El 11 de mayo termina el “período de gracia” fijado por los fondos buitres para el pago del bono de la deuda externa provincial. En caso de que Axel Kicillof decida no pagar, la provincia de Buenos Aires entraría automáticamente en default. Si por el contrario, el gobierno provincial cumple con el pago de 110 millones de dólares estaríamos ante un bis de lo ocurrido a principios de año cuando Kicillof terminó reculando frente al fondo Fidelity y pagando 277 millones de dólares al contado. La situación es aún más grave que en febrero, porque se agrava la crisis sanitaria en plena pandemia del coronavirus, peligra el cobro de los sueldos municipales por la quiebra del estado provincial, y aumenta la miseria social por los despidos y suspensiones.

Este escenario abierto de la crisis de deuda trasciende la “reestructuración” por los 7.140 millones de dólares bajo jurisdicción extranjera que pretende Kicillof. Es que una parte de los tenedores de la deuda externa bonaerense son también acreedores de la deuda nacional, lo que refuerza las presiones de los acreedores para que ambos gobiernos, provincial y nacional “paguen para seguir negociando”. Por lo pronto, es altamente improbable que el gobierno reúna el 75% de adhesión al lunes para obtener el visto bueno a la oferta “sustentable”. A diferencia del tándem Fernández-Guzmán que puede postergar una definición hasta el 22 de mayo, Kicillof tiene la mecha corta para resolver si paga o no paga en las 48 horas que restan.

Un eventual no pago del bono en la provincia de Buenos Aires condicionaría la negociación de la deuda externa completa agravando los choques con los capitalistas que presionan por la apertura económica total (ruptura de la cuarentena) y una mayor flexibilización laboral (reducción nominal de los sueldos incluidos los estatales). También con los intendentes del PJ y de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires que exigen mayores recursos y aportes a las comunas.

En una y otra variante de pago o de default el gobierno profundizará el ajuste contra los trabajadores. Los mismos bonistas que están agrupados en Ad Hoc y que rechazaron la quita de intereses del 55% y una postergación de los pagos por tres años de la deuda provincial no se privan de reconocer que la oferta de Kicillof y su ministro López es más qué beneficiosa y redituable. En boca de Bianco, jefe de gabinete del gobierno provincial y mano derecha del gobernador, es se trata de una “propuesta generosa en este contexto internacional donde los valores de títulos, bonos y acciones se han desplomado”. Este es el eje de la disputa donde los acreedores presionan para reducir los tiempos de pago de la deuda provincial y nacional y para forzar una mayor valorización los precios de los bonos bajo la amenaza de llevar el litigio a los tribunales de Nueva York.

La oferta de pago de Kicillof no cierra sin un mayor ajuste que llega incluso al propio Instituto de Previsión Social (IPS), dando lugar a otra ofensiva contra las jubilaciones provinciales. Bajo el eufemismo de la “deuda sostenible” Kicillof reconoce la casi totalidad del capital de la deuda fraudulenta (93%) que creció como una bola de nieve con Vidal y hasta los 12 mil millones de dólares con las sucesivas devaluaciones. Para los “nacionales y populares”, el pago de la deuda es una cuestión de estado que preanuncia lo que ocurrirá del 11 de mayo adelante, haya o no haya default. En repetidas oportunidades el gobernador Kicillof hizo gala de que no negociarían más allá de la capacidad de pago de la provincia de Buenos Aires, lo que le sirvió al kirchnerismo y sobre todo a las burocracias de SUTEBA y de ATE para apoyar una pretendida oferta soberana frente a los acreedores. La realidad es muy diferente al relato oficial. El peronismo gobernante sigue cediendo ante los buitres y se dispone a ceder más.

 Kicillof ofrece como plus del acuerdo para zafar del default las llamadas “propuestas diferenciales”. Aunque el gobierno provincial no quiere precisar públicamente su contenido (ni la letra chica discutida con los acreedores por intermedio de los bancos y la empresa norteamericana que ofician de enlace con los bonistas) está muy claro que los destinatarios del beneficio son los fondos buitres que concentran la deuda bonaerense. Según se afirma la deuda provincial habría cambiado de manos, de febrero a la fecha, después de que el Fondo Fidelity vendiera sus posiciones retirándose del mercado. Esta “reconsideración” de la oferta envalentona a todos los buitres para seguir apretando. Máxime cuando es el propio Alberto Fernández el que dejó traslucir la disposición del gobierno nacional a reducir a dos años la postergación de los pagos de deuda.

“Hoy no tenemos los fondos para hacer frente a los vencimientos” declaró el jefe de gabinete Carlos Bianco. Si Kicillof optase el lunes 11 de mayo por el pago a término de los 110 millones de dólares tampoco desaparece la amenaza del default. Sólo durante el 2020 hay vencimientos de deuda por 220 mil millones de pesos. El 9 de julio vencen otros 250 millones de dólares de la primera cuota del PBJ21 más otros 200 millones de la reapertura del mismo bono. Lejos de atenuarse, la “compleja situación fiscal de la provincia” como la definió el jefe de ministros de la provincia de Buenos Aires, es cada vez más grave. Las proyecciones indican una caída del 40% de la recaudación provincial y del 50% de la coparticipación a los municipios que amenaza los salarios municipales. Para algunos analistas financieros, en este cuadro no puede descartarse que la provincia entre en default como parte de una estrategia subordinada a la reestructuración de la deuda a nivel nacional. Pero un default no es lo mismo que la decisión soberana de romper con el FMI y de inscribir el desconocimiento de la deuda externa fraudulenta y usurera en un programa integral de salida a la crisis y a la miseria bajo control de los trabajadores. Exacerba el dislocamiento capitalista y cumple la función de reunir los fondos para que los trabajadores paguemos la crisis.

Kicillof y Alberto Fernández se valen de las burocracias sindicales para poner a los sindicatos en confinamiento forzoso y con éstos a los salarios y las paritarias a pesar de que la canasta básica alcanzó los 42.000 pesos. La cuarentena la viola el gobierno todos los días con la “reapertura progresiva”. El 60% de las empresas y fábricas autorizadas a retomar la actividad son de la provincia de Buenos Aires, que tiene el mayor número de infectados por el coronavirus. Berni y Kicillof manipulan la cuarentena contra los reclamos obreros, reprimiendo las protestas de los trabajadores. Defendemos al aislamiento social obligatorio frente a las presiones capitalistas pero no contra la clase obrera que lucha, porque con hambre, despidos y hacinamiento no hay cuarentena.

 La organización de los trabajadores es vital cuando recrudecen las presiones empresarias para desdoblar el pago de los sueldos estatales y municipales con bonos basura y salarios recortados. No hay salida para la provincia de Buenos Aires con esta carga onerosa y fraudulenta. Un programa de los trabajadores debe partir del no pago de la deuda externa para sostener una cuarentena efectiva y la centralización de todos los recursos en la lucha contra la pandemia.