16/07/2003 | 809

Gobiernos comunales para combatir la inseguridad

Todos estamos inseguros, el miedo impera y exige una respuesta inmediata. Nadie está seguro de mantener su trabajo, de sostener su casa, de poder hacer frente a una cuota hipotecaria. Nadie sabe si podrá mandar sus hijos al colegio o siquiera si comerá la semana que viene o el mes próximo. Y, por supuesto, nadie sabe si no será asesinado por algún ratero al salir de su casa o al volver a ella. Todos estamos en libertad condicional, la situación se ha hecho intolerable y cualquier discurso sonará absurdo si no se orienta a ofrecer una solución práctica a este estado de cosas que marca fronteras entre la vida y la muerte.

 

En estos casos, lo mejor es empezar por el final: cuando las propias autoridades admiten que las fuerzas de seguridad están corrompidas hasta la médula, que no sólo no combaten el delito sino que, en muchos casos, lo propician y lo organizan, queda claro que el desamparo de la población será completo hasta que esa misma población tome el problema en sus propias manos. Las movilizaciones y puebladas en Santiago del Estero, Arrecifes, Lanús Oeste, Wilde, Lomas del Mirador y Villa Ballester, entre muchas otras —que en todos los casos y cada una con sus particularidades terminaron apuntando contra la policía—, muestran que la organización comunal de las barriadas está en condiciones de ponerle coto al terror.

 

Y ahora sí busquemos al principio de las cosas, procuremos situar el problema para entender en toda su magnitud contra qué vamos.

 

Recordemos lo que se sabe

 

El jefe de la Bonaerense, Alberto Sobrado, fue obligado a renunciar al descubrirse que tenía en las Bahamas una cuenta no declarada de 330 mil dólares. Eso es menos que un vuelto en una fuerza donde oficiales como Mario «Chorizo» Rodríguez viven en casas valuadas en más de un millón de dólares. Y el hombre a quien el responsable de seguridad de la provincia, Juan Pablo Cafiero, propone para suceder a Sobrado, el comisario Frutos, es aún peor. Frutos es un defensor explícito de la «maldita policía» —nunca fue desmantelada ni mucho menos, como bien se vio en el Puente Pueyrredón— y el año pasado le envió a Eduardo Duhalde una carta abierta en la cual le decía que las reformas policiales obedecían sólo a motivos políticos.

 

Lo peor del caso era que Frutos no dejaba de tener alguna razón: Cafiero, Felipe Solá y Duhalde ya daban entonces muestras del gatopardismo que hoy es línea central del gobierno de Kirchner (cambiar un poquito de algo para que nada cambie), y se proponían organizar una cúpula policial y un equipo de comisarios leales al gobierno. Esos juegos de poder provocaron una guerra de mafias dentro de la Bonaerense que derivó incluso en muertes violentas, como el asesinato del comisario Etchegoyen y el atentado a tiros esa misma noche contra el oficial encargado de investigar el crimen.

 

«Es muy difícil poner en caja a la Bonaerense», declaró Duhalde por aquellos días.

 

¿Por qué es tan difícil? Por lo mismo que señalan los vecinos movilizados: la Bonaerense tiene una «caja recaudadora» alimentada por el narcotráfico, la prostitución, los desarmaderos de autos robados, el juego clandestino y los asaltos a bancos, por hablar sólo de los rubros mayores. Por eso los comisarios tienen cuentas secretas en las Bahamas.

 

En otras palabras: esa policía no está ahí para prevenir y reprimir el delito, sino para organizarlo. Ése es uno de los puntos de partida de la inseguridad.

 

Ahora, Cafiero guapeó el viernes 4 de julio delante de los 44 comisarios de mayor rango: «O dejan que Asuntos Internos les haga una tomografía de sus bienes y no ponen más excusas para trabajar o presentan su pase a retiro… Al que se ponga a hacer la plancha le voy a mover el agua para que se hunda… Tienen el fin de semana para pensar qué hacer» (Clarín, 6/7).

 

Luego, en declaraciones periodísticas, Cafiero añadió: «…estoy hablando de acciones rápidas, contundentes, ya» (ídem).

 

Es una película que ya vimos por lo menos dos veces, dirigida por Lugones primero y por Arslanian después. Los resultados los conocemos todos.

 

¿Qué hacer?

 

Los componentes del explosivo

 

En todos los casos, se sabe, hay que tomar con pinzas largas el resultado de las encuestas, en especial si las confecciona Clarín, un prototipo, aun más que otros diarios burgueses, de la mentira organizada sistemáticamente. Sin embargo, los datos que surgen de la consulta publicada por ese medio el domingo 6 de julio, hecha entre víctimas de algún delito en el conurbano, no dejan de ser interesantes.

 

De esa muestra se desprende que el 42,5 por ciento de quienes han sufrido esos hechos propone, para mejorar la seguridad, que descienda la desocupación y se aumente el presupuesto educacional (una y otra cosa, añadamos nosotros, van de la mano). En cambio, sólo el 12,4 por ciento ve la solución en mayores penas y más medidas represivas, y apenas el 2,9 quiere la pena de muerte. Otra franja importante (18,1 por ciento) exige más presencia policial en la calle.

 

Esto es: la población parece intuir por dónde debe buscarse el origen del problema.

 

Aclarado el punto, digamos que de ningún modo proponemos esperar que baje la desocupación y haya trabajo para todos, y dejar mientras tanto que sigan los asesinatos, los robos, las violaciones, y que aumente, incluso, el número ya insoportable de policías muertos.

