A la brutal campaña mediática lanzada para obtener la liberación del cura Grassi se le suma ahora la ofensiva judicial, protagonizada por los principales estudios de abogados del país, que actúan en conjunto en defensa del cura acusado de abuso de menores. Entre ellos se encuentran los defensores de Gregorio Ríos, el jefe de seguridad de Yabrán, de algunos de los policías acusados por la voladura de la Amia y, también, el “progresista” Luis Moreno Ocampo, ex defensor de Cavallo.

Los honorarios de estos estudios –muy, pero muy caros– son pagados por un grupo de grandes empresarios, contribuyentes de la Fundación, que no quieren que se conozcan sus nombres y que han establecido, como objetivo inmediato, la liberación del cura Grassi mientras se sustancia el juicio. Según Wenceslao Bunge, ex vocero de Yabrán, la “familia”, gran contribuyente de la fundación de Grassi, estaría pagando los servicios de uno de los abogados, el ex defensor del acusado directo de ordenar el asesinato de José Luis Cabezas.

Para liberar al cura, estos abogados presentaron una catarata de recursos e impugnaciones contra el juez y el fiscal de la causa y contra el fiscal general de Morón. En este terreno, el operativo impunidad dio un primer paso con la separación del fiscal y del juez de la causa.

¿Por qué tanto empeño y tantos fondos de este grupo de grandes capitalistas contribuyentes de la Fundación para lograr inmediatamente la libertad del cura? Los capitalistas, aún los más “misericordiosos”, no gastan su dinero con fines “caritativos”. ¿Temen que si el cura continúa preso termine “quebrándose” y revelando, además del abuso de menores, los negociados de evasión impositiva y lavado de dinero que se esconde detrás de las “donaciones” a la Fundación?