“Si no me equivoco  y el caso Carrasco es una excepción... se corresponde una excepción que hoy está en manos del Presidente de la Nación. Sólo él puede enviar al Congreso un proyecto de ley que dé por cumplido el servicio militar a esos jóvenes civiles” (del regimiento 161). El planteo corresponde a Graciela Fernández Meijide, diputada del Frente Grande (Página 12, 29/4).

Carrasco, una excepción... A esta singular conclusión ha llegado la defensora de derechos humanos, en este país de 30.000 desaparecidos, obediencia debida e indulto. Pero, claro, Fernández Meijide es ahora diputada del Frente Grande, y debe obrar con “responsabilidad”; todo lo otro, dice, “pertenecía al pasado”, dice, “en parte, agrega, porque muchos militares lo han repudiado”. Fernández Meijide y el Frente Grande se suman así, ellos también, al indulto. Pero de esos polvos vienen estos lodos...

Carrasco, por supuesto, no es una “excepción”. Donde el asesinato existe como posibilidad, la “norma” es la amenaza de muerte violenta. La “excepción” es la coartada de que se vale el pequeño burgués para justificar el orden existente. Son varias, por eso, las “excepciones” que se conocieron en las Fuerzas Armadas en los últimos años: Navarro, asesinado en Mendoza, en 1992; Recondo, devuelto a sus padres mudo y paralítico; Elías, asesinado en el Comando en Jefe en 1990. Son más de 15 los conscriptos que perdieron la vida desde el “retorno” de la “democracia”.

No sorprende a nadie, Fernández Meijide, cuando asegura que las Fuerzas Armadas deben “subordinarse” al “poder civil”. Es la conclusión trival del pequeño burgués para estos casos. Pero, claro, el “poder civil” sólo es poder, no cuando cuenta con el respaldo de las Fernández Meijide, sino con el monopolio de la fuerza y de la violencia, es decir, con las fuerzas armadas. De aquí la tendencia inevitable del Estado (capitalista) a la conpenetración mutua entre el poder “civil” y el “poder” militar. La diputada frentegrandista puede cacarear mucho sobre el poder civil y sobre la subordinación militar, pero cuando Camilión, miembro de Defensa, fue al Congreso por el asesinato de Carrasco, la sesión parlamentaria fue convertida en secreta. ¡Eh, Fernández Meijide!  O cuando la gendarmería fue enviada a Santiago del Estero con el voto unánime, de los Rico y Fernández Meijide, del Congreso.

Si como piensa la correligionaria del Chacho y Solanas, existe una “cultura institucional de las Fuerzas Armadas (que) parece vivir en el pasado”, la sesión secreta de la Cámara es un testimonio “cultural” irrefutable de que para el “estado de derecho” y sus representantes legislativos son los depositarios más consecuentes de esta “cultura”. Los diputados, con sus propias acciones, han desmentido la ingenua pretensión de la convencional, de que las Fuerzas Armadas deberían ser “como la Aduana y la Universidad”. Pero ni la Aduana ni la Universidad responden, estrictamente, a un poder “civil”, y menos todavía a los “representantes del pueblo”. Son instituciones manejadas y controladas por la burocracia del Estado —como el Poder Ejecutivo personal o el Poder Judicial inamovible. Resulta, sin embargo, que para Fernández Meijide la solución al crimen de Carrasco... la tiene Menem —el indultador. Menem, dice la diputada, debería enviar “un proyecto de ley que dé por cumplido el servicio militar a esos jóvenes civiles” (sic).

Pero si la solución corresponde al encubridor, el encubrimiento está asegurado. “Sólo él”, refiriéndose a Menem, puede resolver la situación, en una asombrosa, pero no sorprendente, inclinación frentegrandista al cesarismo. ¿Y la “sociedad civil”? ¿No es ella la que debería ganar las calles? ¿O Fernández Meijide comparte el temor de Menem, Balza y De Nevares a “los infiltrados”? De tanto dar vuelta la rosca, es decir defender al Estado con razones capciosas, la diputada termina subordinada, como cualquier “civil” (burgués), al “poder” militar.

Al confiar la solución a Menem, Fernández Meijide consigue hacer la prueba del cero de su fe democrática: demostrar que “no saca los pies del plato”, no por casualidad el apotegma supremo de Perón —militar y “homme d’Etat”.

No caben dudas que las y los, Fernández Meijide son un peso muerto para la democracia y para el pueblo.