Cristina Kirchner decidió tomar una de las dos recomendaciones que le acercó Horacio Verbitsky, cortesano de oficio. Así es que anunció una reforma de los servicios de inteligencia, de la que excluyó al del Ejército de su ‘pollo’ Milani, pero no el consejo de usarla como pretexto para sugerir una suerte de entendimiento nacional. Lejos de eso, lanzó enseguida la acusación de que la muerte de Nisman había sido incitada o ejecutada por gente cercana a Clarín, o por Clarín mismo, en una acción de desestabilización o de intentar francamente un golpe de Estado. La crisis política dio de este modo una nueva vuelta de tuerca, acentuada por la evidencia de que la llamada disolución de la Side no sería otra cosa que una autoamnistía para el gobierno y para los agentes de espionaje, y de que la formación de la nueva agencia quedaría a cargo de los responsables políticos de la vieja, más la yapa de otorgarle a Gils Carbó el monopolio de las escuchas telefónicas.

 

Una declaración del Partido Obrero había advertido, 48 horas antes, contra las propuestas de “disolver la Side” y “formar comisiones investigadoras independientes”, las que sólo podrían servir -bajo el régimen político actual- para operaciones distraccionistas y para recambios ficticios. Ningún Estado se priva de los servicios de inteligencia; lo que cambiará bajo un gobierno de trabajadores será el carácter del reclutamiento y de la orientación social y política de tales agencias. La disolución de los aparatos represivos y de espionaje no puede ser ejecutada por un gobierno que responde a una minoría capitalista explotadora, que se vale de estos aparatos contra los trabajadores. La propia CFK anunció que la ex Side será reemplazada por otro organismo de inteligencia, la que seguramente absorberá a todo su personal, y dejó fuera del paquete a la Inteligencia del Ejército que responde a Milani. La convocatoria a extraordinarias para tratar la reforma convertirá al Congreso en el escenario de una nueva etapa de la crisis política abierta por la muerte ‘dudosa’ del fiscal.

 

 

Crimen de Estado

 

Cristina Kirchner confirmó, a su manera, que la muerte de Nisman entraña un “crimen de Estado”, el cual se vincula al encubrimiento de los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia bajo los mandatos K. Al momento de poner un “ejemplo” de eficacia por parte del gobierno debió recurrir al juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, al que el gobierno aportó un ‘arrepentido’ de la patota pedracista con la intención de caratular el crimen como un enfrentamiento intersindical. Más allá de esta manipulación reiterada, CFK se dejó en la alforja a Jorge Julio López, a Kosteki y Santillán, a los casos de efedrina y los crímenes de narcotraficantes, a Luciano Arruga, al asesinato del ‘Lauchón’ por parte de la Bonaerense, al Proyecto X, a la represión de las luchas -en suma, a todas las manifestaciones que caracterizan al gobierno como una camarilla conspirativa.

 

La muerte del fiscal es la expresión última de décadas de encubrimiento de los dos atentados terroristas y de una colonización impresionante de los servicios nacionales por parte de los servicios de espionaje internacionales, en especial el sionista. La muerte de Nisman está vinculada a una crisis de estas relaciones, en especial a partir de la firma del Memorando con Irán. Lejos de sacar a Argentina de la condición de peón de fuerzas extranjeras en donde la colocó Menem, los K la acentuaron a partir de los acuerdos de seguridad -unos formales, otros secretos- con Estados Unidos, como quedó establecido en la ley antiterrorista y en el derecho concedido a entidades extranacionales para controlar el sistema bancario de Argentina.

 

 

Crisis política

 

La muerte de Nisman desarrolla una nueva faceta de la crisis política que afecta la transición a un nuevo gobierno. La crisis de los servicios se suma a la judicial, a la recesión, al ‘defol’ de la deuda impugnada por los fondos buitre, a la crisis de financiamiento, a las relaciones con Brasil, al ‘adiós muñeca’ a Vaca Muerta y al subsidio a los pulpos del petróleo, a los choques con una parte de los bancos y a un sistema de partidos desintegrados. El proceso electoral debe transitar con un gobierno jaqueado y un crimen de Estado caliente. Cualquier investigación a fondo sería capaz de ponerlo patas para arriba. Los llamados a la “unidad nacional” chocan con una lucha facciosa en aumento. Aparecen pronunciamientos favorables a un adelantamiento electoral, que no han sido acompañados por las principales figuras de la oposición.

 

 

Intervenir

 

Debemos acentuar nuestra acción política independiente de las fracciones de la burguesía en descomposición, denunciando que son todas cómplices de estos crímenes y que el único cambio posible es a partir de un gobierno de trabajadores. Por eso es necesario desenmascarar las llamadas “reformas institucionales” y las disoluciones de los aparatos, que no son ni podrían ser tales bajo un régimen burgués, ni comisiones investigadoras sin la capacidad que solamente ofrecen los recursos del Estado, y que de todos modos insumen un tiempo que los partidos en presencia aprovecharán para diluir la crisis.

 

Llamamos a una campaña política para interpelar al gobierno frente a la ciudadanía y los trabajadores, en sesiones abiertas y televisadas en directo, las que serán también, inevitablemente, una interpelación pública a todos los partidos del sistema y a todas las ramas de la burocracia estatal -jueces, fiscales, militares, policías. Una campaña para reforzar la acumulación de fuerzas por parte de la izquierda obrera y socialista, que es la forma de preparar las condiciones para un gobierno de los trabajadores.