El gobierno de Duhalde está en liquidación. El salto del dólar por encima de los 4 pesos ha dejado a todo el elenco oficial al garete. Hace menos de una semana el presidente del Banco Central y el Ministro de Economía coincidían en que el dólar por encima de los $2,50 y la falta de acuerdo con el FMI “inviabilizaban” todo el plan del gobierno. En el ínterin no sólo Bush sino un conjunto de alcahuetes que incluyó esta vez al brasileño Fernando Henrique Cardoso, reclamaron “drásticas y dolorosas” medidas de “ajuste”. Los voceros del gobierno norteamericano dejaron claro no sólo que la bancarrota argentina debía seguir su curso sino que, además, Duhalde “carecía de margen político para manejarla” (Clarín, 22/3).

La descomposición del régimen ha ingresado en una nueva etapa, cuando todavía no han pasado tres meses desde que Duhalde accediera a la presidencia. La completa impotencia del gobierno se muestra en el hecho de que comenzó abriendo el mercado de cambios con la promesa de los monopolios exportadores de liquidar sus divisas, a cambio de que el Estado les devolviera una deuda de 700 millones de pesos en dólares. Resultado: Bunge y Born, Dreyfus y demás pulpos exportadores están cobrando de manos del estado su deuda en moneda fuerte y no largan un mango porque reteniendo divisas suman ganancias siderales día tras día.

Negocios son negocios

El capitalista Pescarmona dijo hace no mucho tiempo que hasta en una guerra se pueden hacer negocios. La trepada del dólar fue estimulada por los propios bancos “fundidos” que son los que compraron los 1.000 millones de reservas que el Banco Central gastó en un mes (¡para bajar el precio de la moneda extranjera!). Así invirtieron la plata que les prestó … el propio Banco Central, a través de préstamos especiales (redescuentos).

Con recursos similares, un conjunto de bancos acaba de llevarse puesto estos días al Galicia. En el país del “corralito” aparecieron de un día para el otro 800 millones de dólares para transferir a nuevos dueños al derrumbado primer banco privado nacional; el mismo que por sí solo se tragó desde fines del año pasado otros 3.000 millones de pesos que le prestó … el Banco Central. Como garantía de la operación el Galicia colocó en un fondo especial (fideicomiso) sus mejores créditos; los mismos que se podrían haber utilizado –como en todos los bancos– para devolver centavo sobre centavo el dinero de los pequeños ahorristas, como lo señaló el Partido Obrero en enero pasado, desmintiendo el verso de que no había con qué entregar lo suyo a los depositantes.

El medio es el mensaje

El caso de todos modos ilustra sobre un proceso más general de descomposición económica que todavía no ha tocado fondo. La reestructuración de una economía capitalista en derrumbe es imposible sin un proceso de expropiaciones en cuya base se encuentran, por supuesto, los millones de trabajadores confiscados, con salarios miserables o desocupados y los ahorristas cuyos fondos secuestrados son los que pagan este desmadre.

Pero la expropiación se extiende a la propia clase capitalista, donde los tiburones disputan entre sí los despojos de su propia obra.

Esta pelea feroz sigue alimentando la monumental anarquía de la economía, donde han desaparecido los requisitos indispensables de la circulación mercantil capitalista: no hay moneda, no hay crédito, la cadena de pagos está disuelta, no existe una tasa de interés de referencia, el proceso de formación de precios y cálculo de las ganancias está desquiciado, la recaudación fiscal se hunde por la “rebelión” fiscal de los capitalistas. Pero el desastre es el medio mismo de la lucha intercapitalista y a la vez un intento por quebrar y desorientar a la población trabajadora. Por eso, como buitres detrás de un flamante cadáver, “varios fondos de inversión en EEUU y grandes corporaciones con sede en Brasil” están preparándose para “la verdadera kermesse comercial que desató la devaluación del peso, (interesados) sobre todo en compañías locales de gran tamaño, con problemas para cancelar sus deudas en dólares y… que hasta hace poco eran intocables para inversores extranjeros: Quilmes, Mastellone, Sancor, Perez Companc, Telecom, varios bancos privados de capital nacional y con participación de grupos europeos y hasta empresas proveedoras de gas y energía” (El Economista, 22/3). Metrogas acaba de anunciar el ‘default’ de 425 millones de su deuda externa (Financial Times, 25/3)

Duhalde, los bancos, la Corte… y la centroizquierda

Estamos ante un monumental remate de posiciones y activos en el cual el gobierno gira como un barco a la deriva. Es interesante observar en este panorama que el presidente de la “producción” y de la lucha contra la “patria financiera” haya concluido como un vulgar comisionista de los bancos. Nos referimos al planteo golpista que presentaron todos los bancos del país, reclamando que la Corte Suprema emitiera un urgente dictamen para liquidar todos los amparos judiciales en contra del corralito sin lo cual podrían producirse “graves consecuencias institucionales” (Clarín, 13/3). La clave del asunto es que el planteo de los bancos contó “con la pluma del constitucionalista García Lema, quizás el abogado más cercano a Duhalde y potencial candidato a ocupar un sillón en una hipotética nueva Corte” (ídem).

