Las causas judiciales abiertas contra nosotros por el desvío de un tren, que no fue tal porque se trató de una irrupción masiva en las vías de unos 2.500 usuarios para que la propia empresa flete un tren a La Plata; o la más reciente, por interrumpir la circulación y por intimidación, son una iniciativa oficial para “desgastar” al movimiento piquetero.

El gobernador Solá no reprime porque “no quiere otro Avellaneda (puente Pueyrredón)”, no porque no corresponda reprimir. Chiche Duhalde trató de “delicuentes” a “los piqueteros que se tapan la cara”.

Por su parte, Kirchner y Aníbal Fernández se repiten en el planteo de que “no aceptarán extorsiones”, pero no es más que una coartada para extorsionar a los médicos en huelga que no atienden a los pacientes, al pueblo santiagueño en la calle contra el monstruoso aparato juarista con cuyos votos subió Kirchner, a los piquetes camioneros o de las cacerolas sanluiseñas.

La realidad es que estamos acumulando causas judiciales, que sobrepasan las 4.000.

En auxilio de esta política de judicialización se tratan de cerrar los expedientes de los comisarios bonaerenses, sobre cuyas fortunas escandalosas no se vuelve a hablar.

Los corifeos de todo color y pelaje anuncian el “fin de la alianza de los piquetes y las cacerolas”, pero las cacerolas volvieron a aparecer no sólo en Barcelona, para voltearlo a Aznar, sino también contra Rodríguez Saá en San Luis.

Llamamos al más amplio pronunciamiento y movilización popular en repudio de los nuevos procesos contra el movimiento piquetero