Las declaraciones del restituido funcionario macrista Juan José Gómez Centurión sobre el número de desaparecidos de la dictadura –minimizándolo a 8.000- no dejan dudas. Si se tiene en cuenta que lo mismo señaló Darío Lopérfido meses atrás, sin que ello le valiera su salida del gobierno, y si se agregan las declaraciones del propio Macri sobre la “guerra sucia”, es claro que minimizar las consecuencias de la represión dictatorial constituye una política de Estado.  Centurión, además, no es un advenedizo en el mundo del macrismo: como funcionario porteño, carga con el criminal incendio del galpón Iron Mountain, del que nunca pudo rendir cuentas en la Legislatura. A pesar de ello, Macri le dio la gestión de la Aduana, donde terminó sostenido a pesar de las graves denuncias en su contra. Centurión, como Arribas, es Macri. 

 

En sus declaraciones, Centurión rechazó también que la represión videliana formara parte de un plan genocida –algo que no debería sorprender, si se tiene en cuenta que formó parte de la rebelión carapintada que le arrancó el punto final y la obediencia debida a los partidos que gobiernan la Argentina desde 1983 hasta hoy.  La tentativa de reinstaurar el protagonismo político de las Fuerzas Armadas, de todos modos, tiene sus antecedentes en el nombramiento de un espía y partícipe del genocidio, César Milani, bajo el kirchnerismo. 

 

Las declaraciones del ex carapintada se producen después de que Macri intentara transformar en un feriado móvil al 24 de marzo, lo que finalmente desechó en nombre de la 'unión de los argentinos', o sea, en función de evitar una deliberación política respecto del genocidio dictatorial. 

 

La negación del genocidio como política de Estado es inseparable del reforzamiento represivo que el macrismo y sus cómplices provinciales –incluyendo a massistas y peronistas- están emprendiendo, como se vio en la salvaje escalada contra los mapuche, en la reciente represión a los obreros de AGR-Clarín,  y en la tentativa de criminalización a los inmigrantes y a la juventud. 

 

El reclamo urgente para que se vaya Gómez Centurión debe ser parte de una lucha general contra el gobierno ajustador y represivo que encabeza Mauricio Macri, y no para “preservar” a un gobierno de quien, a todas luces, no dijo un exabrupto, sino una posición oficial.