Los mentideros alrededor del armado de gabinete de Alberto Fernández y las declaraciones de este y sus allegados van arrojando definiciones sustanciosas en materia de políticas “de seguridad” del nuevo gobierno.

El número puesto para el área es el massista Diego Gorgal, quien encabezaría el actual ministerio o un Consejo Nacional de Seguridad, que en algunas versiones reemplazaría la cartera y en otras coexistiría con ella.

Se trata de un hombre de larga afición por el endurecimiento represivo. Fue mano derecha de “Juanjo” Álvarez –ex agente de la SIDE bajo la dictadura- cuando este ocupaba la secretaría de Seguridad de Duhalde responsable de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Santillán; creador en 2003 del Plan Director de Seguridad Pública Bonaerense que reforzó la presencia de la “maldita policía” en las calles; y, más acá en el tiempo, asesor de Sergio Massa -para quien escribió el anteproyecto de Código Penal que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, endurece castigos y elimina la libertad condicional.

Las enormes coincidencias de los armados políticos patronales en materia de uniformados explican que Gorgal extienda lazos desde el “progresismo” ibarrista –para el que ofició como titular del área en la Ciudad- y el PJ hasta el macrismo, con el que integró el Grupo Sophia creado por Horacio Rodríguez Larreta y escribió libros a favor de la mano dura como Mano Justa (junto al ministro Germán Garavano y al segundo de Patricia Bullrich, Eugenio Burzaco) y Rehenes de la violencia (junto a Burzaco y María Eugenia Vidal).

Working for the yankee dollar

Ante todo, Gorgal es un hombre de confianza del imperialismo, que se formó en Estados Unidos con la DEA –la agencia “antinarcotráfico”, denunciada en estos días por su rol en el reciente golpe en Bolivia- y la Policía de Nueva York, signada por la doctrina de “tolerancia cero” del ex alcalde de la gran manzana, Rudolph Giuliani. Tomado como ejemplo en Mano Justa e invitado por Massa al país en 2017, Giuliani cuenta con una lluvia de denuncias por los atropellos policiales contra pobres, negros y activistas, y oficia actualmente como abogado de Donald Trump.

El nombre de Gorgal preanuncia que continuará la sumisión que el Estado Argentino ha mantenido históricamente con Estados Unidos en estos asuntos estratégicos -el “combate contra el terrorismo y el narcotráfico” es la principal excusa para desplegar personal propio en todo el continente. Una secuencia de estos días resulta significativa: tras correrse la versión de que AF derogaría el decreto, que Macri emitió a pedido de Trump, considerando a Hezbollah como “organización terrorista” (una bajeza de la que participa un reducido número de países), el vocero del nuevo mandatario salió a calificarla como un “trascendido sin asidero”.

Sobreactuaciones

Cubriendo como en la campaña electoral todos los públicos, en estos días Agustín Rossi, a quien se baraja como ministro de Defensa, salió a criticar el seguidismo de Macri al Pentágono y la formación de los militares en la Escuela de las Américas (UNO Entre Ríos, 26/11). Pero lo cierto es que bajo la anterior gestión de este kirchnerista paladar negro tuvo lugar el nombramiento de César Milani (un verdadero vástago de la Escuela de las Américas) al frente del Ejército, se sancionó la Ley Antiterrorista y se prorrogó el Operativo Escudo Norte, que incrementaba la presencia de los militares en los límites septentrionales del país, en línea con los operativos fronterizos que los yanquis promulgan en todo el continente.

Con aquellas medidas el kirchnerismo hizo escuela en la reinstalación de las fuerzas armadas en tareas de represión interna, que el macrismo profundizó con distintas resoluciones, en particular el decreto de julio de 2018 que amplía el radio de acción de aquellas a “riesgos internos”. El acuerdo en este punto volvió a verse en estos días, al conseguir Rossi los votos de Cambiemos para su proyecto de creación de un Fondo para el reequipamiento de las FFAA, que se prevé que puede llegar a $14 mil millones solo en 2020 –votación, para despejar cualquier duda, celebrada por Elisa Carrió. La habilitación a que ese fondo se nutra con otras fuentes “de origen nacional o internacional” abre la puerta a un aporte del imperialismo para la causa.

Los antecedentes nac&pop de la avanzada represiva que ha llevado el macrismo se extienden también al Proyecto X de Nilda Garré –de espionaje ilegal a activistas-, al despliegue de Gendarmería en los barrios –que el kirchnerismo ya ha vuelto a anunciar en la campaña matancera- y de conjunto a la proliferación del gatillo fácil.

El empoderamiento de las fuerzas, en el que coinciden los partidos de gobierno, las blinda ante las movilizaciones que enfrentan y enfrentarán las políticas de ajuste, en particular en el cuadro de rebeliones que recorre Latinoamérica.

Cooptación

Mientras Bullrich ponía un grito en el cielo a las críticas de Alberto Fernández a sus políticas más repudiadas, como ser la Doctrina Chocobar, otra de las figuras de peso en materia de Seguridad del círculo de AF, la antropóloga Sabrina Frederick, salió a minimizar a los Chocobar como “miembros desquiciados” que serían “casos dispersos con un discurso que los habilita” (Ámbito, 4/9), y a destacar –al igual que otro asesor, Gabriel Fuks- que el cambio en el área bajo la égida de Bullrich no fue tan grande y estuvo sobreactuado.

A su turno, circulan mentideros sobre una reforma albertista de la Policía Federal para “bajar drásticamente la confrontación con la protesta social” y destinarla a investigaciones, como auxiliar de la Justicia. Tenga o no destino, amerita señalar que su modelo sería el FBI norteamericano (El Cronista, 19/11), un aparato de conspiración interno y externo, del que se ha probado en los últimos años la vigilancia ilegal de ciudadanos a nivel masivo y los falsos testimonios de peritos contra acusados judiciales, entre ellos varios condenados a muerte.

Todos estos señalamientos valen para advertir ante discursos y medidas que, sin afectar un ápice estas estructuras represivas contra la población, serán utilizadas para la cooptación de organizaciones populares, como sería la barajada inclusión en el Consejo de Seguridad de “organizaciones de Derechos Humanos”. La lucha independiente contra el Estado capitalista ha sido durante todas estas décadas la única garantía contra las fechorías de sus fuerzas represivas.