El intendente Marcelino Iglesias (Cambiemos) consiguió la aprobación de un presupuesto 2018 de ajuste y ataque a las condiciones de vida de los vecinos y de trabajo de los municipales. Este contó con el apoyo de todo el bloque del FpV –PJ. El presupuesto fue denunciado y rechazado por las bancas del Frente de Izquierda.

Cambiemos consolida de esta forma un paquete de medidas anti obreras que venía impulsando por decreto del Intendente Marcelino Iglesias. EL PO-FIT denunció la ilegal quita de la ART, el despido de quien tenga 6 faltas en los últimos 6 meses y el masivo recorte de horas extras en diferentes sectores. El presupuesto consagra ahora  una pauta de aumento salarial para 2018 de 14% en 3 cuotas y un bono no remunerativo y por única vez de $3000, que está debajo de la inflación pronosticada y constituye, por tanto, una rebaja salarial real.

Pero estos planes van más allá, con lo que serán despidos masivos de la planta obrera, ya que se destinarán 30 millones por año a la contratación de una empresa privada para realizar la limpieza de acequias, lo que constituye una nueva privatización del sector de Servicios Públicos, que se suma a la privatización de la recolección de residuos. De este escenario tampoco escapa Obras Públicas, el más afectado con la quita de horas extras, para el cual el presupuesto será cercano a los 400 millones de pesos y del mismo irá la totalidad a manos de los privados, convalidando los rumores de recortes de la jornada laboral, por ende del salario, en este sector.

 Por último, este presupuesto afecta directamente al conjunto de los trabajadores del departamento, ya que prevé un nuevo endeudamiento de más de 60 millones que se descargará sobre la población con nuevos aumentos de las tasas municipales. El mismo no estipula ningún plan de vivienda, gran flagelo en el municipio que concentra la mayor población de la provincia, y le da la potestad a la gestión de un uso discrecional de 400 millones de pesos, lo que no será más que la utilización para revalorizar los sectores céntricos y barrios privados, en el mejor de los casos.

Nuestra acción para enfrentar esta política

El Partido Obrero en el Frente de Izquierda está abiertamente comprometido con el rechazo al ajuste, apoyando las asambleas de Obras Públicas, impulsando su extensión a los otros galpones y reparticiones municipales.

Desde las bancas que ocupamos dentro del Concejo Deliberante hemos presentado proyectos para anular todos los decretos del intendente, y exigimos que el salario mínimo de los agentes municipales ($5.619) se equipare al mínimo nacional ($8500) y la urgente recategorización de los trabajadores, los cuales en algunos casos llevan 25 años sin modificación.

Unidad por abajo: coordinadoras de delegados

En este marco se impone la necesidad de rodear de solidaridad el inminente conflicto de los municipales. Para lo cual es de primera importancia desarrollar una coordinadora de lucha con todos los sectores combativos del departamento. De este modo preparar una asamblea de delegados de base de los diferentes lugares de trabajo y barrios para votar un plan de lucha contra “el carnicero Iglesias”, y votar un plan político, económico y alternativo para el pueblo trabajador de Guaymallén.