El proyecto de reforma constitucional de Jujuy impulsado por el gobernador Gerardo Morales implica un avance en las potestades represivas del Ejecutivo provincial, la judicialización de la protesta social y mayores prerrogativas y poderes para los cargos ejecutivos, en función de preservar los negocios capitalistas.

En el apartado correspondiente al “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, Morales intenta introducir reformas que avancen contra el derecho constitucional a manifestarse y peticionar ante las autoridades públicas.

El texto oficial plantea que “el ejercicio regular de los derechos no podrá afectar la tranquilidad y seguridad pública, ni ejercerse de manera violenta, o que impida, obstaculice, estorbe o altere el ejercicio de otros derechos”. También menciona la “reglamentación” del derecho a manifestarse, así como “la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta”.

Parte de la propuesta de reforma constitucional de @GerardoMorales, queda claro que el objetivo central es blindar los derechos de las multinacionales mineras y maniatar al pueblo para impedir los reclamos pic.twitter.com/SSLIBl3XtR

— Gabriel Solano (@Solanopo) June 2, 2023

Además, agrega la “responsabilidad política y jurídica de aquellos representantes y funcionarios públicos que incentiven, inciten, impulsen o promuevan, por acción u omisión,” dichas medidas, lo que implica un ataque, incluso, a la representación política electa y representante de dichos manifestantes.

Estos agregados intentan cristalizar una modalidad desarrollada por el gobernador Morales de persecución a los luchadores y activistas obreros y populares en la provincia, como ha ocurrido con la detención de Sebastián Copello (dirigente del Partido Obrero) y Juan Chorolque (MTR 12 de abril), y con varios allanamientos y detenciones arbitrarias contra dirigentes y luchadores sociales.

Al mismo tiempo que el gobernador Gerardo Morales intenta discutir esta reforma antiobrera una masiva movilización de docentes jujeños reclama en las calles asamblea del gremio y paro general contra el gobierno para enfrentar el ajuste.

Las prohibiciones que intenta Morales van de la mano de una reforma del Régimen Contravencional que intenta habilitar un procedimiento sumarísimo para las “faltas graves cometidas en flagrancia” que “perturben la paz social”. Morales quiere una “condena exprés” contra los trabajadores.

#AHORA #Jujuy Enorme movilización docente reclama asamblea y paro general, justo en los momentos en que @GerardoMorales pretende discutir la prohibición de la protesta en la reforma constituyente. pic.twitter.com/djv5IfSUs2

— Prensa Obrera (@prensaobrera) June 5, 2023

Lo de Jujuy debería ser un escandalo nacional. Gerardo Morales con su reforma convierte a la Legislatura y los Concejo Deliberante en una escribanía del Poder Ejecutivo.
Solo certificará un pedido del Emperador.

No hay más sistema parlamentario en Jujuy

— Sebastián Copello 🇵🇸 (@sebacopello) June 4, 2023

Es toda una línea de intervención contra quienes denuncian los salarios de hambre, la pobreza, la indigencia y la desocupación en la provincia, y que se organizan para obtener una respuesta del Estado y detener la ofensiva contra los trabajadores. Morales, en vez de dar respuesta a las necesidades, avanza intentando silenciar y acallar a quienes portan los reclamos de los derechos más elementales.

Más poder al Ejecutivo, más negocios privados

La reforma de Morales también intenta consagrar mayores potestades y prerrogativas para el Poder Ejecutivo con una cláusula de gobernabilidad que garantizaría la mayoría absoluta de la legislatura provincial y los concejos deliberantes al gobernador e intendentes ganadores, respectivamente. Además de anular la rotación legislativa cada 2 años, renovando el conjunto de la representación cada 4 años.

Se trata de un método que disuelve la división formal de poderes, y que cuenta con otras reformas accesorias que ubican a todas las funciones y organismos de control del Ejecutivo –Oficina Anticorrupción, Defensoría del Pueblo, etc.- en manos del propio Ejecutivo. Sumado a la ya característica dependencia de la propia Justicia provincial y su Suprema Corte.

También se amplían las libertades sancionatorias contra las minorías en los recintos deliberativos por “desorden en la conducta”. Así como se restringe la inmunidad de los fueros parlamentarios solo a la “libertad expresión” de los legisladores, pero no a la acción política de estos, como ya señalamos.

Mañana la Constituyente de Morales quiere discutir la prohibición de la protesta, mientras habrá un tremendo Paro docente en todas las escuelas.

Mamita. Piensan que con un papel escrito van a callar al pueblo. Ni las dictaduras pudieron #Jujuy

— Sebastián Copello 🇵🇸 (@sebacopello) June 5, 2023

Toda esta lógica es puesta al servicio de mayores libertades a la hora de habilitar el ingreso del capital extranjero para la explotación de los recursos naturales, como es el caso del litio, contraer deuda sin impedimentos del Poder Legislativo y defender los intereses patronales por sobre los de los trabajadores.

Esto último queda más que claro con la reforma respecto al derecho a la propiedad privada donde se elimina el párrafo que consagra restricciones sociales y sanitarias a su ejercicio, y donde se refuerza la penalización de la “violación al derecho de propiedad” por medio de la ocupación, facilitando la ejecución de desalojos contra ocupantes de tierras, inquilinos e incluso trabajadores en procesos huelguísticos.

El régimen que el gobernador Gerardo Morales intenta instaurar es manifiestamente contrario a los trabajadores explotados y amplía las potestades discrecionales del Ejecutivo para hacer pasar el ajuste y los negocios capitalistas.

El esmero puesto por Morales en consagrar una normativa represiva puntillosa no es utilizado de igual modo para consagrar el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, el trabajo, la salud, el ambiente, ni otros. Además, el violatorio de derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional y en los mismos Tratados Internacionales que la reforma dice suscribir.

El Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad se oponen a esta reforma constituyente antiobrera con la intervención de Sebastián Copello como constituyente y la convicción de que ningún avance de este tipo podrá detener la lucha de clases y el derecho a manifestarse.

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