 

De todos modos, el meollo del problema está claro y es conocido por las autoridades desde hace mucho: por lo menos diez años atrás, el gobierno bonaerense ya manejaba datos reservados sobre la confluencia explosiva de delincuentes expulsados de la policía con unos 250 mil jóvenes sin perspectiva alguna de trabajo ni estudio, cuyo único medio de vida ya era, definitiva y únicamente, el delito.

 

Por lo demás, cuando se le pregunta a Cafiero si hay mafias en la Bonaerense, responde: «Yo no he visto funcionar una estructura corporativa que tuviera un plan propio para aspirar al poder, que es una definición de mafia» (ídem).

 

En ese punto, sucede exactamente lo contrario. La Bonaerense es en sí y por sí una estructura mafiosa, parte del poder mafioso que gobierna la provincia, bien conocido además por la voz popular. Recuérdese en ese sentido, por citar sólo un ejemplo, que cuando el comisario Gutiérrez, de la comisaría 2ª de Avellaneda, comenzó a investigar por su cuenta los movimientos extraños que detectó en la aduana paralela lindante con su dependencia, fue asesinado a tiros a bordo de un tren por un suboficial de la Policía Federal.

 

Los desarmaderos de autos robados, protegidos por la Bonaerense, están habilitados por las municipalidades manejas por punteros políticos de los pelajes más diversos; el juego clandestino opera en locales abiertos, también con habilitación municipal; los prostíbulos publican avisos en los diarios y, según su nivel, tienen entre su clientela a comisarios e intendentes y suelen hasta esclavizar a las pobres mujeres que allí padecen (¡Aldo Rico en San Miguel!); y muchos funcionarios en el conurbano hacen la vista gorda frente a los «kioscos de merca» por donde oficiales de brigada pasan a buscar la recaudación, como ha llegado a saberse en sonados casos judiciales.

 

Ese entretejido entre delito, policía y poder político es, precisamente, la definición de mafia. Todo se hace peor cuando tenemos en cuenta que una parte de la «caja recaudadora» cubre necesidades operacionales de la propia institución. Entretanto, la policía llena estadísticas asesinando rateros, pibes desesperados y desahuciados que «salen de caño» para robar 20 pesos y no tienen resto para arreglar con la Brigada y conseguir «zonas liberadas».

 

Cualquiera que recuerde, por ejemplo, la masacre de Andreani, en Avellaneda, dirigida por «Chorizo» Rodríguez, sabe qué son los que en la jerga mafiosa se llaman «revoleos»; es decir, los asaltos preparados en común por delincuentes civiles y policías. Por supuesto, como en aquél caso, cuando algo sale mal se «borran archivos» y no queda nadie vivo, ni siquiera los rehenes.

 

La lista es demasiado larga, pero la deducción no tiene presenta mayores complicaciones: nadie puede «poner en caja» a la Bonaerense, salvo la movilización popular.

 

Por seguridad ya

 

Lo dicho sobre la Bonaerense podría repetirse, corregido y aumentado, respecto de la Federal, pero ya dedicaremos a ésta, por sus particularidades, una nota aparte.

 

Por ahora, recordemos que la organización popular contra el delito tiene antecedentes históricos cercanos y a ellos habrá que acudir para atacar el problema de manera inmediata y eficaz, tanto en la provincia como en la Capital.

 

En 1983, cuando la falta de obras contra las inundaciones dejó bajo el agua la zona de Quilmes, los vecinos organizaron patrullas armadas que recorrían las calles en lanchones para evitar que las pandillas policiales desvalijaran los domicilios. El vecindario contaba entonces que las cosas robadas en las casas se reducían directamente en la comisaría. Empero, la barriada les cortó el chorro. Algo muy parecido sucedió con las guardias vecinales cuando las inundaciones recientes en Santa Fe.

 

En los años 80, en José C. Paz, cansados de robos, los vecinos contrataron de su bolsillo guardias adicionales de policía ¿Qué sucedió? Los asaltos se multiplicaron. Reunido en asamblea, el vecindario decidió, en primer término, echar a esa policía corrompida y, de inmediato, organizaron patrullas propias, armadas y equipadas con silbatos a cuyo sonido todo el barrio salía a la calle. Así empezaron a ejercer, ellos mismos, el poder de policía.

 

Ahora, las puebladas permiten ir más allá, hacen posible que las asambleas se transformen en base de gobiernos comunales, barrio por barrio, para reorganizar aquellas patrullas y, sobre todo, ejercer un control estricto sobre las fuerzas de seguridad. En cambio, permitir que Gendarmería y Prefectura metan las patas en el conurbano desatará otra guerra de mafias con la Bonaerense, hará surgir nuevas bandas y dirigirá la represión, de manera terrorista, hacia los trabajadores, lo cual, por otra parte, ya sucede suficientemente con la policía. Esos no vienen a combatir el delito sino a vivir de él, y a cercar militarmente los barrios piqueteros.

 

En cuanto a las villas y a los barrios llamados «marginales», donde la delincuencia, con protección policial, se ha hecho fuerte y aterroriza a la inmensa mayoría de trabajadores que viven en ellos, se trata de integrarlos, de facilitar su organización, para extender aquella extraordinaria experiencia de Ciudad Oculta: allí, en una sola noche, el vecindario echó a patadas a las bandas lumpen-policiales que no dejaban entrar ni salir sin cobrar «peaje».

 

Se trata, claro está, de una solución de emergencia, para empezar ya mismo el abordaje del problema. Entonces sí se podrá debatir la cuestión de fondo, surgida de la encuesta de Clarín: que todos tengamos trabajo, salud y educación, extremo que exige expulsar a los grandes delincuentes del FMI y a sus cómplices de aquí.

 

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