La corrida contra los bonos en pesos del Tesoro no solo sacó a relucir la inviabilidad de la política económica pactada con el FMI, basada en financiar al Estado mediante endeudamiento, sino también que los recursos públicos son usados para rescatar al capital financiero mientras millones en el país padecen hambre y se factura el ajuste a los trabajadores. Martín Guzmán busca salvar los vencimientos con una usuraria suba de tasas de interés, al tiempo que las medidas del Banco Central no detienen la presión devaluatoria, con los dólares paralelos cotizando a máximos históricos y el riesgo país superando los 2.500 puntos.

La crisis de deuda en moneda local que tiene en vilo al mercado argentino es la consecuencia natural y esperable de una política que deja al gobierno de rodillas ante los bancos y fondos de inversión, de cuya voluntad depende que se puedan refinanciar los vencimientos y colocar sobre ello nuevos títulos para cubrir el déficit fiscal (en lugar de hacerlo emitiendo pesos, tal como exige el Fondo). Han convertido al capital financiero en un árbitro de toda la situación, y ahora pagan las consecuencias.

Para salvar este rumbo el ministro Guzmán recurrió a un fuerte aumento en los intereses que paga a los especuladores para buscar renovar unos 250.000 millones de pesos, con rendimientos cuatro puntos por encima de los que arrojaba el mercado la semana pasada. Ofreció tasas superiores al 70% efectivo anual en los de tasa fija y de casi tres puntos por sobre la inflación en los que están indexados por CER, todo ello en bonos que vencen este mismo año. También resucitaron los títulos linkeados al dólar, para tentar a los que especulan con la devaluación del peso o buscan cubrirse de sus efectos.

Es un trato antagónico al que reciben los trabajadores que luchan tenazmente por incrementos salariales, como los del neumático, la docencia universitaria y de varias provincias, o los piqueteros que pelean aumentos en los programas sociales de indigencia.

El tema es que estos jugosos rendimientos que se ofrecen por mantener la bicicleta financiera no logran opacar los temores de un default, el cual con la actual estructura de vencimientos podría precipitarse para antes de las elecciones presidenciales previstas para el año que viene. Antes de que finalice el 2022, el Tesoro deberá hacer frente 3,6 billones de pesos en vencimientos (equivalente a dos tercios de todo lo recaudado por la administración nacional entre enero y mayo).

Bloomberg asegura que “una crisis de deuda se está gestando una vez más” y alerta que al indexar por CER “la explosión de la inflación, en lugar de proporcionar una alivio de la deuda como ha sucedido con los gobiernos de todo el mundo, está presionando aún más las arcas fiscales”. La agencia financiera señala además que esto también se refleja en los bonos de jurisdicción extranjera, que fueron reestructurados en 2020 y ahora cotizan “a solo 23 centavos por dólar”.

Para calmar las aguas, Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se comprometieron a que la autoridad monetaria compre todos los bonos que sean necesarios para que no se hunda su precio, de manera de “dar seguridad” para frenar la estampida. Es decir que entidad perpetuará el rescate a los especuladores, para lo cual ya emitió en junio nada menos que 420.000 millones de pesos (el doble del costo fiscal del llamado IFE 4).

Esa cifra descomunal supera lo que el BCRA lleva acumulado en el año como asistencia al Tesoro, y para no comprometer la meta monetaria dictada por el FMI es absorbida con Leliq, las cuales en la primera mitad del mes crecieron en más de 360.000 millones de pesos. Esto agiganta la bola de nieve de una deuda del Central que ya superó los 6 billones de pesos, y por la cual ya se pagó en lo que va de 2022 aproximadamente unos 750.000 millones en intereses a los bancos. Estamos ante una verdadera sangría de fondos públicos, que son el costo usurario de toda esta política dictada por el capital financiero.

Con todo, lo peor del asunto es que esta operatoria deja cada vez más expuesto al país a las consecuencias de una corrida, y por eso las medidas del gobierno se avizoran como ineficaces para “evitar una devaluación busca” como declaró Pesce. Llegado el caso, los bancos y fondos de inversión estarán cubiertos por tener sus títulos indexados al dólar o a la inflación, mientras que los platos rotos los pagarán los que viven de su salario. Lo mismo vale para otros sectores capitalistas que están embolsando fenomenales “rentas inesperadas”, como los agroexportadores que acopian los granos o no liquidan sus divisas en el mercado oficial.

Además de la inviabilidad del programa acordado con el Fondo, esta crisis permite poner sobre la mesa un aspecto central: el problema del gasto público no son los jubilados o los que cobran un plan, sino los rescates parasitarios al gran capital. Mientras el Banco Central asegura que no perderán los inversores financieros, el informe fiscal de mayo revela que las jubilaciones cayeron tres puntos porcentuales su participación en las erogaciones del Estado nacional, exactamente la misma proporción en que crecieron los subsidios a las petroleras y las privatizadas de energía. Son los trabajadores los que costean el déficit, al revés de lo que afirman desde los voceros oficiales hasta Milei.

El ajuste tienen que pagarlo los que lucran con el hambre del pueblo.

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