La exposición del ministro de Economía, Martín Guzmán, frente a los gobernadores, sobre la ruta que propone la Argentina para acordar con el Fondo Monetario dejó conclusiones importantes. Guzmán sostuvo que el desacuerdo central entre Argentina y el Fondo para llegar a un acuerdo es sobre la ruta para reducir el déficit fiscal, y que la posición de la Argentina es sostener una reducción “gradual” compatible con el crecimiento económico. La posición del FMI, fundamentalmente de Estados Unidos, sería de ajuste fiscal que comprometería el crecimiento.

Pero esta lectura encubre el actual ajuste fiscal. El mismo arrancó, en primer lugar, con la modificación del índice de aumento de las jubilaciones. Tuvo un segundo componente central, de 2020 a 2021, en la eliminación de todo el gasto por vinculado con la pandemia. En tercer lugar, el gasto público del Estado viene siendo licuado por la vía inflacionaria, que también contribuye a una mayor recaudación por la vía de bajar en términos reales los mínimos no imponibles, aumentar la recaudación del IVA y otros impuestos, que golpean fundamentalmente a la clase obrera. Incluso teniendo en cuenta esto, Guzmán presenta una vía de nuevo ajuste fiscal (menor a la que reclama el Fondo), eso sí “gradual”. Como el de Macri.

La mayor trampa de Guzmán radica de todas maneras en el hecho de que el conjunto de medidas que anunció como hoja de ruta de la Argentina frente al Fondo ya constituyen un fuerte ajuste. En efecto, Guzmán aceptó, en primer lugar, el establecimiento de tasas de interés reales positivas. Esto implicaría un fuerte ajuste en las tasas de interés que va a golpear por la vía de la contracción del crédito y va a incrementar la hipoteca de la deuda en pesos. Sumado a esto, el ministro anunció el acuerdo del país con un “tipo de cambio compatible con la recuperación del nivel de reservas”. Esto implica avanzar en una devaluación de la moneda, para preservar el superávit comercial, golpeando los ingresos de los trabajadores y apuntando a licuar los costos fijos de la economía. En tercer lugar, anunció un aumento de impuestos. Es falso que se base en una “mayor progresividad” porque el consenso fiscal recientemente suscripto con los gobernadores apunta a aumentar ingresos brutos, que se traslada a los precios en forma directa. Golpea, por lo tanto, la capacidad popular de consumo. En cuarto lugar, el gobierno ya anunció una suba de tarifas, aunque el Fondo, evidentemente, apunta a un golpe aún mayor, para reducir sustancialmente el esquema de subsidios.

Es claro que en estas condiciones, el “crecimiento del salario” es una promesa sin sustento, como lo fue durante todo 2021. Los salarios están por el suelo al igual que las jubilaciones. Un componente fundamental del aumento de la pobreza son los asalariados con salarios de hambre -ni hablar de los jubilados. Es claro también que en cualquier variante el “combate a la inflación” es un verso: la devaluación y los aumentos de tarifas e impuestos van a reforzar la inflación. Además esta es un arma de la que se vale el gobierno y que no se ha privado de utilizar en sus dos años de gestión para licuar el gasto e incrementar la recaudación y, por esa vía, reunir los recursos para pagar a bonistas y acreedores. Del mismo modo, es un verso el cacareo sobre el “crecimiento” cuando se anuncian tasas de interés positivas, lo que implicará un encarecimiento brutal del crédito que pone un palo a la rueda a cualquier perspectiva de reactivación.

La reunión se produjo en un marco de crisis política inocultable. Un sector de Juntos por el Cambio faltó a la cita, aunque se reuniría con el ministro la semana próxima. El gobierno no pudo hacer de la tribuna con los gobernadores un escenario de consolidación de su posición de negociación. La misma, de todas formas, es endeble por otro motivo: el gobierno no tiene un plan alternativo al acuerdo con el Fondo. Por eso busca un compromiso y avanza en la negociación: pretende convocar a sesiones extraordinarias para tratar el plan plurianual.

Las consecuencias del acuerdo en marcha se harán sentir sobre las condiciones de vida ya golpeadas del pueblo argentino. La tarea más que nunca es enfrentar esta política de ajuste, en cualquiera de sus variantes.