La Comisión “Unidos por el Agua” de Pehuajó -que integramos- convocó a un encuentro regional con dos puntos: un informe sobre los amparos contra el aumento del 180% del agua a cargo del ex diputado de la UCR Oscar Negrelli y un informe sobre la audiencia pública del próximo 8 de octubre, impulsando el proyecto de ley del Frente de Izquierda, del diputado Guillermo Kane, en la Legislatura de la provincia. Del encuentro participaron representantes de Casares, Chivilcoy, 9 de Julio, Pehuajó, San Miguel, entre otros.

Negrelli hizo un detalladísimo informe del conflicto partiendo de la historia de Absa, integrada por el gobierno PBA y la burocracia sindical de la ex Obras Sanitarias, señalándola como una empresa de manejo mafioso de Scioli. Recordó la última audiencia pública en La Plata en octubre de 2014, en un teatro colmado de usuarios y comisiones, donde se rechazó la pretensión del defensor del Pueblo, funcionarios y de la burocracia por imponer un aumento del 200% a pesar de la contaminación de arsénico de la red pública.

El amparo llegó a la Corte Suprema que resolvió rechazar el aumento, pero no instrumentó la devolución de las sumas cobradas ilegalmente. La Corte, lejos de ser una solución, es parte del problema: ahora, los usuarios deberían hacer otro juicio para reclamar la devolución de la recaudación fraudulenta impuesta en 91 localidades. El vacío legal dejado por el fallo, obliga al usuario a continuar pagando las facturas so pena de corte de suministro.

El informe abrió una ronda de preguntas cada vez más picantes entre un público mayoritariamente relacionado con UCR, PRO y Frente Renovador e independientes. ¿Por qué Macri y Massa no denuncian este saqueo y a Absa como una asociación ilícita y delictiva? Negrelli señaló que él personalmente le acercó toda la documentación a Macri hace rato y que Massa, a través de Solá, conoce este funcionamiento en detalle (era vicegobernador en 2002 cuando fundaron la caja negra Absa). Las reflexiones del público ante el embudo administrativo y legal como vía para ponerle freno a la patota de Scioli propuso la acción directa como solución: “rodeemos la casa de los directivos de Absa que viven en San Miguel”.

El informe sobre la audiencia de presentación del proyecto del FIT “No al arsénico en el agua” tomó como referencia el fallo de la Corte sobre el Riachuelo, donde no instrumentó ninguna medida a favor de las víctimas de la contaminación. El fallo tuvo una única finalidad, expulsarlos de las márgenes de la cuenca y, ahora, señala que los vecinos que iniciaron la causa tendrán que pagar parte de las costas. El primer artículo de nuestro proyecto es garantizar a las víctimas de la enfermedad derivada del arsénico (Hacre) su atención, seguimiento de la enfermedad y que sean resarcidos económicamente por estar afectados de discapacidad laboral.

El resumen del proyecto que presentamos clarificó posiciones en cuanto a no dejar nada en manos de los mismos funcionarios que elucubran contra el pueblo. El control de las obras públicas para evitar los sobreprecios y para garantizar cada una de las medidas arrancó aplausos.