La reforma del Código Procesal Penal, aprobada esta semana en tratamiento exprés por ambas cámaras, otorga super-poderes a la policía y a los fiscales. Veamos:

• A partir de ahora, el imputado deberá declarar obligadamente ante el fiscal, que es el que tiene la misión de condenarlo, en lugar de declarar ante un juez o tribunal imparcial, como prevé la Constitución y los pactos internacionales a los que Argentina está adherida.

• La policía podrá realizar la requisa a las personas, pero también allanar los automóviles sin que haya orden judicial previa. Así reunirán las "pruebas" y podrán "armar" causas a su antojo.

• Desde ahora las imágenes captadas por las cámaras de seguridad son consideradas equivalentes a las pruebas obtenidas cuando se detiene a un delincuente "con las manos en la masa" -es decir en "flagrancia". Por esta vía se llevan los casos a un juicio sumarísimo (super-breve) sin garantías para los acusados.

Esta facultad es la versión recargada de la detención por "averiguación de antecedentes"; es decir, sin causa, que desde el PO hemos intentado eliminar ya en 2004 con un proyecto de ley (esa vez redujeron el tiempo de detención de 24 a 6 horas, pero mantuvieron el derecho de la policía de detener sin causa). El año pasado junto a seis reconocidos abogados, Pablo López y Claudio Del Plá presentamos un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia porque Urtubey ratificó esta facultad policial con la nueva Carta Orgánica de la Policía, que cínicamente fue presentada como modelo de "democratización de la institución". Ahora, además de detener sin motivo, también pueden requisar y allanar el auto sin intervención del juez.

La excusa del combate al narcotráfico

Dice el gobierno que este nuevo código es imprescindible para que la policía actúe contra los narcos, sobre todo ahora que desde el 1º de enero será la Justicia provincial la que persiga y condene a los vendedores minoristas de droga. Se está usando del peor modo la desesperación que provoca en la población el crecimiento del narcotráfico y el consumo.

La verdad es que la persecución de la venta minorista no va a terminar con el flagelo. En primer lugar, por la complicidad de la policía. En segundo lugar, porque los que venden al menudeo son muchas veces adictos, que venden para poder consumir, y en todos los casos familias extremadamente pobres, en una provincia que encabeza los índices de desocupación.

Si llenan las cárceles de estos minoristas habrá siempre "mano de obra disponible" para reemplazarlos en la distribución, porque a los grandes traficantes no les tocan un pelo.

Hasta la Iglesia tuvo que denunciar que sin complicidad del poder político, la Justicia y las fuerzas de seguridad no se explica el narcotráfico. Nadie sigue la ruta del dinero, los narcos blanquean sus millones en propiedades y cuentas bancarias con total impunidad, a ellos no les van a aplicar los super-poderes de fiscales y policías.

La verdad es que se refuerza un Estado policial con la función de aumentar su capacidad represiva e imponer un ajuste antipopular para que la crisis la paguemos los trabajadores.

Esta semana nos movilizamos frente a la Legislatura para exigir la inmediata derogación de la reforma reaccionaria al Código Procesal Penal y de la facultad policial para detener sin causa, en nombre de la averiguación de antecedentes. Reclamamos el desmantelamiento del aparato represivo y el fin de la impunidad para la tortura y el gatillo fácil en Salta.

Iremos también con un recurso colectivo, firmado por numerosas organizaciones, a reclamar la inconstitucionalidad de esta ley propia de la dictadura.