Luego de su reunión con Alberto Fernández, el ministro de Economía Martín Guzmán dio una entrevista televisiva donde realizó declaraciones acerca de la suba de precios. Adelantó que el índice de marzo superará el 6% y ofreció como único atenuante a este descalabro aferrarse a la hoja de ruta delineada por el FMI, omitiendo que dicho programa es profundamente inflacionario.

Luego de admitir que la inflación de marzo batió un nuevo récord, a continuación afirmó, sin demasiados fundamentos, que será la cifra más alta del año y se espera un descenso para el resto del 2022. Viniendo de alguien que promete exactamente lo mismo hace varios meses, sus dichos se asemejan más a una expresión de deseo que a un pronóstico económico.

Como receta antiinflacionaria, esgrimió que “se necesita un programa económico que ya existe”, refiriéndose al acuerdo firmado con el FMI, y “dar certeza en lugar de generar incertidumbre”, llamando a toda la coalición oficial sumida en una crisis política a comprometerse con ese rumbo. Ahora bien, la tesis de que siguiendo a rajatabla los dictámenes del Fondo vamos a reducir la inflación es completamente falsa, dado que la agenda del organismo comprende todas medidas que van en sentido contrario, desde la suba del dólar, hasta tarifazos y naftazos. Ataques al bolsillo popular que quedarán plasmados en el nuevo Presupuesto 2022 que el gobierno pretende sancionar por decreto antes que finalice abril.

Por otra parte, se jactó de haber disminuido en el último tiempo la emisión monetaria y la brecha cambiaria, dos alicientes de la inflación. Sin embargo, para que ello colabore a detener el alza inflacionaria habría que poner fin a la huelga de inversiones y la fuga de capitales. Ambos “logros” van asociados a la suba de tasas de interés del Banco Central y el Tesoro, lo cual también contiene un potencial inflacionario. La contracara es un fenomenal endeudamiento en pesos que agrava la usura sobre la economía nacional y las tendencias recesivas.

A diferencia de los sectores populares, quienes sí se benefician de la inflación en ascenso son los acreedores de títulos del Tesoro indexados al CER (índice de precios). Desde que asumió Alberto Fernández, la deuda compuesta por esta clase de bonos aumentó en USD 23.800 millones, alcanzando los USD 70.000 millones. Se trata de una verdadera bomba de tiempo, puesto que, al estar ajustado a la inflación, estamos hablando de un pasivo que no podrá licuarse devaluando la moneda.

En el reportaje, el ministro se encargó de descartar cualquier suba de retenciones que afecte a los pulpos agroindustriales que se benefician de la disparada en el precio internacional del trigo y del maíz tras el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania y trasladan ese alza a las materias primas adentro del país. En su lugar, echó mano de un planteo completamente difuso sobre “obtener parte de esa renta extraordinaria para generar una distribución más equitativa sobre los sectores más vulnerables”, sin dar ninguna precisión. Lo cierto es que el oficialismo concede que un puñado de multinacionales cerealeras amasen fortunas mientras millones de familias trabajadoras no llegan a costear el alimento diario, en un país que lo produce, porque es su única garantía de repago al Fondo. Para que la Argentina se apropie de esa renta diferencial habría que empezar por terminar con el dominio privado del comercio exterior.

Tampoco el gobierno se dispone a abrir los libros de las empresas que intervienen en la cadena de valor a fin de evitar remarcaciones. Sin ir más lejos, “según un estudio realizado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), el precio del trigo se multiplica por siete en su recorrido desde el campo a la panadería y el de la leche se triplica” (Ámbito, 12/4), por mencionar algunos ejemplos.

Finalmente, el único programa que puede dar salida al espiral inflacionario es el que enarbolan la izquierda y los trabajadores. Necesitamos abrir los libros de toda la cadena comercial en función de evaluar los costos reales, nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior y terminar con el drenaje de divisas que presiona sobre el tipo de cambio rechazando la duda usuraria, rompiendo con el FMI y nacionalizando la banca bajo control obrero. Mientras tanto, peleemos para preservar nuestros ingresos por un salario mínimo de $130 mil, aumentos salariales indexados a la inflación, trabajo bajo convenio para todos y abolición de impuestos al consumo como el IVA. Los datos de inflación de marzo vuelven a señalar la urgencia de un paro nacional y un plan de lucha.