La Cámara Penal de Bahía Blanca ratificó una condena por la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y a dos años de prisión luego de ser acusado de fraude a la administración pública.

Este fallo se da en medio de la interna del PJ entre los sectores albertistas, massistas y camporistas (con episodios como los choques entre Guzmán y Basualdo o Berni y Frederic, entre otros). El presidente del PJ bonaerense, sostenido como cabeza de su partido a pesar de tamaño acto de corrupción, apelará la sentencia buscando algún respaldo incluso frente a claras pruebas que demuestran la corruptela.

Como consecuencia de una denuncia realizada por un trabajador del Casino Central, de la ciudad de Mar del Plata, el 8 de noviembre del 2007, se conoció que Menéndez (en aquellos días Director Provincial de Casinos Zona 1) retiraba fondos de manera ilegal cuyo destino sería el Casino del Mar.

La investigación dejó en evidencia que el imputado, para disimular el faltante, retiraba la misma suma del Casino del Mar (situado a pocas cuadras) unos $600 mil, a modo de “préstamo” ante una aparente sorpresiva auditoría de la Lotería de la Provincia y de esa forma evitar que salga a la luz el fraude.

Un factor determinante para comprobar la irregularidad fue cuando las cámaras de seguridad registraron este intento de devolución al Casino del Mar, lo que comprometió aún más la situación de Menéndez y los restantes partícipes de la operación.

El caso “mochila verde” fue conocido justamente porque de esa manera el actual intendente de Merlo trasladaba el dinero en cuestión. Fue gracias a un “extesorero” del Casino de Mar del Plata, Enrique Kohnen, quien denunció y dio cuenta de la maniobra irregular con los fondos.

Vale la pena mencionar que el trabajador de Casinos fue despedido por denunciar tal acto de corrupción y, a pesar de comprobarse la veracidad de semejante denuncia, la grieta de todos los que gobernaron la provincia en los últimos años, Scioli, Vidal y Kicillof, no existió, bajo una conducta de regimentación y disciplinamiento para quienes denuncian el robo al Estado, ya que al día de hoy Enrique Kohnen aún no fue reincorporado y se encuentra sin trabajo y sin ingresos.

Ante esta situación el gobierno patronal debe reincorporar de inmediato al trabajador, y otorgar la totalidad del salario, indexado por inflación, no percibido durante todos los años que fue apartado de sus funciones, ya que su denuncia fue legítima, justa y corroborada.

Una vez más quedó en evidencia como el juego sigue siendo utilizado como “caja negra” por los funcionarios y gobernantes patronales de turno para financiar todo tipo de negocios espurios y campañas políticas.

Frente a los pulpos del juego y sus socios en los gobiernos cobra más importancia que nunca como programa de transición la estatización del juego bajo control obrero, para terminar con este tipo de maniobras burguesas de corrupción, para que los recursos no caigan en manos de quienes gobernaron en las últimas décadas y sus partidos patronales, quienes son responsables del vaciamiento histórico de los casinos estatales.

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