La “privatización” de YPF arrojó a 3.000 trabajadores a la calle. Las cooperativas y sociedades contratistas que iban a trabajar por los nuevos dueños de YPF fracasaron por completo. Sobre un total de 20, las tres cuartas parte de ellas ya quebraron o se encuentran muy mal financieramente (en estas cooperativas los trabajadores volcaron sus indemnizaciones). A esta situación de enorme desocupación se suma el quebranto de los municipios de las zonas, que están despidiendo (Tartagal) o pagan con retraso. En la Municipalidad de Mosconi ya hay ordenanzas de “privatización de servicios” y de “retiros voluntarios”. En la destilería de Campo Durán (hoy Refinor) han despedido al 50% de los trabajadores.

El PJ y el PRS oficialista están agitando como vía de salida a esta enorme desocupación, la instalación de una “zona franca” que movilizaría inversiones privadas. Lo único concreto es que la historia de la “zona franca” apunta a instalar playones de depósitos para el negocio de importación-exportación y la completa indefensión legal de los trabajadores. Sin embargo, según señaló recientemente el economista Lavagna, “cuando las economías se abren y eliminan las restricciones a la importación o para las inversiones extranjeras, la zona franca pierde sentido”. Es decir que todo el asunto es puro verso.

Contra esta salida que plantean los partidos patronales de la zona, el PO de Mosconi está planteando un movimiento de lucha para imponer un seguro al parado; no a los despidos en los municipios; plan de obras públicas en base a un impuesto a las petroleras (en la actualidad la Pluspetrol, que se quedó con la YPF de la zona, sólo paga 6.000 pesos al municipio).