Dos millones de desocupados y dos millones de subocupados. Cinco millones de niños pobres y un 33% de los habitantes del Gran Buenos Aires por debajo de la línea de la pobreza, son cifras que asustan al gobierno de la pequeña burguesía intelectual, que definen esos números como ‘secuelas’ del menemismo, ‘costo’ de la convertibilidad que ‘logramos’, consecuencia directa de aquel ‘modelo’.

Esta barbarie tiende a agravarse debido a las cada vez más acotadas posibilidades del capitalismo de desviar la crisis apelando a sus exponentes ‘progresistas’. La Alianza hoy es gobierno atacando a la clase obrera de conjunto, precarizando aún más la vida de las barriadas, apostando a la policía de gatillo fácil y el ‘cerrojo’, creando cárceles que recluten a la masa de desocupados que los programas no pueden absorber.

El menemismo estuvo caracterizado por los programas ocupacionales (plan Trabajar, Sercom, etc.) que sólo lograron disfrazar en un 1% el índice de desocupación. Planes alimentarios denigrantes que no alcanzaban a la canasta mínima de alimentos y un seguro al desocupado que sólo cubría al 2,5% de la masa de desocupados (Anuario Clarín). En conjunción con estos planes, comenzaron a multiplicarse las ONGs (organizaciones de la gran burguesía y el clero) que se dedican a la “asistencia y promoción comunitaria” con el conocido discurso de la solidaridad, de la responsabilidad social y la preocupación por los ‘excluidos’.

La fraseología sociológica, que combinada con la ‘mano dura’, caracteriza al actual cogobierno de De la Rúa-Ruckauf.

Graciela debe demostrarse preocupada, no por mantener una imagen progresista (ya la perdió hace tiempo) sino porque el propio FMI y el Banco Mundial le recomiendan bellos programas focalizados y descentralizados que no logran mejorar las cifras. La aprietan para que achique el margen de pobreza debido a su carácter de desestabilizador social.

Entre los emprendimientos de la luchadora por los derechos humanos se encuentra la creación de un sistema de estímulos para ONGs que intervenga en la “sociedad civil”.

Cabe aclarar que en el país existen 5.000 de estas organizaciones, con un presupuesto de 300 mil pesos anuales (Cenoc, Presidencia de la Nación). Cuentan con un plantel reducido de trabajadores (entre 5 y 15), con una formación acorde al área pero hiperflexibilizados -debido al crédito moral que brinda esta profesión-, cobrando sueldos que rondan la mitad de la canasta familiar, manteniendo así, con su trabajo, estos proyectos impecables a los ojos de cualquier burgués que quiera calmar su conciencia aportando a la organización.

Graciela piensa subsidiar a la Iglesia y a la burguesía, como salida para el hambre de nuestras familias, y sus técnicos se rompen la cabeza evaluando cómo hacer efectivo el gasto social, aprovechando las redes que ya existen por fuera del Estado.

Ella ya declaró: “Sacar a la gente de la pobreza no es mi tarea” (Clarín, 27/2).

Debemos exigir el reparto de las horas de trabajo sin modificaciones de salarios. Subsidios de 500 pesos a toda persona mayor de 16 años desocupada. Salarios mínimos y jubilación de 600 pesos. Seguridad Social única para todos. Legalización del derecho al aborto. Pastillas anticonceptivas para todas las mujeres. Educación estatal única controlada por los trabajadores.

Fuera el clero y la burguesía de las barriadas. Por una organización independiente de la clase trabajadora y la juventud oprimida.

Esa es la salida.