El gobierno de Mauricio Macri no sólo incumple con la ley de resarcimiento a los exypefianos que fuera aprobada por el Congreso nacional a mediados de 2015, sino que se niega a brindar información de carácter público a la diputada Soledad Sosa, del bloque Frente de Izquierda-Partido Obrero. Así surge de los acontecimientos vividos en la mañana del martes.

Mientras los exypefianos –agrupados en la Coordinadora Nacional de Ex Trabajadores de YPF– reclabamaban una reunión con los responsables del área, Guillermo Garcia Eleisequi, subsecretario de Administración y Normalización, negaba la información que había solicitado la diputada Sosa por estar referida al proceso de pago de la ley 27.133, que ordena el resarcimiento económico a los ex trabajadores de la petrolera. El funcionario se negó a atender al grupo de trabajadores y tampoco contestó el requerimiento de la diputada Sosa, quien sólo obtuvo respuestas por parte de dos subcomisarios que oficiaron como voceros del subsecretario García Eleisequi. Para mayor gravedad, los policías federales se negaron a brindar su nombre a la parlamentaria y los trabajadores que exigían una reunión con los responsables del área para conocer el estado de situación de sus legajos de pago. Mientras tanto, la policía impedía la entrada al edificio del ministerio de Economía mediante forcejeos con personas que rondan en promedio los 70 años.

La negativa del gobierno a brindar información sobre la marcha de los pagos sólo quiere ocultar la inacción a que se ven sometidos los ex trabajadores de YPF, que ya deberían haber cobrado los resarcimientos según estableció la propia ley, que marca 120 días para el cumplimiento de lo establecido cuando ya ha pasado más de un año y medio desde que la ley se publicara en el boletín oficial. De los veinte mil beneficiarios a los que les corresponden los pagos en bonos sólo han cobrado hasta el momento alrededor de cuatrocientos.

“Están buscando dividir a un movimiento que conquistó esta ley con su lucha en todo el país”, explicó la diputada Sosa a Prensa Obrera. “Cumplir con esta ley implica aproximadamente $2.000 millones, cifra que no llega al 1 por mil de lo presupuestado para el 2017, además de que se trata de pagos en bonos. La prioridad de este gobierno es clara: primero paga a los fondos buitres y a los capitalistas amigos, mientras que para quienes vivieron de su trabajo, los ex ypefianos y los jubilados sólo ofrece ajuste e indiferencia. Seguiremos insistiendo con una pronta respuesta”.