El domingo 31, en horas de la tarde, una cuadrilla de trabajadores de la empresa Edenor sector San Justo fue atacada cuando realizaba tareas de suspensión de servicio en la localidad matancera de Rafael Castillo. Les arrojaron agua caliente y hasta una silla, que hizo volar el casco de uno de los trabajadores y le abrió la cabeza, tras lo cual debió recibir seis puntos de sutura. Actualmente, el técnico se encuentra con baja médica y en su casa.

El ataque es una expresión bárbara y lamentable de la situación a la que se ve llevada la población trabajadora por los tarifazos imparables, que en un contexto de inflación y pérdida del poder adquisitivo se ve forzada a optar entre los alimentos y necesidades diarias o el pago de los servicios.

Las distribuidoras eléctricas, que han sido beneficiadas con grandes subsidios durante el gobierno anterior, y con la dolarización y aumentos mensuales de tarifa con el gobierno actual, conocen bien esta situación, dado que "llueven" las suspensiones por falta de pago (más cuando para millones de familias, la única fuente de energía es la eléctrica). Las empresas incluso han comenzado a incluir en sus “gastos” adicionales para efectivos policiales, que ante una “situación de cliente violento”, mandan junto a las cuadrillas para obligarlas a efectuar de cualquier manera el corte, ante la bronca de los usuarios. En esta ocasión, ni esta vigilancia fue suficiente para asegurar la integridad de los trabajadores.

Lo sucedido es también consecuencia de la flexibilización creciente, que constituye una aplicación de hecho de la reforma laboral en carpeta. La polifuncionalidad o multifunción que se aplicó fuertemente en el último periodo -aunque ya había sido incluida en el convenio mucho tiempo antes- obliga a los lucifuercistas de cualquier área a realizar las más diversas tareas durante cualquier horario, con los riesgos que esto implica. En la práctica, los lucifuercistas están las 24 horas realizando suspensiones. En este caso, trabajadores pertenecientes al área técnica de reclamos, sector que realiza habitualmente reparaciones, gracias a la multifunción fueron enviados a realizar saldos (corte o suspensión de servicio), durante un fin de semana. Lo mismo sucede con los trabajadores del área de nuevos suministros (altas), y hasta de la guardia -que debería abocarse solo a emergencias.

Mientras Edenor, Edesur y Edelap niegan a sus trabajadores un aumento de salario que iguale los niveles de inflación durante todos estos años, los mandan a las calles en una situación crítica, bajo persecución, aprietes y miedo a las sanciones o suspensiones; incluso, sabiendo de los miles de despidos en la industria, los compañeros no pueden negarse a realizar los cortes ante situaciones violentas.

La responsabilidad gremial ante esta situación es innegable. La inacción y parálisis de la conducción burocrática de Luz y Fuerza, de Rafael Mancuso (mano derecha del fallecido Oscar Lescano) ha fortalecido el poder de las empresas para flexibilizar a los trabajadores. También se ha barajado que se traslade la tarea de suspensión a los tercerizados para dejar contentos a los efectivos: un planteo que divide a los trabajadores y condena aún más a los compañeros tercerizados, que se encuentran bajo uno de los peores convenios del país, el de Uocra, sin defensa alguna y con paga por producción (trabajo a destajo).

La salida de este problema no es administrativa. El objetivo debe ser desnudar y enfrentar a los verdaderos responsables: el gobierno, las eléctricas y los burócratas sindicales que miran para otro lado y entregan a los trabajadores.

Es necesaria una inmediata discusión en asambleas en todos los sectores de todas las empresas que impulse un plan de acción y un programa de lucha contra los tarifazos, el rechazo a la flexibilización laboral y la destrucción del convenio. Por la indexación de los salarios acorde a la inflación, el pase a planta de los tercerizados, el fin a la persecución a los trabajadores y por todas las reivindicaciones obreras. Por un paro general de 36hs que quiebre el rumbo económico del gobierno y la transferencia de riquezas a las eléctricas a costa de los trabajadores.