Por esto mismo el “duhaldismo desactivó el juicio a la Corte” (Ambito Financiero, 11/3) y se discute una “salida negociada” con el retiro pactado de tres miembros de la actual Corte. En la lista de quienes “renovarían” el tribunal se destacan el mencionado García Lema, del PJ y Gil Lavedra de la UCR, juristas del pacto de Olivos, es decir que arreglaron la continuidad de Menem con la venia de Alfonsín. Con la porquería consumada –y por supuesto en nombre de la justicia y la democracia– tendríamos como flamante tribunal superior a una entente menemo-duhaldo-aliancista. No es todo: entre los banqueros que firman la petición se encuentra el vicepresidente de una de las dos cámaras bancarias del país, que no es otro que Carlos Heller, promotor del Frenapo y financista de Izquierda Unida. Tenemos aquí un retrato perfecto de la estatura política de la burguesía argentina y de sus tributarios centroizquierdistas.

Viva el FMI

Sobre estas evidencias de adaptación sin límites, el FMI y el Departamento del Tesoro norteamericano le han reclamado a Duhalde lo que toda la prensa denominó las “condiciones políticas previas” para empezar a discutir la cuestión económica propiamente dicha.

Son dos cuestiones básicas.

Primero, el cese de la “persecución a los banqueros”. Estos han fijado un ultimátum frente a los recursos judiciales a favor de los ahorristas, los gerentes arrestados por negarse a pagar sentencias en firme y el proceso abierto por el juez Mariano Bergés por fraudes a los principales bancos del país y cuyos principales directivos están convocados a desfilar en la sede del juzgado. Luego de sepultar el juicio a la Corte, Duhalde partió a Méjico a asegurar que cumpliría a rajatablas con lo que consideró, textualmente, “razonables” exigencias del FMI. Por eso, ahora se afirma que mediante un decreto o acuerdo con la Corte se pondría término definitivo a los 100.000 recursos de amparo de los ahorristas y también a la ley de “subversión económica”.

La segunda cuestión “previa” es modificar totalmente la ley de quiebras, votada a principios de la gestión Duhalde, que suspendió por seis meses la ejecución de todo pedido de quiebra, permitía ciertas maniobras al deudor en convocatoria, limitaba la participación de los acreedores en un proceso de liquidación empresaria, etc. El reclamo formulado por el Fondo plantea con todo detalle la necesidad de otra ley que permita de hecho una rápida transferencia patrimonial de empresas en estado de quiebra, de modo tal que los nuevos dueños puedan rápidamente hacerse cargo del negocio. En una “Argentina empresaria de todo por dos pesos” (El Economista, ídem) esto equivale a la vía libre para una rapiña generalizada de los activos productivos, comerciales y financieros completamente depreciados.

Norteamericanización

Los intereses afectados no son sólo los de la burguesía nacional. Un punto decisivo en este contexto son las posiciones de los capitales españoles y europeos en general. Estos, en su oportunidad “primerearon” a sus congéneres yanquis en las privatizaciones de la era menemista. A pesar de la montaña de plata que acumularon (o precisamente por ello) las privatizadas fueron tomadas a contramano por la devaluación, endeudadas en el exterior, devaluadas en su patrimonio y con tarifas pesificadas. Los competidores yanquis quieren aprovecharse de esto para forzar su quiebra. Es una lucha de alcance internacional, porque las Telecom francesa e italiana (dueñas de la filial argentina) vienen de sufrir grandes pérdidas en sus países de origen. Ahora, ya ha trascendido que “Telecom Argentina no vale ni la deuda que tiene… (que) dejará de aportar fondos a la Argentina… (y que todo esto) puede conducir a que la empresa quede en manos de los bancos que poseen el grueso de la deuda” (La Nación, 22/3).

Por el lado de los españoles el panorama es parecido: “la solvencia empresarial se deteriora por la desaceleración económica y sobretodo por la crisis argentina, afectando a grupos tan grandes como Telefónica, Endesa o Repsol (El País, 27/3). Los yanquis por lo tanto, se preparan para una revancha histórica y vienen por todo. La telefónica norteamericana ATT ya se anotó en la carrera para quedarse con Telecom y para tener una punta adentro lo haría junto con Techint, uno de los grupos nacionales que pretende asociarse a la norteamericanización de la economía argentina aún en detrimento de sus amigos del “polo productivo”, otra prueba del enanismo económico y político del capital nativo. Hace un mes en estas mismas páginas dijimos que la más idiota de las suposiciones de Duhalde era que el Tesoro norteamericano pudiera financiarle, con un préstamo internacional, el jubileo a los capitalistas locales y a los bancos. Para el capital norteamericano la bancarrota argentina es una oportunidad para ejercer su derecho de acreedor sobre los activos nacionales y por eso necesita que la bancarrota llegue hasta el final y no detener su curso.

