Los habitantes de Santa Cruz han recibido estupefactos la noticia de la reapertura de los casinos en nuestra provincia. Eso sí “con los protocolos sanitarios correspondientes”. Se trata de una medida que escapa a todo razonamiento lógico y que se ubica por fuera de la normativa actualizada: es que en la provincia aún no ha tenido lugar la apertura de decenas de actividades recreativas, con el propósito de resguardar nuestra salud, pero han acelerado la reapertura de las casas de juego para consagrar los negocios íntimos y poner en movimiento la recaudación fiscal. Incluso a pesar que se hace poniendo en riesgo la salud de quienes asisten a los casinos y de sus trabajadores.

Los mal pensados, suponemos que este “privilegio” a los casinos se debe a los “estrechos” lazos entre los K y el empresario Cristóbal López, a quien Néstor le extendió concesiones de los tragamonedas hasta 2032, días antes de irse de la Presidencia de la Nación. Otros opinan que es para darle una “manito” al gobierno, ya que coincide la reapertura con el pago de los aguinaldos en la administración pública. Más allá de las especulaciones, esta medida desnuda las prioridades del gobierno de Alicia Kirchner.

Se trata de una medida absolutamente contraria a los intereses obreros y populares, en medio de una pandemia que aún no se ha ido. Los trabajadores de los casinos se ven obligados a volver prematuramente a sus lugares de trabajo, sin ninguna garantía para su salud. Los casinos son lugares aptos para todo tipo de contagio, partiendo de la base de que uno comparte espacios cerrados, proximidad con trabajadores y usuarios y contacto con superficies comunes. Tampoco corresponde dejarlo al arbitrio de los consumidores que muchas veces padecen de condiciones como la ludopatía, más en un periodo de abstinencia producido por la pandemia. Por esta vía, los empresarios buscan volver a recaudar millones a costa de la salud del pueblo trabajador.

Desde el Partido Obrero planteamos que se retrotraiga esta medida y se garanticen otras vías de entretenimiento para la población trabajadora, que no pongan en riesgo la salud y usuarios y trabajadores.