Concejo Deliberante, poder político, quien seleccione jueces y fiscales. Propuso desde el primer momento realizar una elección popular para la vacante, una propuesta que incluso fue reconocida como ideal por parte del oficialismo.

En la historia de la localidad nunca se había hecho conocida una selección, un hecho que también el oficialismo señaló como histórico y que provocó que se inscriban 14 postulantes. Cabe entonces preguntarse cómo fueron las selecciones anteriores. Según los bloques de Todos y Juntos no había manera de salirse de lo dispuesto por la justicia, y se debía acatar que sea el propio Concejo Deliberante quien seleccione la terna. Qué criterios tomar para seleccionar tres de los catorce postulantes fue un debate dentro de todo el debate, que puso en dudas a los propios bloques que definieron elegir la terna. El solo “derecho” que aseguran tener no hace más que evidenciar que no se cuenta con ninguna formación previa para dicha selección. Incluso llegó a plantearse la selección por parte del oficialismo como para una vacante en una empresa privada, todo un dato del perfil que se le imprime al municipio.

La residencia de 3 años, uno de los requisitos no excluyente, y que generó cruces y polémicas en torno al domicilio de varios/as postulantes, para algunos casos se tuvo en cuenta y para otros no.

Primero los bloques de Todos y Juntos pensaron en realizar entrevistas personales a todos los postulantes, luego no hacerlas. Después se habló en preseleccionar a tres postulantes sin trabajo, y luego se dio marcha atrás. Finalmente se definió tener en cuenta para la terna la formación académica y laboral. La terna elegida fue: Anastasia Monteiro, Yanina Vejar y Mariela Fuentes.

Hay que mencionar que muchos otros de los postulantes también tenían lo que los concejales de Todos y el de Juntos seleccionaron, es decir, formación académica y laboral. Desde nuestro bloque señalamos el cambio de estrategia, es decir de argumentos, e hicimos un posicionamiento político. Dado que se había dado marcha atrás con todo lo debatido, señalamos que tanto Monteiro como Vejar son militantes peronistas; Vejar exconcejala peronista del Concejo Deliberante, y Monteiro esposa del actual presidente del Tribunal de Cuentas, también peronista. La idoneidad que varios afirman que se defendió se cae ante esta absoluta arbitrariedad. El poder político de turno en la localidad tiene esa “tradición” de elegir militantes.

Por jueces y fiscales electos por el voto popular

La propuesta del Partido Obrero de una elección popular fue defendida hasta el final, y aunque no fue tenida en cuenta (habría que modificar la constitución provincial) su impacto ha generado ecos que aún se escuchan en las calles, sobre todo cuando se piensa en dos de las tres preseleccionadas. Lo que sucedió durante todo el proceso debe llamar la atención de pueblo trabajador de General Godoy, porque mientras se defiende un proceso judicial en el poder político, seleccionando militantes y exfuncionarios, se procede de manera totalmente antidemocrática frente al resto de los postulantes y de quienes deberían tener los mismos derechos ante una vacante de este tipo.

Por jueces y Fiscales electos por el voto popular. Basta de intromisiones del poder político en el poder judicial.

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