A dónde vamos

La demolición política del gobierno de Duhalde responde a este enorme proceso de desintegración económica. El problema es que un arbitraje político capaz de imponer una salida a esta situación plantea un golpe de fuerza capaz de disciplinar a las diversas fracciones de la burguesía y sobretodo liquidar o echar atrás el estado de rebelión social que recorre el país de los piqueteros y las cacerolas. Toda la situación lleva a los explotadores a un intento bonapartista para reconstituir la autoridad del Estado, de su propio poder. Expresa la necesidad del capital de reconstruir el orden vigente, es decir, el “clima necesario para que puedan trabajar los hombres de negocios” como señaló explícitamente el reciente enviado al país del Fondo Monetario.

Esta tendencia política objetiva encontró como obstáculo clave el levantamiento popular de fines de diciembre: ¿o no pretendió, acaso, encarnarla De La Rúa al decretar el Estado de Sitio y convocar a un gobierno de “unidad nacional”? (Dijimos entonces: “De la Rúa planteó el estado de sitio para ganarse a la clase media contra los “villeros” (ante la ola de saqueos a los supermercados). Evidentemente se equivocó. ¿Pero en que se equivocó?. En que no se había dado cuenta…que la clase media ya se había hecho piquetera desde unos días, semanas y hasta meses antes”, PO N_ 735, 28/12).

La anarquía económica, la megadevaluación y la hiperinflación no son sólo la evidencia de la crisis. Constituyen también un recurso para desmoralizar a las masas y, en ese escenario, imponer una recomposición de intereses en el frente capitalista, en el cual habrá ganadores y perdedores. Es por esto que el FMI reclama una salida de fuerza, un gobierno que actúe por decreto y reprima la protesta social, poniendo fin a la inestabilidad imparable del régimen político (Ambito Financiero –25/3– advierte que sin Estado de Sitio no hay salida). Esto, sin embargo, no resuelve qué sector capitalista puede comandar un operativo de esta naturaleza, una contradicción que, en conexión con el estado de rebelión popular que recorre a la nación entera, mina la perspectiva de cualquier variante golpista.

Asamblea Constituyente

El actual caos económico no es el resultado de haber eliminado la convertibilidad y el tipo de cambio fijo sin un plan previo, como sostienen los economistas “progresistas” del Plan Fénix y el Frenapo, todos ellos partidarios de la devaluación.

El antiliberal Ferrer, por ejemplo, acaba de proponer un plan que se basa en la eliminación del corralito a través de un acuerdo con los bancos y en mantener la devaluación del peso hasta un nivel de 1,40-1,70, “pactada” por otro lado con los exportadores para que devuelvan, a través de retenciones, todo lo que supere tal valor. Pero los exportadores, como señalamos al principio, están reventando las ya miserables retenciones anunciadas por Duhalde con la especulación en contra del peso.

En el punto en el cual nos encontramos no se trata de tal o cual medida económica sino de las “condiciones previas”, para usar las palabras del FMI, para que la crisis no la paguen los trabajadores. Sin nacionalizar la banca, las empresas privatizadas y el comercio exterior no hay posibilidad de ningún plan que revierta la expropiación económica en curso. Se trata de expropiar a los expropiadores, acabando con el interminable vaciamiento financiero y cambiario, devolviendo los depósitos de los pequeños y medianos ahorristas, confiscando los millonarios fondos de las corporaciones capitalistas, creando las bases para financiar un plan económico de salvación social y económica de la nación. Las Asambleas Populares y los piqueteros que reclaman tales “condiciones previas” en sus programas demuestran más sabiduría económica que todos los economistas heterodoxos y “antiliberales” que pululan en las tiendas centroizquierdistas.

Para que los piquetes y las cacerolas se transformen en una alternativa concreta de poder hay que oponer al gobierno en demolición de Duhalde y al golpe de Estado que le reclama el FMI, la reivindicación de “que se vayan todos”, de que una Asamblea Constituyente en la nación, las provincias y los municipios, se haga cargo del poder. Una consigna de poder, entonces, que ayudará a reagrupar a toda la población explotada en torno a un planteo político independiente de todas las fracciones de la burguesía, incluido los centroizquierdistas. Y que plantea, entonces, una alternativa que deberá conducir a que la necesidad de un gobierno de los trabajadores se abra paso en la experiencia política y de organización de los propios explotados.