El fallo de una mayoría de la Corte en favor de aplicar el 2×1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad en una supuesta compensación por el período de tiempo que pasaron en prisión preventiva ha abierto una crisis en el gobierno macrista e incluso, potencialmente, una fractura política. Gabriel Sued, en La Nación, señala que “el oficialismo modificó la posición que había adoptado en un primer momento” (9/5) y “que tuvo una posición cambiante en el tema”. En efecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se habían amparado, de entrada, en el “respeto a la división de poderes”. Esta línea de presentar la sentencia como un hecho consumado deja ver la complicidad oficial. No podían haber hecho este planteo sin la orden o el aval de Macri. Dos días más tarde, sin embargo, la gobernadora Vidal sorprendió con una condena a la posibilidad de una reducción de penas a los genocidas, luego que “Macri orden(ara) ‘endurecer’ la crítica al fallo” (La Nación, 5/5). El resultado de todo esto no es un cambio de posición de principiros.

 

Es, por el contrario, la punta del ovillo de una nueva operación política para rescatar a la Corte, por medio de proyectos de leyes -tanto de la bancada oficialista como de las opositoras- que dejan en pie la sentencia. Lo destaca, de nuevo, Sued: “La solución política que impulsa la oposición es vista con reparos por los constitucionalistas, que consideran que será muy difícil que la Corte dé marcha atrás. Si el máximo tribunal decidió que rige el principio de la pena más benigna para todo tipo de delitos, ¿por qué aplicaría de manera retroactiva una ley que el Congreso sancione en los próximos días?”. De este modo, el rechazo al 2×1 que pudieran declarar los tribunales inferiores ante presentaciones específicas, podrá ser neutralizado por apelaciones sucesivas hasta la cima del poder judicial.

 

El fallo no es, como alguno pretende, un rayo en cielo sereno, porque viene con antecedentes. Uno de ellos, muy significativo, ocurrió en 2013, cuando la Corte rechazó un recurso extraordinario presentado por un fiscal contra la aceptación del 2×1 por una Cámara Federal -con el argumento capcioso de que no estaba precedido por un amplio debate judicial. La Corte avaló el recorte de la pena por medio de un procedimiento de omisión -un recurso “ingenioso”, adoptado por unanimidad, con el voto de dos jueces de entonces: Eugenio Zaffaroni y Enrique Petracchi. Ese rechazo tuvo la intención de evitar una crisis en la Corte si se habilitaba el recurso con la complicidad de los jueces cristinistas. El otro antecedente es la concesión de la prisión domiciliaria, que en la práctica funciona como una liberación oculta. A partir de su nueva composición, desde abril de 2016, el tribunal decidió empeñarse más a fondo, contando con la cruzada de “reconciliación” lanzada por la Iglesia. Curiosamente, unas semanas antes del 2×1, la Corte había acordado declarar la supremacía de la jurisdicción nacional sobre las Cortes Internacionales.

El macrismo llegó al gobierno no sólo con un programa sino también con algunas “obligaciones”: una deuda política en favor de una amnistía a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Es lo que ya había ocurrido con Menem y concluyó con la sanción del indulto a las Juntas. La nave insignia del grupo de presión por la amnistía ha sido el diario La Nación, de estricta obediencia clerical. El editorial de este miércoles 10 sale con los tapones de punta a defender “el sano funcionamiento del estado de derecho”. La tropa macrista tiene que navegar a través de estas presiones y contrapresiones, de una manera similar a la que ocurre en el campo económico entre quienes defienden el ajuste monetario, por un lado y los que reclaman el ajuste fiscal, por el otro. El rechazo popular inmenso a este fallo violatorio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, acorrala políticamente al macrismo y lo pone frente a un arreglo de cuentas con sus patrocinantes políticos y confesionales. El fallo amnistiador de la Corte tiene la misma finalidad política que tuvo, en su momento, el indulto de Menem o la designación de César Milani en la jefatura del Ejército: restablecer la capacidad de acción política de las fuerzas armadas. Nadie ignora que el Pentágono norteamericano aboga por una militarización continental bajo la hipótesis de la “guerra al narcotráfico”. El fallo amnistiador tiene un contenido político y estratégico inconfundible que se busca disimular con un debate acerca de su dislate jurídico.

 

Todo esto explica la posición que adoptó el Comité Nacional del Partido Obrero en su reunión del fin de semana pasado, al plantear el juicio político a los jueces amnistiadores -que el bloque parlamentario PO-FIT presentó de inmediato en la mañana del lunes 7. La caracterización de nuestro partido es que Argentina asiste a un golpe de Estado de formato 'judicial', porque se trata precisamente de un ataque a las relaciones políticas impuestas por una enorme mayoría popular en la lucha por acabar con la dictadura militar. Forma parte, al menos en ese sentido, de una secuela de golpes de Estado en América Latina con el formato del “estado de derecho”.